El Quehacer Político a través///Jose Alberto Prado Angeles///Caso Rocha Moya al fondo a la derecha
Por José Alberto Prado Angeles
Director General y Editor
Lo preocupante, es el silencio desde Washington a la negativa -bajo el argumento de falta de pruebas- del gobierno mexicano para detener y extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios de su administración y del estado acusados de estar ligados al narcotráfico; lo extraño, es que la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no tenía “… ningún indicio” sobre los posibles ilícitos, cuando durante meses se hablaba de sospechas; lo insólito, es que Palacio Nacional señala que no hay “… prueba que acredite la urgencia” para atender la petición, y lo nuevo, es que desde Uruapan se denuncia que en Michoacán quien gobierna es “… el crimen -organizado-”.
Lo que el gobierno federal tiene en sus manos es una “bomba de tiempo”. Y conforme pasan los días, es más una cerrazón oficial que darle una salida conforme a los acuerdos binacionales entre México y Estados Unidos. Ayer, la flamante Consejera Jurídica de la presidencia, Luis María Alcalde, se estrenó reafirmando que la Fiscalía General de la República no encontró elementos legales para la cumplimentar la petición de detención, al no aportar “… ningún elemento o prueba que acredite la urgencia, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada”. Mientras que Omar García Harfuch, secretario de la SSPC, estableció que, “… nosotros no teníamos ningún indicio” sobre la supuesta “liga” del exgobernador con el crimen organizado, y agregando “… nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario del gobierno del estado”. Simplemente, le dieron carpetazo a la petición
Obvia decir que la consigna desde Palacio Nacional es “cerrar el zaguán” y “hacer oídos sordos” a lo que viene del Departamento de Justicia del país vecino, con el riesgo de que ignorarlos puede tener severas consecuencias. Lo que debe ser aún más preocupante, es el impasse desde la Casa Blanca, concretamente de Donald Trump, que en cualquier momento -con su tradicional estilo- va a saltar al “escenario” del caso para exigir la detención y extradición de los inculpados, además de hacer amenazar de hacer justicia “por propia mano”, lo que llevaría la relación bilateral a otros niveles de distanciamiento.
Y como “cereza en el pastel”, a los cuestionamientos sobre la manera en que están involucrado los narcotraficantes en nuestro país y la respuesta del gobierno federal, Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, a pregunta directa de “¿Quién gobierna en Michoacán?”, durante una entrevista con el periódico español El País, contestó: “Si vemos las acciones que suceden en el día a día con los ciudadanos, el crimen -organizado-”.
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