¿La compra de centrales de Iberdrola por AMLO significa la nacionalización de la industria eléctrica? No, de acuerdo a la opinión del IMCO
Por Redacción QP
Esta venta es benéfica para Iberdrola pues le permite liberar capital invertido en proyectos fósiles de mayor antigüedad a nuevos proyectos de energías limpias.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), le enmendó la plana al presidente, Andrés Manuel López Obrador, y aclaró que la compra de 13 plantas eléctricas a Iberdrola no se trata de una nacionalización como presumió el mandatario al anunciar esta operación e incluso explicó que el contar con financiamiento del sector público no cambia que legalmente la propiedad de las centrales se mantendrá privada.
“Pese a contar con financiamiento público, legalmente la propiedad de las centrales y la gestión del fideicomiso será privada, ajena al Gobierno Federal y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, explico el IMCO
Es decir, –agregó–la CFE no está incrementando su participación de mercado en la generación eléctrica.
“Esta venta no representa una nacionalización de la industria, ni cambia la operación del Mercado Eléctrico Mayorista, únicamente cambia la propiedad de una canasta de centrales entre privados”, detalló
De hecho reprocha que aún no se haya hecho público a cuánto asciende la participación de las entidades públicas,pues hasta el momento se desconoce la composición del capital del fideicomiso que gestionará estas centrales.
Participación del Fonadin en la compra-venta
El martes 4 de abril, el presidente López Obrador y la empresa de energía Iberdrola anunciaron la compra-venta de 13 centrales de generación eléctrica en México por un total de 6 mil millones de dólares a un fideicomiso privado con participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y otras instituciones públicas mexicanas, gestionado por Mexico Infrastructure Partners (MIP), una administradora de fondos mexicana enfocada en inversiones en infraestructura y energía.
López Obrador incluso presumió que se trataba de una nacionalización. “Esta operación le da mayoría en la generación de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Esto significa el rescate de la CFE y es una nueva nacionalización de la industria eléctrica”, recalcó
Sin embargo, el IMCO explica que no se trata de ninguna nacionalización y al contrario, la venta de estas centrales eléctricas es benéfica para Iberdrola pues esta transacción se da en un contexto donde la empresa española busca reducir gradualmente la huella de carbono en su matriz de generación eléctrica y centrar sus inversiones en tecnologías de bajas en emisiones.
Es decir, esta venta le permite liberar capital invertido en proyectos fósiles de mayor antigüedad a nuevos proyectos de energías limpias.
El IMCO detalla que con esta adquisición de plantas eléctricas, el gobierno Federal argumenta que el porcentaje de generación eléctrica bajo control de la CFE se incrementará de 39.6% a 55.5%.
No obstante, aclara que la mayor parte de esta generación ya está bajo control de CFE, dado que los PIEs ya forman parte de la matriz de generación de la empresa a través de la subsidiaria CFE Generación V, encargada de administrar los contratos con estas centrales, de representarlas en el mercado y de reportar su estado de resultados ante la Cuenta Pública.
En otras palabras, estas centrales operan legalmente en los términos impuestos por la empresa y forman parte jurídica, contable y económicamente de la CFE.
Del total de activos en la transacción, 12 centrales son de ciclo combinado (gas natural y vapor) -8,436 MW- y una es eólica -103 MW-. Asimismo, 10 operan bajo la figura de Productores Independientes de Energía (PIEs) -centrales privadas que venden toda su producción a la CFE en contratos de hasta 30 años instaladas previo a la apertura del sector energético en 2013/14- y tres lo hacen de forma privada (es decir, participan directamente en el Mercado Eléctrico Mayorista).
Riesgos para la CFE
El análisis del IMCO advierte que el anuncio de que CFE operará estas centrales no cambia el estatus de privado que aún tienen estas centrales eléctricas pero abre la puerta a que la empresa estatal expanda las condiciones de su contrato colectivo de trabajo a los trabajadores de las nuevas centrales, y pone en riesgo su rentabilidad en el mediano y largo plazo, dadas las condiciones establecidas desde la renegociación de 2020 que redujo en 10 años la edad de retiro.
Abunda que hasta el momento se desconoce el monto de los recursos con los que participará Fonadin y el resto de las entidades públicas, sin embargo, aunque estos no impacten la deuda pública ni la de la CFE, el costo saldrá de recursos públicos.
Recalca que a pesar de que en este momento no se ha desglosado a cuánto asciende el financiamiento público, es necesario cuestionar la conveniencia de asignar recursos, por definición escasos, en adquirir centrales eléctricas mayoritariamente ancladas en combustibles fósiles a costa de inversiones que aceleren la transición energética en el país.
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