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Banca mexicana bajo acecho de atracadores
Por Mouris Salloum George
Director General del Club de Periodistas de México AC
Para ponernos en frecuencia y medir la magnitud del riesgo, recordaremos, con datos de la Asociación de Bancos de México, que en 2017 el sistema de banca y crédito nacional registró 480 millones de operaciones electrónicas por un monto de 270 billones de pesos.
Sospechamos, a la luz de esas descomunales cifras, que la actividad bancaria y financiera es esencial para mantener en marcha la economía mexicana, de las empresas y las familias. Sin embargo, al declararse la emergencia nacional por el Covid-19, las instituciones del ramo fueron sometidas a cuarentena; miles de sucursales fueron cerradas y aún los cajeros automáticos fueron dejados sin efectivo.
Tomamos 2017 como referencia, porque aquel año el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios(SPEI), que opera el Banco de México, fue sometido a artero ataque de hackers que, en una primera cuantificación, se carrancearon cerca de 18 millones de dólares.
La primera reacción del banco central fue disponer la restructuración del SPEI para impedir nuevas y perversas experiencias y reforzar las salvaguardas de los ahorradores.
Condusef 2019: Casi 6 millones de quejas y reclamaciones
Vale retomar el asunto, porque los exégetas de la posmodernidad, a partir de talleres populares de educación financiera, pretenden convencer a los usuarios de los servicios financieros y bancarios de optar por el uso de la tecnología digital desde sus domicilios sociales o personales para instrumentar sus requerimientos cotidianos; proceso que no sólo expone los saldos en sus cuentas, sino incluso al robo de identidad.
En 2019, dos años después de la atrevida acción de los hackers atracadores, según datos procesados de la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de Servicios Bancarios y Financieros (Condusef) en enero de 2020, el año precedente hubo un total de 5 millones 885 mil reclamaciones en 25 sectores de la industria (dos mil 992 firmas); 5 millones 463 mil contra bancos como sujetos obligados.
Estamos, pues, frente al fenómeno tipificado desde hace tres décadas como Economía criminal, hasta 2018 arropada por la impunidad.
Tenemos entonces que la banca comercial y la de desarrollo están sometidas a la contingencia sanitaria. Los usuarios hacen todos los días largas filas a la intemperie para atender en persona sus movimientos en mesas ejecutivas y ventanillas.
Usuarios de banca electrónica, los más vulnerables
El ancho universo de jubilados y pensionados, que hacen sus operaciones con plásticos de débito, no tienen manera de disponer de sus saldos en cajeros automáticos y ni siquiera de obtener impresiones de sus estados de cuenta.
Acaso en esos segmentos el perjuicio se reduzca a molestias transitorias. No así aquellos, seguramente los más, que operan la banca electrónica, generalmente para tener al corriente el pago de sus deudas o contraer nuevas. Es en este sector que se habla de vulnerabilidad.
Ya puede uno imaginarse la estadística de quejas y reclamaciones por actos constitutivos de fraude que la Condusef reportará para 2020. No se vale.
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