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Riesgos y víctimas
Por Israel Mendoza Pérez
Si hay una institución necesitada de una purga en su estructura media es el IMSS. Cuando renunció el expanista Germán Martínez Cázarez al Seguro Social denunció en su carta que había zonas en las que “el abasto de medicamento es precario y en algunos lugares pende de un hilo”.
Ahora, parece que su carta se vuelve un vaticinio ya que como si en el sector salud no hubiera bastantes problemas, todo indica se aproxima un nuevo problema que llega a oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador, cortesía del actual directo del IMSS, Zoé Robledo, y específicamente en la Delegación Guerrero.
El asunto en esa región es preocupante a nivel local; sin embargo puede ser una advertencia de lo que puede desprenderse a nivel nacional ya que, a pesar de su historial de incumplimientos, la firma Fresenius Medical Care, que lleva a nivel global Rice Powell, fue contratada por el IMSS para encargarse del servicio de hemodiálisis en Acapulco, Guerrero; sin embargo, los 91 mil 700 pacientes que serán tratados en la unidad Vista Alegre se encuentran en riesgo.
La historia es así: resulta que la clínica en cuestión se encuentra ubicada aproximadamente a 90 metros de una estación de gas, situación que tendría que haber motivado que la empresa fuera descalificada de la Licitación Pública Internacional LA-050GYR988-E5-2019, debido a que está en contra de las disposiciones de Protección Civil.
En este punto, las autoridades del IMSS deben ser más que quisquillosas ya que las normas en la materia se endurecieron en 2012, luego de que un incendio en instalaciones aledañas a la guardería ABC provocó el fallecimiento de 49 niños. Es por ello, que ninguna gasolinera, dispensadora de gas, fábrica o ducto de Pemex debe estar localizado a menos de 150 metros de las Unidades Médicas Subrogadas.
De acuerdo con una evaluación del Coordinador General de Protección Civil y Bomberos de Acapulco,
Ricardo Contreras García, al momento en que el IMSS inspeccionó las instalaciones de Fresenuis Medical Care Vista Alegre, la gasera “Carburadora Santa Cruz” estaba clausurada; sin embargo, a partir del 06 de enero pasado regresó a operar con normalidad, por lo que se considera un factor de riesgo para los pacientes con insuficiencia renal.
La empresa calcula un gasto máximo de 99 millones 136 mil pesos para atender a los pacientes durante 2020; pero especialistas en el tema se preguntan cuál será el costo en caso de que se presente una tragedia igual a la mencionada.
Ante estos hechos, el gobierno de la 4-T debe poner manos a la obra para que aceleren las indagaciones correspondientes y se salvaguarde a los derechohabientes del instituto. Más aún al considerar que la Secretaría de la Función Pública (SFP), inhabilitó a Fresenius Medical Care en 2016 precisamente por incumplimiento de contrato y por provocar daños económicos que ascendieron a 557 millones de pesos.
En noviembre de 2016 esta empresa y una de sus filiales fueron sancionadas por la falta de formalización de 19 contratos con el IMSS que conllevaron un “daño patrimonial considerable” e inhabilitadas dos años y medio. Cumplido el plazo y tras el pago de la multa correspondiente, la firma con sede en Alemania volvió por sus fueros en diciembre pasado, cuando se adjudicó seis contratos con el gobierno de la 4T.
Pero el historial de Fresenius no se acaba ahí, ya que en mayo pasado admitió haber sobornado a médicos de salud pública en Ciudad de México y Guadalajara para obtener contratos, delito que la llevó a ser multada por 207 millones de dólares, tan solo en México.
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