El ISSSTE debe de dar a conocer los montos de la pensión que administra y que invirtió en la empresa ICA, así como el rendimiento obtenido y la situación de la inversión entre 2015 y 2018.
El órgano de control interno del ISSSTE, desde marzo, comenzó una auditoría para responsabilizar a quien entregó el fondo de pensiones a ICA justo cuando la empresa estaba al borde de la quiebra. PensionIssste inyectó cientos de millones de pesos a la constructora ICA y se convirtió en su mayor accionista cuando la firma al colapso.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) deberá dar a conocer los montos de la pensión que administra que invirtió en la empresa ICA, así como el rendimiento obtenido y la situación de la inversión, entre 2015 y el 15 de marzo de 2018, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La resolución del órgano de transparencia derivó de la solicitud de transparencia que hizo un particular, pero el ISSSTEargumentó que la data “se encontraba protegida por los secretos comercial y bursátil, toda vez que su difusión pondría en riesgo la posición de la emisora ICA en el mercado de valores“, aunque también le señaló que las inversiones realizadas por el PensionIssste estaban a disposición del público en el portal electrónico de la institución.
Ante esa situación, el solicitante pidió que el caso fuera revisado por el INAI bajo el argumento de que se violaba su derecho de acceso a la información, pero en alegatos, el ISSSTE reiteró su respuesta inicial.
José Reyes Baeza, ex director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), comparece ante la comisión de seguridad social del Senado de la República. Foto: Cuartoscuro
Ya en el análisis del caso, a cargo de la ponencia del comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, en el portal electrónico del ISSSTE se encontró un comunicado –fechado el 20 de marzo de 2018– en el que se reconoce una inversión del PensionIssste en acciones de la empresa ICA, “que ascendió al 0.2 por ciento de su monto total de los activos administrados, concretada en agosto de 2015”.
El comisionado señaló que “el hecho de conocer los montos invertidos del sujeto obligado con la empresa ICA, no mermaría la colocación de sus valores, ya que incluso debe hacer pública esa información de manera trimestral y anual”, por lo que el ISSSTE no se violaría ninguna ley.
Ante ello, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la institución a cargo de Florentino Castro López y le instruyó a entregar la información.
Supuestamente, desde marzo de este año el órgano de control interno del ISSSTE comenzó una auditoría para responsabilizar a quien entregó el fondo de pensiones a ICA justo cuando la empresa estaba al borde de la quiebra. Como en la mayoría de los casos vinculados con presunta corrupción durante la administración de Enrique Peña Nieto, no se ha dado a conocer un solo detalle.
PensionIssste inyectó cientos de millones de pesos a la constructora ICA y se convirtió en su mayor accionista cuando la firma al colapso. Pero esa inversión se ha ido a la basura, parece, porque la compañía se declaró en insolvencia e inició una reestructuración.
ICA, Empresas ICA SAB de CV, dejó de pagar sus deudas en diciembre de 2015, poco después de que recibió el dinero de los trabajadores.
Además de poco transparente, Pensionissste destapó no sólo una inversión mala, sino sospechosa.
PensionIssste administra casi 200 mil millones de pesos de jubilación de los trabajadores del Gobierno. Adquirió las acciones de ICA en agosto del 2015.
ICA mismo habría ocultado información al mercado bursátil para hacerse de ese dinero de los trabajadores.
Pero Pensionissste tenía información suficiente para no invertir esos fondos en una empresa que estaba en picada.
A mediados de 2015, cuando se le inyectó dinero de las pensiones, las acciones de ICA habían caído más de un 50 por ciento respecto del año anterior y aún así, PensionIssste comenzó a comprar acciones de ICA y le destinó cerca de 400 millones de pesos de los trabajadores.
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