El Quehacer Político a través del punto de vista///Dra Blanca Estela Castañedo Gallardo///LA NUEVA REFORMA JUDICIAL EN MÉXICO

Por Dra Blanca Estela Castañedo Gallardo

Analista

La nueva reforma judicial en México ha generado un amplio debate tanto entre los expertos legales como en la opinión pública. Si bien la reforma se propone modernizar y fortalecer el sistema de justicia, han surgido numerosos problemas y preocupaciones en torno a su implementación y sus posibles implicaciones. 

Uno de los principales temores asociados con la nueva reforma judicial es la posible centralización del poder en manos del Ejecutivo. Algunos críticos argumentan que ciertas disposiciones de la reforma podrían permitir una mayor influencia política sobre el Poder Judicial, socavando su independencia. Específicamente, la preocupación radica en los mecanismos de nombramiento y remoción de jueces y magistrados, que podrían ser utilizados para ejercer presión política y coartar la autonomía judicial.

La implementación efectiva de la reforma requiere una inversión significativa en recursos y capacitación. Sin embargo, existe una preocupación creciente de que los tribunales no cuenten con los recursos financieros y humanos necesarios para adaptarse a los cambios propuestos. La falta de inversión en infraestructura, tecnología y capacitación podría resultar en una transición caótica, con jueces y personal judicial mal preparados para manejar las nuevas exigencias del sistema.

A pesar de que la reforma busca mejorar el acceso a la justicia, algunos analistas temen que las medidas propuestas puedan exacerbar las desigualdades existentes. La introducción de tecnologías avanzadas, como audiencias virtuales y la digitalización de expedientes, aunque positiva en teoría, podría dejar atrás a aquellos sectores de la población que no tienen acceso a la tecnología o carecen de habilidades digitales. Esto podría agravar la exclusión de comunidades marginadas y rurales, limitando su acceso efectivo a la justicia.

La creación de tribunales especializados, como parte de la reforma, busca mejorar la calidad de las resoluciones judiciales. No obstante, esta medida podría sobrecargar aún más un sistema judicial que ya enfrenta una acumulación significativa de casos. Sin una planificación adecuada y una distribución eficiente de los recursos, los nuevos tribunales especializados podrían enfrentar dificultades para manejar su carga de trabajo, lo que resultaría en mayores retrasos y una disminución en la eficiencia del sistema judicial en su conjunto.

La reforma también ha sido criticada por no abordar de manera suficientemente contundente el problema de la corrupción dentro del sistema judicial. A pesar de que se incluyen medidas para combatir la corrupción, algunos expertos señalan que estas disposiciones no son lo suficientemente fuertes o específicas como para generar un cambio real. Existe el riesgo de que, sin mecanismos de control y sanción más rigurosos, la corrupción persista y siga socavando la confianza en el sistema de justicia.

Otro aspecto controvertido de la reforma es la percepción de que se ha implementado sin una consulta amplia y significativa con todos los actores involucrados. Muchos abogados, jueces, académicos y organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación de que no se les haya dado una participación adecuada en el proceso de diseño de la reforma. Esto ha generado una sensación de exclusión y ha cuestionado la legitimidad del proceso, lo que podría dificultar la aceptación y el éxito de la reforma.

Algunos aspectos de la reforma han sido cuestionados en términos de su constitucionalidad y legalidad. La posibilidad de que ciertas disposiciones de la reforma sean impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha creado un ambiente de incertidumbre legal. Este tipo de desafíos legales podría retrasar la implementación de la reforma y generar conflictos entre los poderes del Estado.

La nueva reforma judicial en México, aunque bien intencionada en su búsqueda por modernizar y mejorar el sistema de justicia, enfrenta una serie de problematicas y controversias que ponen  en tela de juicio su efectividad. Sin embargo los desafíos relacionados con la centralización del poder, la falta de recursos, la desigualdad en el acceso a la justicia, la sobrecarga del sistema y la lucha contra la corrupción deben abordarse de manera integral y transparente. Solo así se podrá asegurar que la reforma judicial logre sus objetivos y fortalezca verdaderamente el sistema de justicia en México.