El silencio de Encinas

Por Redacción QP

La sensibilidad política de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, se mantiene mezquina en el tema de desapariciones. El caso de Gabriel Alberto Cruz y Edmundo Reyes Amaya, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), desaparecidos desde hace 12 años en Oaxaca, durante el gobierno priista de Ulises Ruiz es conocido y documentando por organizaciones defensoras de derechos humanos. Sin embargo, el largo silencio del actual subsecretario, para pronunciarse sobre este asunto, es funesto.

El domingo 24 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un “rayito de esperanza” a familiares de desaparecidos al ofrecer “recursos sin límite” para la búsqueda de personas. El monto destinado para este año para la Comisión Nacional de Búsqueda es de 400 millones de pesos. Aún así, hay distinciones. El acercamiento con los familiares de Gabriel Alberto Cruz y Edmundo Reyes no se ha dado.

Y es que la realidad y agenda de Encinas Rodríguez va en un camino distinto, ya que diversas organizaciones han entregado diferentes solicitudes para la conformación de una mesas de interlocución con el subsecretario de derechos humanos, pero la lentitud para atender el tema de Gabriel Alberto Cruz y Edmundo Reyes Amaya toma tintes de politización generada desde la dirección General de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos de la Segob, encabezada por Félix Santana Ángeles.

Desde el 8 de febrero de este año, Félix Santana tuvo conocimiento del caso —existe un documento— que fue entregado al funcionario en el que se pide que en una siguiente reunión se encuentre Alejandro Encinas para darle seguimiento al caso. No sólo se dejó copia del expediente sino que se entregaron un par de libros, sobre la desaparición de Amaya y Cruz en la que se relatan detalles del momento de la detención, editados por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

El punto crucial es que van 12 años de búsqueda por parte de organizaciones, sin encontrar voluntad por ningún parte de algún gobierno para esclarecer el caso. Ahora se exhibe que el gobierno de la 4-T transita a ritmo de la burocracia y la coyuntura. El interés político y el estigma están por delante. Justo ahora que se celebra la Semana Internacional del Detenido Desaparecido toma relevancia el pronunciamiento del gobierno Federal, de lo contrario se comenzará a replicar el modelo de dilatar la justicia.

Aunque el escenario se pinta diferente, ya que ahora con la reciente sentencia de amparo 942/2013-2 en la que se ordena realizar sin limitaciones diligencia para lograr la localización con vida de Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz, en cualquier instalación militar en donde se presuma el paradero de ambos es crucial para que este gobierno dé señales de sensibilidad. Es una oportunidad para el gobierno emanado de la lucha de las izquierdas.

Lo que sigue de inmediato en este asunto es que tanto familiares, representantes legales, expertos forenses y una representación del gobierno Federal conformen una comisión para búsqueda en instalaciones militares. El primer lugar en el que iniciarán con el rastreo será en el Campo Militar No. 1 ya que de acuerdo con el expediente los detenidos, tras un operativo policiaco-militar, fueron trasladados a la procuraduría del estado de Oaxaca y vistos por última vez en la mencionada instalación castrense.

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