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Un junior de la 4-T
Por Israel Mendoza Pérez
El escándalo económico y de insensibilidad ante la pandemia del Covid-19 en el país, alrededor de Manuel Bartlett Díaz, director general de CFE y de su hijo, León Manuel Bartlett Álvarez, proveedor consentido de la cuatroté se resume en un acto “legal pero inmoral”.
El bartlettgate rebota en el corazón del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al inquilino de Palacio le desagrada la crítica a uno de sus aliados favoritos. El valor de Manuel Bartlett en la 4-T es ser un ferviente opositor al expresidente Carlos Salinas de Gortari y repudiar al PRI, instituto que lo hizo uno de los políticos más poderosos de la década de los 80.
Sin embargo, el señalamiento levanta ámpula por el quebranto a los principios lopezobradoristas, debido a que apenas el 13 de junio del año pasado, a través de un memorándum dirigido entre otros a directores de empresa u organismos paraestatales —léase Manuel Bartlett— les dio la instrucción de “no permitir, bajo ninguna circunstancia, la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen”.
Además los obligó a honrar su palabra y “cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos”.
En el documento remató: “sólo me resta decirles que, de no cumplirse esta recomendación, se podría caer en actos de deshonestdad y en la esfera del derecho penal”.
Parte del decálogo fue violentado en el caso de Barttlet. Ahora, se le deja a Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, investigar al proveedor León Manuel Bartlett Álvarez, por la amañada adquisición de ventiladores para Covid-19 al IMSS en el estado de Hidalgo. De cumplirse el mandato presidencial por lo menos se debe boletinar a la empresa CyberRoboticsSolutiony evitar tener negocios con ella en lo que se desahogan las investigaciones.
Lo que se le desconfía es que la indagataria quede en una simulación, como sucedió con su padre el director de CFE, Manuel Bartlett Díaz. A final de cuentas son los enemigos de la cuatroté quienes están en contra del modelo antineoliberal y esa es la versión adoptada para que sobre ese camino vaya la investigación.
En el fondo, lo inmoral y el quebranto a los principios de honestidad es lo que pesa en el caso de Barttlet. Existen todos los elementos criticables. Se trata de un conflicto de intereses pero la venta fue legal. Bajo una licitación a modo sí… pero el gobierno decidió adquirir así el producto y simplemente el “junior de la cuatroté” lo aprovechó. Cada ventilador tuvo un costo individual de un millón 550 mil pesos, que es el precio más alto registrado hasta ahora desde que iniciaron las compras gubernamentales por parte de distintas dependencias de equipo para atender la emergencia.
Irma Eréndira Sandoval tiene en sus manos la oportunidad de hacer historia o convertirse en cómplice. Ella es la responsable de que la institución encargada de combatir la corrupción, procurar e impartir justicia se aplique estrictamente, acabar con los abusos, la corrupción y la impunidad. Ojalá y no se cumpla aquella frase de “se calló el sistema”.