El Quehacer Político a través del Tintero///Edgar Cataneda///Conciliación entre fuerzas del orden y sociedad
Por Edgar Castaneda
Director Regional Parra Estados Unidos y Canadá
NO SÓLO ESO, AHORA ES COMÚN OBSERVAR EN REDES SOCIALES A LA SOCIEDAD CIVIL ATACANDO VERBAL Y FÍSICAMENTE A AGENTES POLICIALES Y CASTRENSES, DENIGRANDO AÚN MÁS A LA INSTITUCIÓN CON MENOR CONFIABILIDAD, DESPUÉS DE LOS DIPUTADOS Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
Uno de los elementos que dan razón de ser a un Esta- do es el monopolio legítimo de la violencia física, mediante insti- tuciones coercitivas, tales como las policías y las fuerzas armadas, que tienen como objeto garantizar la se- guridad, el orden y el cumplimiento de las normas que implica vivir en esa institución jurídico-política lla- mada Estado. Sin embargo, la historia de la hu- manidad nos ha enseñado que, desde diversos tiempos y lugares del mundo, el Estado, mediante di- chas instituciones, ha incurrido en abusos en contra de la sociedad ci- vil, haciendo un uso faccioso de las fuerzas policiales y armadas. En nuestro país, en efecto, esa es la historia de los siglos XIX, XX y XXI con los ejércitos insurgentes del si- glo XIX, la policía rural en tiempos del porfiriato, el ejército posrevo- lucionario , el ejército y las policías que participaron en hechos de per- secución, represión y desaparición forzada, tales como las matanzas de Tlatelolco en el 68, la del jueves de Corpus Christi (el halconazo) en el 71, la de Aguas Blancas en el 95, la de Acteal en el 97, hasta llegar a los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya en el año 2014. Desde luego estos han sido los casos más emblemáticos, sin em- bargo, las fuerzas del orden han estado involucradas en otros cien- tos de casos de abuso de autoridad, extorsión, secuestro y, ahora tam- bién, delincuencia organizada. Ante este panorama es natural que prevalezca una situación de desconfianza de la sociedad hacia las instituciones del orden público, principalmente hacia las policías de todos los niveles de gobierno. Y no es para menos, pues “todos los días” observamos actos al margen de la ley por parte de los servidores públicos. Ante este panorama de crisis en materia de seguridad pública y na- cional han surgido también instru- mentos de protección para la socie- dad (tanto en la Constitución como en los Tratados Internacionales), así como instituciones de Derechos Humanos (estatales, nacionales, in- teramericanas, etc.) que vigilan y sancionan el actuar de los agentes del Estado, cuando éstos vulneran las ga- rantías individuales y colectivas. Ahora bien, a pesar de dichos avances, en los últimos años segui- mos siendo testigos de innumera- bles casos de abusos de autoridad, extorsiones, desapariciones forza- das y ejecuciones extrajudiciales por parte de las policías, los militares y los marinos, lo que, naturalmente, como no puede ser de otro modo, nos debe indignar y obligar a exigir justicia. Sin embargo, en los últimos años también se han documentado ame- nazas, masacres, emboscadas y des- apariciones de policías, militares y marinos; tan sólo en lo que va del año, de acuerdo con la activista so- cial María Elena Morera, se han con- tabilizado por lo menos 161 agentes asesinados. Y, desafortunadamente, rara vez escuchamos que la sociedad civil levante la voz. No sólo eso, ahora es común ob- servar en redes sociales a la sociedad civil atacando verbal y físicamente a agentes policiales y castrenses, deni- grando aún más a la institución con menor confiabilidad, después de los diputados y los partidos políticos. En este sentido, el mayor reto que tenemos es reconciliar a las fuerzas coercitivas con la sociedad. No po- demos exigir una policía -en senti- do figurado- “de primera” con una sociedad “de tercera”. No podemos exigir instituciones incorruptibles, limpias y profesionales cuando la sociedad es la primera en violentar las normas de convivencia y mucho menos cuando la sociedad no da un voto de confianza. Por lo tanto, la discusión no debe girar únicamente en torno a las instituciones que queremos o de- seamos (por ejemplo, policías con formación académica, con salarios dignos, con jornadas laborales no mayores a 12 horas, con constante formación, etc.), sino en las institu- ciones que necesitamos y podemos tener, considerando el tipo de socie- dad y lo que ofrecemos a quienes se encargan de la seguridad pública y nacional. De no modificar dichas conductas corremos el riesgo de afirmar que, así como tenemos a los políticos que nos merecemos, lo mismo ocurre con nuestras policías y fuerzas ar- madas, pues ciertamente, nos guste o no, la cultura política y cívica de la sociedad mexicana no necesaria- mente es la del respeto hacía dichas instituciones.
Así el Quehacer Político desde el tintero del Lic Edgar Castaneda, inquiriendo en la política de México, cuestionando, exponiendo, revelando y razonando.Es cuanto.
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