El Quehacer Político///José Alberto Prado Angeles///Nuevo gobierno, viejas prácticas
Por José Alberto Prado Angeles
Director General y Editor
Uno de los discursos más enfáticos del actual gobierno es el referente a la “nueva” forma de hacer política, basada en el combate frontal a la corrupción, así como con el fin de prácticas políticas como el clientelismo, el compadrazgo, el influyentismo, las cuotas partidistas, los conflictos de interés y desde luego el derroche de recursos públicos.
Sin embargo, en los primeros meses del actual gobierno ese discurso empezó a caer por su propio peso, al menos en lo que respecta a las designaciones y nombramientos del titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En el caso de la designación del Fiscal, de acuerdo con el artículo 102 constitucional, es facultad del Senado de la República integrar por lo menos un listado con 10 candidatos que hayan cumplido los requisitos previstos para tal efecto y que hayan sido aprobados por las dos terceras partes de los legisladores presentes; posteriormente dicho listado se envía al titular del Poder Ejecutivo, a efecto de que elija una terna, misma que se someterá a votación por parte del Senado. El aspirante electo deberá contar con un mínimo de votación de las dos terceras partes de los senadores presentes.
El proceso de designación del titular de la FGR, en efecto, se llevó a cabo en el marco de la ley, (aunque cabe recordar que el proceso de transformación estaba pendiente desde la reforma constitucional de febrero de 2014).Elementos para hablar hasta de una suerte de simulación en dicho nombramiento.
El resultado de la elección por parte de los senadores indudablemente era predecible. Si bien no se cuestiona el perfil profesional de quien resultó designado, lo cierto es que es un fiscal cercano al presidente de la república. De hecho, Alejandro Gertz Manero fue nombrado por el actual presidente como encargado de despacho de la otrora Procuraduría General de la República, por lo que todo el proceso puede también ser visto como mero trámite o quizá mera simulación.
Ahora bien, en el caso de los nombramientos y designaciones de las dos vacantes para ocupar los lugares de los ministros José Ramón Cosío y Margarita Luna Ramos ocurrió algo similar.
Como prevé el artículo 96 constitucional, el procedimiento para nombrar a los ministros de la Suprema Corte consiste en que el presidente deberá presentar al Senado de la República una terna, misma que será valorada por los legisladores mediante comparecencias de los tres aspirantes y un dictamen de elegibilidad o en su defecto de rechazo de la terna. Finalmente, para ser electo ministro, se deberá contar con la aprobación de las dos terceras partes de los legisladores presentes de la cámara alta.
Si bien estos procesos se llevaron a cabo como lo establece la ley, lo cierto es que en el ámbito social y político generaron severos cuestionamientos, pues en las ternas propuestas por el ejecutivo hubo aspirantes abiertamente vinculados con el partido político del presidente de la república.
Quizá el nombramiento de la ministra Yasmín Esquivel Mossa causó mayor controversia, al grado de que, previamente a la votación, se planteó la no elegibilidad de ninguna de las propuestas incluidas en la terna presentada por el ejecutivo, pues se presumía la existencia de conflicto de interés entre los aspirantes y el titular del poder ejecutivo.
Como ya apuntamos, si bien los nombramientos han sido legales, nadie puede negar que los recientes procesos de designación del fiscal y de los ministros de la Suprema Corte son similares a la forma de hacer política de los gobiernos priistas y panistas, en los cuales ya sea el Ejecutivo o el Legislativo proponen y eligen a miembros de otros poderes u organismos constitucionales autónomos con algún vínculo personal o partidista con el titular del Poder Ejecutivo.
Así el Quehacer Político Desde 1980, inquiriendo en la política de México, cuestionando, exponiendo, revelando y razonando.Es cuanto.
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