Reforma para combatir lavado de dinero avanza en el Senado
Por Redacción QP
Se aprobó el dictamen que reforma la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal
Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen que reforma la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, a fin de fortalecer las capacidades del Estado en el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
La iniciativa incorpora reglas específicas y sistemas automatizados para el monitoreo de Personas Políticamente Expuestas (PEP)como secretarios de Estado, jueces, legisladores y demás servidores públicos de los tres niveles de gobierno y los tres Poderes de la Unión.
El documento destaca que el propósito fundamental es garantizar la estabilidad del sistema financiero, cumplir con estándares internacionales y proteger la integridad de la economía nacional.
La Secretaría de Hacienda (SHCP) será responsable de elaborar y mantener actualizado un listado nominativo de las personas servidoras públicas clasificadas como PEP y las dependencias federales, locales y municipales, así como órganos autónomos, empresas públicas y fiscalías deberán remitir sus listados a la SHCP.
Además, se impone la obligación de monitorear intensivamente a las PEP en actividades financieras consideradas de riesgo y de contar con manuales internos para detectar operaciones sospechosas en las llamadas “actividades vulnerables”, que incluyen casinos, joyerías, bienes raíces, venta de autos, obras de arte, préstamos y donativos, entre otras.
Los senadores de oposición alertaron sobre riesgos de vigilancia excesiva, uso faccioso y violación de derechos con nuevas atribuciones a la Secretaría de Hacienda y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Manuel Añorve, coordinador del PRI, denunció que la reforma da herramientas al gobierno para “congelar cuentas por simple sospecha” y advirtió un uso faccioso para perseguir a opositores, sindicatos, iglesias, partidos políticos y organizaciones civiles sin necesidad de juicio previo.
“Esta reforma tiene una orientación política de control prácticamente absoluto. (…) Y entonces esto se convierte como en Venezuela, para poner un ejemplo, en una vigilancia política, en una justicia financiera a modo del gobierno, o sea, es una persecución disfrazada”, alertó.
Guadalupe Murguía, senadora del PAN, alertó sobre el riesgo de ambigüedad en la definición de PEP y cuestionó que sea la Secretaría de Hacienda la encargada de interpretar e implementar las disposiciones, lo que consideró “jurídicamente inconveniente”.
Añadió que empresarios han manifestado preocupación por la carga administrativa impuesta a quienes realicen actividades comerciales que excedan ciertos umbrales de operación.
“Queremos alertar, advertir, de posibles excesos que pudieran cometerse en relación con los derechos personales, la vida privada, la propiedad, el secreto bancario y el principio de presunción de inocencia”, indicó.
La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, expresó preocupación por el acceso sin restricciones a datos personales y financieros de los mexicanos.
“Esto nos parece sumamente grave, porque se trata de darle acceso absoluto a la Secretaría (de Hacienda) sin limitación alguna, sin intervención judicial previa, ni mucho menos”.
Sin embargo, Javier Corral, de Morena, presidente de la Comisión de Justicia, aclaró que esta reforma únicamente tiene el carácter preventivo-administrativo, por lo que desmintió que incluya el congelamiento de cuentas u otras medidas de índole judicial.
Con información de SUN
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