Olvidar la jerarquía de la ley tiene un precio demasiado alto.
Por Mouris Salloum George

Director General del Club de Periodistas de México AC

Es preocupante en extremo el que algunos empoderados quieran soslayar el valor del Derecho en la historia y en la transformación de México. Somos un país envidiado en otras latitudes por los niveles de perfeccionamiento que se han alcanzado en la interpretación, la aplicación y los contenidos de las leyes en pro del desarrollo.

El tiempo que vivimos ha presenciado el resurgimiento de cierto pesimismo filosófico sobre la validez y la magnitud de la fuerza del Derecho, de la capacidad de la norma jurídica para transformar el orden social, de la eficiencia de la ley para imponer contenido popular a las decisiones, de su preeminencia para delimitar los márgenes de la acción pública.

Esa misma corriente de pensamiento no se explica por qué, por ejemplo, una medida desconcentradora de funciones administrativas, un plan nacional para el reordenamiento económico, la ejecución de un programa hidráulico, las características de los servicios educativos, tengan que pasar por el refrendo legislativo.

En el otro extremo se encuentran quienes por artificiosas amnesia han pretendido olvidar el papel revolucionario que la norma ha desempeñado para el desarrollo de México. El proceso mental para pensarlo ha sido sencillo: tratan de desconocer que se debe vivir en un estado de Derecho.

Ambas tendencias en boga, se resisten a recordar que la norma jurídica ha sido agente decisivo de la transformación nacional. En México no debe ignorarse que el derecho mexicano hizo posible reformar el sistema de tenencia y explotación de la tierra, de procurar el acceso de los campesinos al riego.

No se debe olvidar que nuestro sistema jurídico de control sobre los recursos naturales hizo posible. La expropiación del petróleo y del azufre. Que reguló la emisión única de moneda, que estructuró un amplio sistema de crédito rural, ejidal y agrícola.

Que la ley fortaleció la seguridad pública y social, estableció los cimientos de la educación popular, nacionalizó los ferrocarriles, la electricidad, el servicio público de banca y crédito, creó legislaciones obreras, agrarias, sanitarias, de vivienda popular, más un largo etcétera.

Es definitivo entender que sólo a través de la existencia de una norma jurídica se pudieron haber tomado y ejecutado ese cúmulo de decisiones que si no son la panacea para la solución de todos nuestros problemas, al menos ponen a nuestro alcance un vasto arsenal de instrumentos institucionales para avanzar como sociedad organizada.

El histórico apotegma de que con la ley todo, sin ella nada, sigue siendo tan esencial que hasta pena. Da repetirlo. Lo que. Pasa que hay momentos en la vida de un país, que alguien tiene que recordar siempre de dónde venimos y hasta dónde podemos llegar. Parece de Perogrullo pero no lo es.

Las instituciones administrativas, legales, referenciales del poder de ejecución de un sistema completo deben ser siempre respetadas, observadas con lujo de escrúpulos. De no hacerlo, cada día estaremos más cerca del caos y de la sinrazón.

Si lo observamos como sociedad, cerraremos el paso a la presencia de los poderes extralegales, a las prácticas abusivas de corrupción desatada, al nepotismo y a la tortura, o a cualquier tentación de sentar en el poder formal generaciones dinásticas. Es algo que siempre está en juego cuando se debaten estos temas. Vale!