Por considerar que la decisión del gobierno federal de cancelar el programa de Estancias Infantiles vulnera los derechos de niños, padres de familia así como de los responsables de las guarderías, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 29/2019 a la Secretaría de Bienestar, SHCP, Conamer y DIF Nacional.

“Las transgresiones afectan no sólo a las cinco mil 340 personas quejosas o agraviadas, sino a la totalidad de niños, padres de familia, responsables y trabajadoras”

Al presentar la recomendación, Ismael Eslava, primer visitador general del organismo nacional afirmó que la abrogación de las reglas de operación del programa es una medida regresiva, “con la que violan diversos derechos humanos de las personas usuarias y beneficiarias de los centros de cuidado y atención integral infantil”.

Resaltó que el programa tenía impactos positivos en el desarrollo integral de los menores de edad y no sólo les daba beneficio a ellos, sino a las madres y padres, ya que incrementaban la posibilidad de encontrar un empleo sin temor a que nadie estuviera cuidando a sus hijos.

“La Comisión Nacional determinó que las transgresiones afectan no sólo a las cinco mil 340 personas quejosas o agraviadas en las 204 quejas recibidas por este organismo, sino a la totalidad de niños, padres de familia, responsables y trabajadoras, usuarios y beneficiarios del Programa de Estancias Infantiles, puesto que su eliminación y ejecución del Programa de Apoyo al Bienestar con presupuesto 50% menor al de 2018 resultan agresivas, trastocan la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales de los afectados”.

Como resultado de diversas investigaciones, la CNDH observó irregularidades en los censos realizados por la Secretaría de Bienestar para la inscripción al nuevo programa, además omitió la fundamentación y motivación para cambiar la entrega de los recursos de manera directa a los padres de familia.

“Al menos seis mil 620 personas menores de edad que eran beneficiarias del Programa de Estancias Infantiles no fueron censadas; también se omitió la fundamentación en el marco de protección a los derechos humanos de niñas y niños, para cambiar la modalidad de entrega del subsidio a transferencia económica directa, sin considerar mecanismos de supervisión para garantizar que se destinen exclusivamente a servicios de cuidado y atención integral infantil”, advirtió el primer visitador.

La recomendación indicó que los recursos del extinto programa se usaron para poner en marcha el Programa de Apoyo al Bienestar, aun cuando ya había sido aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación.

“Hubo una violación a tener una vida digna, a la supervivencia y el desarrollo; de prioridad, al bienestar y a un sano desarrollo integral”

“Se ejecutó el programa nuevo, que es sustantivamente distinto y no está incluido en el PEF, además Hacienda y Crédito Público emitió la autorización presupuestaria del Programa de Apoyo al Bienestar a pesar de que la Secretaría de Bienestar no entregó el diagnóstico requerido para programas de nueva creación”.

La recomendación 29/2019 estimó que se violentaron los derechos de los menores de edad a su interés superior.

“Hubo una violación a tener una vida digna, a la supervivencia y el desarrollo; de prioridad, al bienestar y a un sano desarrollo integral; a la educación, a la salud, a la inclusión, a la participación y al juego y esparcimiento, al tiempo de enfatizar a las autoridades sus obligaciones a nivel constitucional y convencional, así como los estándares de protección que deben observar para garantizarlos”.

Como resultado de sus investigaciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó a la Secretaría de Bienestar realizar acciones inmediatas que garanticen los derechos de los niños a tener una vida digna, así como establecer un instrumento que permita la verificación del uso de los apoyos económicos para los servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil.

A la SHCP se le recomendó implementar acciones para que Bienestar realice un diagnóstico sobre el Programa de Apoyo al Bienestar solicitado en febrero pasado y generar acciones que permitan verificar que los anteproyectos de Reglas de Operación que presenten las dependencias de la Administración Pública Federal se encuentren expresamente establecidos en el PEF.