Proceso electoral 2018, el más violento de la historia de México: ONC

El presidente del ONC, Francisco Rivas, detalló que de 774 agresiones a candidatos registradas en el pasado proceso electoral, 23.5% fueron contra mujeres y que 152 fueron asesinatos, de los cuales 19 eran personas del sexo femenino quienes murieron a manos de comandos armados. Además, 51% de las agresiones se concentraron en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Veracruz y el Golfo de México.

En el estudio se analizaron, desde 1997 hasta 2017, las cifras de incidencia delictiva, la violencia electoral de género, la actividad judicial en materia de delitos electorales y las capacidades y respuestas institucionales ante estas conductas. También se precisó que la impunidad, la falta de transparencia, la violencia de género y la desconfianza institucional son factores que aportan a la alta incidencia de delitos electorales.

Aunado al tema, Francisco Rivas explicó que en la legislación mexicana no está tipificado el delito de violencia electoral por razones de género y que esto “cae en un vacío legal que se está generando desde la reforma de 2014 que introdujo el principio de paridad de género en los partidos. Esto acaba debilitando la respuesta institucional y constriñe el actuar de la Fepade y otras fiscalías en la procuración de justicia”.

“Estamos lejos de alcanzar un sistema democrático electoral pleno e íntegro, prueba de ello son los delitos electorales que quedan impunes y los asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular, así como otro tipo de agresiones en su contra como los secuestros”, agregó.

Mientras que el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República (PGR), Héctor Díaz Santana, reconoció que sí existe un rezago en la atención, puesto que en esta unidad son 350 funcionarios los que atienden ocho mil casos.

“En México se habla sobre una baja judicialización y la cifra de sentencias condenatorias por cada una de las denuncias y carpetas de investigación que se presentan, de acuerdo con Guillermo Zepeda, es menor al 2%, pero en el ámbito de la Fepade andamos en el 12% de judicialización y el 7% en sentencias condenatorias”, explicó.