Desde el Curul///EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: UN TRÁNSITO A LO COMUNITARIO Y EQUITATIVO.

EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: UN TRÁNSITO A LO COMUNITARIO Y EQUITATIVO.

Por Redacción QP

Diputado Martín Padilla Sánchez

Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana,

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.

La Ciudad de México, una de las ciudades con más vida política, social, cultural y económica, está en un proceso de transformación, derivado de su Constitución Política, pero también de un proceso largo de luchas de diversos sectores, gremios y generaciones enteras.

Como una de las piezas dentro de esta transformación de la Ciudad está la nueva Ley de Participación Ciudadana, que fue aprobada y publicada el 12 de agosto de este año, con una votación en lo general con 37 votos a favor, 2 en contra y 15 abstenciones; y en lo particular con 45 a favor, cero en contra y 4 abstenciones. Esta ley establece tres sistemas de participación ciudadana: mecanismos de democracia directa, instrumentos de democracia participativa, y control, gestión y evaluación de la función pública; además de un Título de Construcción de ciudadanía.

Los instrumentos de democracia participativa son los más usados y conocidos por las personas en las unidades territoriales de la Ciudad, entendidas como colonias, pueblos y barrios originarios y unidades habitacionales, dentro de los más significativos está el presupuesto participativo, que se normó, en el entonces Distrito Federal, en el año 2010. Desde su implementación y hasta la fecha ha habido errores y aciertos tanto en el diseño como en la implementación. Resultado de esa experiencia a lo largo de nueve años es momento justo para rediseñar y darle una nueva visión al presupuesto participativo.

En la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México se entiende al presupuesto participativo como un instrumento mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes optimicen su entorno proponiendo proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora para sus unidades territoriales.

Es muy importante reconocer la dimensión del presupuesto participativo como  un derecho de la ciudadanía, lo cual hace a los principios de inclusión, equidad y corresponsabilidad como ejes fundamentales de la política del presupuesto participativo.

En la nueva Ley de Participación Ciudadana este instrumento de democracia participativa tuvo una transformación significativa en la manera de entenderlo e implementarlo. La base de este cambio es des neoliberalizarlo para entonces hacerlo  comunitario.

Las características de una política neoliberalizada es que privilegia lo técnico, se decide fundamentalmente por lo monetario, tiene una visión solo de micro planeación, es consultivo mas no deliberativo, funciona generalmente bajo el juego de mercado, su implementación es rígida y llega a favorecer el corporativismo.

Dejamos esas características atrás y ahora el presupuesto participativo se entiende, decide e implementa desde lo comunitario. La participación ciudadana está en todas las fases del proceso, se decide fundamentalmente a través de la deliberación en la esfera pública micro local, es redistributivo, se descentralizan las decisiones, rompe con el corporativismo y su implementación es flexible.

Desde el momento de la emisión de la convocatoria para la consulta de presupuesto participativo, se deberá convocar a las asambleas ciudadanas en cada unidad territorial, con el objetivo de sostener una discusión de la cual emane un diagnóstico comunitario de necesidades y problemáticas, a manera de guía para el registro de los proyectos de presupuesto participativo. Otro momento deliberativo es la asamblea ciudadana posterior a la consulta, donde se conoce el proyecto que se implementará.

En la Ley anterior la distribución del presupuesto era una división simple entre el total del presupuesto y el total de las unidades territoriales de las entonces Delegaciones. Esta distribución no contemplaba las características particulares de las colonias, pueblos o barrios, por lo tanto, se otorgaban presupuesto a colonias de menores poblaciones igual a donde existía una alta densidad poblacional. En el proceso de discusión para esta Ley, muchas de las voces ciudadanas se expresaron por la distribución equitativa del recurso, es decir, diferenciar el monto otorgado a partir de las necesidades y características de cada unidad territorial.

En la nueva Ley de Participación Ciudadana, además de incrementarse de un 3 a un 4% el presupuesto participativo por cada Alcaldía, se tomó la medida redistributiva para atender algunas de las características de las colonias, pueblos y barrios. Según el artículo 118 de la Ley el 50% del monto se distribuirá de manera proporcional entre todas las unidades territoriales, y el resto 50% se hará con base en el índice de pobreza, incidencia delictiva, condición de pueblo o barrio originario, ruralidad, y cantidad poblacional.

Con esta característica redistributiva se podrán abordar problemáticas de las unidades territoriales que más lo necesiten, y de esa manera transitar a la igualdad y la justicia. El presupuesto público, para las diputadas y diputados de izquierda, debe ser prioritariamente para las zonas que atraviesen por una situación de desventaja y con ello dirimirla.

Por último e igualmente importante, radica en la descentralización de la implementación de los proyectos. Esta vez será la ciudadanía quien lo implemente y lo vigile, a través de los Comités de Implementación y Vigilancia. Las personas que habitan en las colonias, unidades habitacionales, pueblos y barrios originarios, son quienes realmente conocen las necesidades y la realidad de su entorno, con ello tienen la capacidad para tomar decisiones de cómo llevar a cabo una decisión ciudadana propuesta en asamblea y tomada en las urnas.

Hay algunas voces que temen que esto “dispare” la corrupción o que el recurso nunca vuelva a ser visto, sin embargo, existen los mecanismos de control por la autoridad administrativa y judicial; sin embargo, es una decisión de buena fe, confiando en la honestidad de quienes habitan esta Ciudad, apelamos a la no criminalización de la ciudadanía.

Esta nueva Ley contiene mecanismos e instrumentos de avanzada, que han sido adecuados entorno a lo que se ha vivido en nuestra ciudad por años. La participación ciudadana, como lo dice la Constitución Política de la Ciudad de México, es un medio por el cual el pueblo ejerce su soberanía, así lo entendimos y así lo respetaremos.

Dejamos atrás un modelo que ya se agotó, que no sirve más al nuevo contexto social. Reconocemos que todo cambio es sujeto de críticas y señalamientos producto de las resistencias, pero no vamos a detener la transformación de nuestra Ciudad, vamos a avanzar y a cumplir la encomienda del pueblo.