Gobernar a patadas

Por Israel Mendoza 

Al palmarés político del extaewondoin Víctor Estrada, hay que añadirle desvíos de recursos que ascienden a 300 millones de pesos, los cuales no ha podido maquillar debido a que el uso de prestanombres y de desconfianza generada durante su administración le restan credibilidad.

Desde hace nueve meses que dejó el cargo de presidente municipal no se han podido subsanar sus fallas administrativas. Incluso, el gobierno del morenista Ricardo Núñez Ayala acusó que la administración le fue entregada con información fragmentada, carencia de recursos materiales y financieros.

En su momento, detalló que fue realizada una auditoría a los Fondos Federales y Estatales, encontrando un desvío de recursos por más de 53 millones de pesos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2017-2018 (FISMDF) y del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal 2017-2018 (FEFOM).

Con Estrada, Cuauhtémoc Blanco y Manuel Negrete se exhibe que los deportistas no son los mejores administradores y mucho menos gobernantes. En términos muy sencillos, el bono democrático conseguido en las urnas no es lo mismo que popularidad por sus logros como deportistas. Aún así lo ven en la misma dimensión.

En el nuevo enredo político-económico que dejó Estrada Garibay en el municipio de Cuautitlán Izcalli ha tratado de que, por medio de la directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara el caso de facturas pendientes no se convierta en una bola de nieve y el escándalo se apague lo más pronto posible. Sin embargo, la amistad entre atleta también tiene siglas partidistas y ahora ya no juegan para el mismo equipo.

Su historia de pifias al final de su administración en el municipio de Cuautitlán Izcalli va de la siguiente manera: Antes de retirarse de su encargo, el medallista olímpico Víctor Estrada tiene desfalco que asciende a 300 millones de pesos en facturas pendientes de pago dentro de la Tesorería de Izcalli.

Esta escandalosa cifra corresponde a una sofisticada operación financiera en la que se amparan compras varias de bienes, servicios y obra pública facturados por empresas de prestanombres. Entre los implicados se encuentran personajes de su primer círculo cercano al medallista, tanto dentro como fuera de la estructura de gobierno de la que fue responsable.

Sergio Lemus, exdirector de Obras Públicas, Gustavo Shiavone y Juan Pablo Alcázar Gutiérrez sus colaboradores más cercanos son los que tienen en la mira en las auditorías hechas a la administración de Estrada Garibay.

Pero la triangulación financiera en la que está envuelto el exatleta es que está la acusación de que a comprado a los auditores del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), que están realizando auditorías a su gestión, para arreglar anomalías. La presente operación se ha complicado por otra circunstancias: también brotaron irregularidades en el DIF, que presidía la exatleta y esposa del taewondoin, América Rangel Gutiérrez.