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Por José Alberto Prado Angeles
Director General y Editor
A pesar de que en declaraciones de algunos implicados en el caso del huachicol fiscal, entre ellos el ex vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, se mencionan los nombres de “Andy” -Andrés Manuel López Beltrán- y “Adán” -Adán Augusto López Hernández-, el martes pasado la FGR informó que “no cuenta con elementos suficientes” para iniciar una investigación contra el hijo del ex presidente López Obrador y el ex gobernador de Tabasco, actual senador de Morena.
Y esa aparente omisión de funciones también estaría ocurriendo con el escándalo surgido en el Instituto Nacional Electoral (INE), donde diversas investigaciones periodísticas han señalado presuntas maniobras ilegales para desviar recursos de la institución y favorecer a terceros, en las que estarían involucrados funcionarios de la cúpula del organismo.
Las irregularidades dadas a conocer podrían constituir elementos suficientes para que la FGR investigue de oficio, pues no siempre se requiere una denuncia formal o querella para iniciar una investigación. Cuando la autoridad tiene conocimiento de hechos posiblemente constitutivos de delito, debe proceder conforme a sus atribuciones legales.
La declaración de la Presidenta Sheinbaum, ayer durante su conferencia matutina, también debería motivar una actuación contundente de la Fiscalía. “Yo creo que Guadalupe Taddei traicionó la confianza de México, hay que decirlo así”. Sin embargo, la mandataria parece condicionar una intervención inmediata al señalar: “Tiene que haber un deslinde de responsabilidades de quien es la autoridad para investigarlo y en primera instancia es la Auditoría Superior de la Federación”.
Además, el miércoles, el PAN presentó una denuncia penal contra Guadalupe Taddei por los presuntos delitos de uso ilícito de atribuciones y funciones, cohecho, peculado, uso ilegal de recursos públicos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Sin embargo, la Fiscalía, como ha sucedido en otros asuntos, no ha informado si abrió una carpeta de investigación, si citará a declarar a los involucrados o cuándo podría dar a conocer avances. Ante la gravedad de los señalamientos, cabría esperar una explicación pública sobre las actuaciones emprendidas, dentro de los límites legales de reserva de las investigaciones.
Pero no hay información suficiente sobre una eventual intervención de la autoridad. Por eso, uno se pregunta: ¿por qué no actúa la FGR en el INE?
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