Proyecto de Medina Mora busca favorecer un campo de golf en Tepoztlán, acusa comunidad indígena
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16 October, 2018La comunidad indígena de Tepoztlán, Morelos, denunció que un proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -hecho por el Ministro Eduardo Medina Mora- pretende favorecer a la empresa Pirámide y Convento, la cual planea la construcción de un club de golf en su territorio.
Desde 1929, la comunidad náhuatl en Tepoztlán posee un título de propiedad comunal, que incluye las 280 hectáreas deseadas para el megaproyecto planeado en 1999. La empresa alega tener oficios de exclusión. No obstante, los abogados de la comunidad aseguraron que ese documento no es suficiente.
Los habitantes contaron que los inversionistas de la firma han argumentado que les ofrecerán empleo, pero la comunidad agraria no está interesada ni tiene la capacidad de laborar en un campo de golf que demanda conocer otros idiomas además del náhuatl.
Habitantes de la comunidad indígena en Tepoztlán, Morelos, han luchado durante 19 años en tribunales agrarios contra la empresa Pirámide y Convento que pretende la construcción de un club de golf en su territorio comunal.
Pero, ahora que atrajo el caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la máxima instancia de impartición de justicia en el país, el proyecto de sentencia que se retomará el miércoles -hecho por el Ministro Eduardo Medina Mora- “dio un giro sorpresivo”, ya que “se acomoda la ley para favorecer a la empresa”, alertaron sus abogados Ángeles Arcos y Rubén Ávila.
“Dicho proyecto de sentencia es parcial por tratar de favorecer al empresario, sin tomar en cuenta los derechos agrarios e indígenas de la comunidad de Tepoztlán, protegidos por la legislación nacional e internacional”, expusieron.
Desde 1929, la comunidad náhuatl en Tepoztlán posee un título de propiedad comunal, que incluye las 280 hectáreas deseadas para el megaproyecto planeado en 1999.
La empresa alega tener oficios de exclusión que, dice, demuestran que ese territorio es “pequeña propiedad particular” y no propiedad comunal. No obstante, la litigante Ángeles Arcos explicó que ese documento no es suficiente ni tiene el peso del título de 1929.
El abogado Rubén Ávila dijo que si la SCJN resuelve a favor de la empresa, será una muestra más de que “en este país el Estado de Derecho es inexistente y las leyes pueden acomodarse a modo de los intereses económicos y políticos de los más pudientes”.
“CON LA NATURALEZA NO SE JUEGA”
Agustín Rojas, comisario de bienes comunales de Tepoztlán, se mostró triste porque la SCJN, afirmó, puede favorecer a una compañía que busca que se le reconozcan tierras que nunca le han pertenecido.
Lamentó que se intente establecer un club de golf que vulnere los derechos de un poblado “donde se respira aire y hay paz”.
Campesino de ganado bovino, Rojas alertó que la comunidad está en un eje neovolcánico cuyos mantos acuíferos alimentan al Valle de Morelos y parte de la Ciudad de México. El campo de golf generaría un cambio de uso de suelo y con ello un impacto ambiental, aseveró.
“Si se devastan esas áreas, se generará un problema que ninguna autoridad podrá resolver. Con la naturaleza no se juega”, sentenció.
Contó que los inversionistas de la firma han argumentado que les ofrecerán empleo, pero Rojas expuso que la comunidad agraria no está interesada ni tiene la capacidad de laborar en un campo de golf que demanda conocer otros idiomas además del náhuatl.
“El pueblo no quiere ser explotado. Un club de golf no resuelve el problema de la comunidad”, dijo.
El abogado Rubén Ávila también pidió considerar a los ministros el destino del territorio: la compañía Pirámide y Convento busca un interés económico que beneficiará a unos pocos, mientras que la comunidad de Tepoztlán, una vez recuperadas sus 280 hectáreas, quiere establecer ahí una Universidad Intercultural con impacto colectivo.
Abogados y habitantes afectados pidieron a la Suprema Corte negar el amparo a la empresa y devolver las 280 hectáreas a sus legítimos dueños, ya que de aprobarse el proyecto resultaría violatorio a los derechos humanos territoriales de la comunidad, y su derecho al debido proceso.
