El Quehacer Político en las Finanzas a través de la opinión del Dr Alberto del Arco Ortiz///La Sostenibilidad como pilar de desarrollo en el Nuevo Renacimiento: Perspectiva Mexicana

Por Dr Alberto del Arco Ortiz

Doctor en Alta Dirección Consultor, conferencista y académico

En los últimos artículos hemos estado ampliando el tema del nuevo renacimiento, que como ya se mencionó es un concepto que ha ido ganando terreno paularinamente, debido a sus coincidencias con el fenómeno histórico del siglo XIV.

En esta oportunidad analizaremos otra de las vertientes clave de este concepto que es la sostenibilidad y su papel en el desarrollo de los países.

En el contexto global actual, caracterizado por desafíos ambientales, sociales y económicos interconectados, la sostenibilidad se ha consolidado como un pilar esencial para el desarrollo a largo plazo. Enmarcado dentro de este concepto del “nuevo renacimiento”, que busca integrar avances tecnológicos, sociales y ecológicos, la sostenibilidad no solo es una necesidad ética sino una estrategia indispensable para el progreso económico y social en escala internacional. México, bajo el liderazgo reciente de Claudia Sheinbaum, ha alineado sus planes de desarrollo con esta visión integradora, posicionándose para aprovechar esta era de cambio hacia un futuro más resiliente y equitativo.

Los tres pilares de la sostenibilidad, que consisten en la sostenibilidad ambiental, económica y social, estructuran la forma moderna de entender el crecimiento y desarrollo sostenibles. La sostenibilidad ambiental busca proteger los recursos naturales y ecosistemas mediante la eficiencia, conservación y adopción de energías limpias; la sostenibilidad económica impulsa un crecimiento responsable y estable que genera bienestar sin agotar recursos; y la sostenibilidad social promueve la equidad, justicia y cohesión comunitaria para garantizar que el desarrollo beneficie a todos los sectores de la población.

Esta triple intersección es clave para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU hacia 2030, e incluso en su última actualización hacia 2045, como se ha visto en artículos anteriores, ha servido como directriz para orientar las estrategias nacionales e internacionales.

México, a través de sus planes de desarrollo recientes, ha adoptado una visión que transversaliza estos pilares. Bajo la administración de Claudia Sheinbaum, se ha enfatizado la urgente necesidad de cerrar brechas de desigualdad, erradicar la pobreza y avanzar en la economía verde. Las políticas públicas impulsan la transición hacia energías renovables, tecnologías limpias y prácticas agrícolas sostenibles, en conjunto con un robusto impulso hacia la movilidad sostenible y la gestión eficiente de recursos naturales. Además, la administración ha apostado por el desarrollo urbano sostenible, con proyectos que integran infraestructura verde y tecnologías para minimizar el impacto ambiental, buscando mejorar la calidad de vida en ciudades densamente pobladas como Ciudad de México 

Este enfoque se alinea con la característica del “nuevo renacimiento”, que no solo se limita a la innovación tecnológica sino que integra un cambio paradigmático en la forma en que las sociedades entienden el desarrollo humano. La sostenibilidad se vuelve entonces una estrategia transversal en las políticas públicas y en el sector privado, donde la adopción de principios de economía circular, eficiencia energética y emprendimiento social son cada vez más valorados para crear ventajas competitivas y impactar positivamente en la comunidad. En México, la coordinación entre gobierno, empresas y sociedad civil es clave para avanzar hacia un desarrollo inclusivo y sostenible, que sea un modelo replicable en la región y que responda a los retos globales con soluciones locales.

Considerando lo anterior se desprenden tres conceptos fundamentales de la sostenibilidad que conviene analizar por separado. Por un lado la economía circular es un modelo de producción y consumo que busca maximizar el aprovechamiento de los recursos mediante prácticas como compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar productos y materiales tantas veces como sea posible. A diferencia del modelo económico lineal tradicional, que sigue el patrón “usar y tirar”, la economía circular extiende el ciclo de vida de los productos, minimizando la generación de residuos y reduciendo la extracción de materias primas, con lo que se disminuye el impacto ambiental y la emisión de gases contaminantes.

Este modelo se basa en tres principios fundamentales: eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño, mantener los productos y materiales en circulación en su máximo valor y regenerar los sistemas naturales. Además, la economía circular promueve la transición hacia energías y materiales renovables, generando un sistema más resiliente y sostenible que es beneficioso para la economía, las personas y el planeta.

En la práctica, la economía circular implica adoptar hábitos responsables, como el consumo consciente, el reciclaje eficiente, la reparación y refabricación de objetos, con el fin de transformar el sistema vigente hacia uno que favorezca la sustentabilidad y reduzca la huella ambiental.

Por otro lado, la eficiencia energética es la optimización del uso de la energía para obtener el máximo rendimiento o beneficio con el menor consumo posible. En otras palabras, busca realizar actividades, operar dispositivos o sistemas de forma inteligente para reducir el desperdicio energético y minimizar el impacto ambiental asociado. Esto implica utilizar menos energía para lograr el mismo nivel de confort, servicio o producción, lo que a su vez conlleva ahorros económicos y una reducción en la emisión de gases contaminantes.

Este concepto es fundamental para gestionar de forma responsable los recursos energéticos y se traduce en tecnologías, prácticas y políticas que permiten un uso más racional y sostenible de la energía, desde el diseño y producción hasta el consumo final. Además, la eficiencia energética contribuye a disminuir la huella de carbono, respaldando la lucha contra el cambio climático, y promueve el consumo responsable y la mejora de la calidad ambiental y del bienestar social.

Finalmente el tercer concepto es el de emprendimiento social, que consiste en un modelo de negocio que combina la generación de valor económico con la resolución de problemas sociales, ambientales o culturales. A diferencia del emprendimiento tradicional, cuyo objetivo principal es la maximización de ganancias, el emprendimiento social tiene como eje central un propósito social claro que busca mejorar la calidad de vida de las personas y fortalecer comunidades mediante soluciones innovadoras y sostenibles.

En México, este tipo de emprendimiento ha crecido notablemente, impulsado por reformas legales y el acceso a capital de impacto. Se caracteriza por que sus proyectos generan impacto medible, promueven la participación comunitaria, la innovación y la escalabilidad para replicar sus beneficios en otros contextos. Entre los tipos de emprendimiento social destacan aquellos que buscan acción local, concienciación social, y emprendimientos especializados en temas concretos como educación, energía renovable o inclusión social.

Como se pude apreciar, la sostenibilidad como pilar del desarrollo en México, dentro del marco internacional del nuevo renacimiento, representa una oportunidad estratégica y necesaria para construir un futuro equilibrado. Los planes de Claudia Sheinbaum reflejan la integración de la sostenibilidad en todos los ámbitos del desarrollo nacional, con un fuerte compromiso social y ambiental que busca no solo reaccionar a las crisis, sino también anticiparse a ellas, generando bienestar y competitividad para México en el escenario global.

Este enfoque renovado sitúa a la sostenibilidad en el centro de la agenda pública y privada, marcando un camino para una transformación profunda y duradera, por lo que resulta muy importante desarrollar metricas precisas para evaluar la sostenibilidad en proyectos mexicanos, para ello, es fundamental medir indicadores que abarquen las dimensiones económica, social, ambiental e institucional, siguiendo marcos reconocidos como el esquema de Presión-Estado-Respuesta (PER) y criterios desarrollados para el contexto nacional mexicano. Algunos indicadores clave para la sostenibilidad en proyectos incluyen:

• Sostenibilidad económica: retorno económico y social del proyecto, generación de empleo y productividad local, sostenibilidad financiera, claridad en flujos de caja y análisis de riesgos financieros.

• Sostenibilidad social: impacto cultural y territorial, participación comunitaria, equidad y beneficios sociales para las comunidades involucradas.

• Sostenibilidad ambiental: evaluación y gestión del impacto sobre biodiversidad, manejo eficiente de recursos naturales como agua y suelo, uso de energías alternativas y conservación ambiental.

• Indicadores institucionales: capacidad de gestión, políticas de sostenibilidad implementadas, cumplimiento normativo y mecanismos de monitoreo y evaluación.

México ha desarrollado un sistema robusto de indicadores (más de 100) para sus políticas de desarrollo sustentable, que permiten monitorear las presiones ambientales, el estado de los recursos y las respuestas de las políticas públicas. Estos indicadores son diseñados para ser comprensibles, relevantes para la toma de decisiones y factibles de elaborar con la información disponible a nivel nacional y local.

Estos indicadores están diseñados para medir de manera integral aspectos ambientales, sociales y económicos con el fin de orientar y evaluar el cumplimiento de los objetivos nacionales en esta materia. México utiliza un marco estructurado que incluye indicadores clasificados generalmente dentro del mencionado esquema Presión-Estado-Respuesta (PER) que consiste en lo siguiente:

El esquema “Presión – Estado – Respuesta” (PER) es un modelo conceptual utilizado para evaluar la relación causal entre las actividades humanas y el medio ambiente. Esta metodología sirve para analizar cómo las acciones o actividades económicas y sociales (presiones) afectan la calidad y cantidad de los recursos naturales y el entorno (estado), y cómo la sociedad responde mediante políticas, regulaciones y acciones para mitigar esos efectos o restaurar el equilibrio (respuesta).

• Presión: Se refiere a las actividades humanas que generan impactos ambientales, como emisiones contaminantes, deforestación, urbanización o extracción de recursos, que ejercen presión sobre los ecosistemas.

• Estado: Evalúa la condición actual del medio ambiente y los recursos, incluyendo indicadores como la calidad del aire, del agua, biodiversidad y salud de los ecosistemas.

• Respuesta: Son las medidas, políticas, acciones y programas implementados para enfrentar las presiones y mejorar o mantener el estado del medio ambiente, como regulaciones, inversiones en tecnología limpia, áreas protegidas y educación ambiental.

Este esquema facilita la identificación de las causas principales de problemas ambientales, monitoriza los cambios en el estado del entorno y evalúa la efectividad de las respuestas gubernamentales o sociales para alcanzar la sostenibilidad. Es ampliamente utilizado por organismos internacionales y gobiernos, incluyendo México, para diseñar, monitorear y ajustar políticas públicas ambientales.

El sistema de indicadores diseñado en nuestro país contempla temas diversos como cambio climático, manejo de residuos sólidos, acceso a servicios básicos, equidad social, y desarrollo económico sostenible. Estos indicadores permiten a las autoridades y a la sociedad civil monitorear avances, identificar desafíos y diseñar estrategias más efectivas para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y lograr un desarrollo equilibrado.

Esta metodología facilita la transparencia y la toma de decisiones basada en evidencia, fundamental para la gestión pública y la participación ciudadana en materia ambiental y de desarrollo sustentable en México. En la práctica, para un proyecto específico, se recomienda definir indicadores basados en estos criterios y realizar una línea base de información para medir el progreso y los impactos durante y después de la ejecución del proyecto, asegurando la adopción de buenas prácticas para la conservación y el desarrollo sostenible.

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