Organizaciones alertan riesgos antidemocráticos y de medio ambiente en plan de Brugada en CDMX -

Por Redacción QP

El proyecto propone la creación de “Casas de Gobierno” en cada una de las 16 alcaldías, las cuales se encargarán de acercar a la ciudadanía los servicios públicos, aunque advierten que podrían ser coptados

Ciudadanos han manifestado su rechazo al proyecto de Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México impulsado por la administración de Clara Brugada, al considerar que centraliza el poder, favorece megaproyectos inmobiliarios y pone en riesgo el suelo de conservación de la capital del país.

El Plan es el instrumento planeación para el crecimiento y orden de la capital del país. Determinará donde será posible construir y cómo se protegerán las zonas de conservación los próximos 20 años

Las autoridades aseguran que la propuesta busca transformar la ciudad en una metrópoli sostenible, igualitaria y con justicia, centrado en el derecho a la vivienda, movilidad sustentable, gestión integral del agua y un desarrollo urbano ordenado con enfoque de derechos humanos.

Pero ciudadanos reclaman que lo anterior no se refleja en el proyecto elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) y que es un instrumento para la centralización del poder con la implementación de estrategias clientelares.

“Es un proyecto de centralización del poder, con la modificación de la gobernanza y un control absoluto de las decisiones a través de asambleas vecinales a mano alzada”, acusaJosefina MacGregor Anciola, directora de la asociación civil Suma Urbana.

El proyecto propone la creación de “Casas de Gobierno” en cada una de las 16 alcaldías de la Ciudad de México y, a mediano plazo, elevarlas a rango constitucional. Estas evolucionarán para convertirse en Consejos de Gobierno Comunitario con atribuciones, normativas, jurídicas y presupuestales. Se encargarán de acercar a la ciudadanía los servicios públicos, programas sociales y también organizarán consultas, asambleas vecinales y comunitarias, donde se tomarán decisiones que serán vinculantes, apunta MacGregor Anciola.

Esta nueva figura, agrega, “suplanta las funciones de las Comisiones de Participación Ciudadana, cuyos integrantes, llamados Copacos, son electos mediante el voto de la ciudadanía con la participación del Instituto Electoral de la Ciudad de México”.

Jaziel Ibarra, activista urbano de la alcaldía Cuauhtémoc, considera que la figura de Consejos de Gobierno Comunitario, la toma de decisiones se llevará a cabo a través de asambleas con “asistentes coptados y coercionados en su voto” y habrá “decisiones dirigidas y no una voluntad genuina”.

Para el activista, las Casas de Gobierno, además de restar atribuciones a las alcaldias “son una estructura paralela a éstas”.

“Aquellas alcaldías donde Morena no tiene el control político y ciudadano las van a utilizar para tenerlo y lo reforzarán donde ya tienen. Estamos entonces frente a la creación de unórgano de control en la toma de decisiones comunitarias trascendentales, como los usos de suelo y ordenamiento territorial, a través de asambleas que no son más que una simulación de poder ciudadano”, indica.

María Teresa Ruíz, integrante de las organizaciones civiles Suma Urbana y La Voz de Polanco, califica la propuesta como regresiva “porque de un mecanismo de elección se pasan a un sistema de designación de funcionarios por el gobierno central, encaminado a obtener el poder (…) para definir a su antojo las políticas públicas de la Ciudad de México en todas las materias, practicamente sin obstáculos”.

El Proyecto del Plan General de Desarrollo “legaliza lo ilegal”

Este modelo de Ciudad propuesto por el gobierno local abre la posibilidad delegalizar lo ilegal, coinciden activistas entrevistados por Latinus.

Por ejemplo en San Angel, cuenta Josefina MacGregor, “hay un hospital terminado y un centro comercial que se construyeron sin un solo permiso, sin licencia, sin estudios de impacto ambiental, violando un sin número de normas. De aprobarse como está el PGD podrían empezar a operar dentro de la legalidad, aún cuando fueron construidos de manera ilegal”.

Considera que están creando unaherramienta que “fomenta la corrupción” y que podría consolidar al llamado cártel inmobiliario.

Jaziel Ibarra, destaca que el PGD, en lugar de contribuir a frenar la gentrificación lo que hace es fomentar, sin controles, el crecimiento de las plataformas de turismo de corta estancia como Airbnb, ya que operan como “hoteles pirata”, con uso de suelo comercial en un suelo de uso habitacional.

“El proyecto PGD viene a legalizar un proceso de turistificación ilegal de los territorios en la CDMX”, advierte Ibarra.

Desorden y caos en la capital del país

De implementarse sin modificaciones el proyecto de PGD, señalan sus criticos, permitirá la urbanización y rezonificación de áreas de conservación y de recarga acuífera, poniendo en riesgo la sustentabilidad hídrica a largo plazo.

Advierten también que el PGD no considera la falta de infraestructura en la Ciudad, pero sí promueve el crecimiento urbano, lo que podría colapsar aún más las vialidades y los servicios de transporte público que ya, de por sí, son insuficientes.

Jaziel Ibarra enfatiza que el PGD, “como está, traería más contaminación, más ruido, y caos al facilitar los cambios de uso de suelo y la redensificación urbana beneficiando intereses inmobiliarios lo que deriva en la gentrificación y el desplazamiento de los habitantes originales”.

El proyecto de Plan General de Desarrollo estará en proceso de consulta pública hasta este 10 de abril. Una vez concluido, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva sistematizará la información para presentar el documento final ante el Congreso de la Ciudad de México, donde será revisado y eventualmente sometido a votación ante el pleno, dominado por Morena.