Señaló que un primer paso para paliar esta problemática es igualar la calidad de la atención entre los servicios públicos de salud en México: el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Sin embargo, para ello se necesitaría aumentar la inversión en salud aunque, dijo, la recaudación fiscal es insuficiente para disponer de recursos adicionales.
A mediados del año, un estudio del banco BBVA estimó, con base en la metodología del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Conecal), que debido a la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19 el país sumaría entre 12 y 16.4 millones de nuevos pobres hasta alcanzar entre el 58 % y el 61.9 % de la población.
PRECARIEDAD LABORAL
El estudio alertó de la gravedad de la desaparición de los fondos de gastos catastróficos que dejarían desprotegidos a enfermos con enfermedades crónicas que no tienen ningún tipo de seguridad social.
Mientras que la precariedad laboral es otro de los aspectos, a decir de la organización, que se ha agudizado en el actual gobierno.
“La precariedad del empleo ha sido una tendencia desde hace décadas, que se agrava ante la falta de mecanismos justos de negociación y defensa de los derechos de los trabajadores”, afirmó.
Destacó que no se tomaron medidas oportunas para proteger el empleo ni para entregar una transferencia temporal a quienes se quedaron sin ingresos ni trabajo.
Hace una semana, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que la economía mexicana recobró 113 mil 850 empleos formales en septiembre, su mayor recuperación laboral tras haber perdido más de 1.1 millón por la crisis del coronavirus.
Expresó que los programas sociales no son suficientes pues solo atienden a estudiantes, personas con discapacidad y mayores que “no sufrieron impacto ante la crisis”.
Al respecto, dijo que estos programas se han usado con fines electorales y esto “no parece ser combatido por el actual gobierno, sino reforzado al levantar un censo opaco de beneficiarios”.
La organización propuso cinco pilares del nuevo modelo de desarrollo: derecho a trabajo digno con remuneración suficiente, educación de calidad e incluyente, cobertura universal en salud, sistema de cuidados para niñas, adultos mayores y personas enfermas e ingreso básico para personas sin trabajo o por debajo de la línea de bienestar.
Propuso también 10 medidas urgentes y de corto plazo para enfrentar la pobreza que se hereda y que afecta a las comunidades indígenas y rurales del sureste del país.
Entre esas medidas están un programa de desarrollo infantil temprano, mejora en la calidad educativa, becas para estudiantes, programa de primer empleo para jóvenes, incremento gradual al salario mínimo.
Además de un fomento al cooperativismo y la economía social, promoción de proyectos de economía sustentable y energías renovables, ampliación de servicios de cuidado, cobertura universal de salud y transferencias de ingreso básico garantizado.
En México, la pandemia de la COVID-19 ha dejado al momento más de 86 mil muertes y más de 851 mil casos, además de una contracción histórica anual de 18.7 % del PIB en el segundo trimestre del año.
Con Información de EFE
