El Secretario General de Gobierno de Jalisco explicó que el contenedor fue dejado en el lugar a la espera de la construcción de un “campo experimental forense” en el municipio de Tonalá, donde el Gobierno estatal pretende tener nichos para inhumar y cremar hasta 700 cadáveres no identificados.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) abrió un acta de investigación por los hechos y recordó que el 21 de marzo pasado emitió una recomendación en la que pide al Gobierno estatal tener un cementerio forense para los cadáveres que son resguardados por la autoridad ministerial.

“La CEDHJ pidió al IJCF que, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, establezcan un cementerio forense para realizar, conforme a los protocolos correspondientes, las inhumaciones” de aquellos cuerpos que aún no han sido identificados por sus familiares, señaló el organismo en un comunicado.

Advirtió que la autoridad debe asegurarse de que, antes de la inhumación, deben estar “debidamente tomados y capturados los registros de datos completos y correctos, incluyendo los perfiles genéticos de ADN”.

Con Información de EFE