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Por José Alberto Prado Ángeles
Director General y Editor
Para contrarrestar la imagen ante la ola de violencia que vive Sinaloa, ¿cuál es la mejor fórmula para amortiguar su impacto entre los sinaloenses y el país? Por supuesto, hablar de los Programas del Bienestar. Y fue precisamente el motivo de la visita -ayer al mediodía- de la presidente Claudia Sheinbaum en Mazatlán, donde en la Unidad Deportiva Benito Juárez se “concentró” una multitud -acarreados en autobuses desde muy temprano- según los reportes del periódico Noroeste. Antes, la mandataria había sostenido una reunión privada con su gabinete de seguridad para analizar la situación -sobre todo en Culiacán-, donde ya son más de 600 los muertos y casi 800 desaparecidos desde la detención, secuestro o entrega de “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López -hijo del “Chapo”- por parte del gobierno de Estados Unidos.
Y precisamente desde la representación diplomática estadounidense en México, a través de su embajador Ken Salazar, nuestros vecinos han empezado a “filtrar” datos -sobre el trabajo en conjunto en seguridad- que el gobierno mexicano no ha reconocido públicamente por cuestiones de “soberanía”. La semana pasada Salazar señala que el problema de Sinaloa “ya ha existido, no por un sexenio, sino por muchos sexenios”, comentario que “suaviza” o “tiende un puente” con el gobierno de Sheinbaum después del “portazo” que le dieron en Palacio -enviándolo a tratar todos los asuntos a través del Cancillería-, pero sí dejó claro que por parte de Estados Unidos ha habido colaboración en cuestiones de seguridad, “colaborando en el incautamiento de 19 mil armas de fuego y capacitación de más de tres mil policías”. Y el embajador señala con especial énfasis, que “eso es algo que enseña que si hemos trabajado el tema de seguridad conjunta”.
Además -desde Washington-, un reporte del Servicio de Investigación Legislativo el Capitolio (CRS) indica que desde el 2012 -con Pena Nieto- y hasta la administración anterior con AMLO, Estados Unidos entregó 176 millones de dólares en equipo y entrenamiento para controlar y contener la migración en nuestro territorio. Agrega el informe que “desde 2014, con el apoyo financiero y técnico de Estados Unidos, México ha establecido bases navales en sus ríos, cordones de seguridad al norte de sus fronteras con Guatemala y Belice, y vigilancia con drones en las regiones fronterizas”.
Es obvio que el problema de la violencia ya ha rebasado la capacidad del gobierno -no por incapacidad de recursos, sino por intereses causados por la corrupción- por lo que se necesita una reconstrucción nacional de los cuerpos de seguridad, una confrontación más frontal a los grupos delincuenciales y aceptar abiertamente más ayuda que necesitamos, pero que por cuestiones “soberanas” no negamos a reconocer y recibir. ¿Usted, qué opina?
¡Feliz Navidad!
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