¿Cuántos han recibido sentencia en 10 años de guerra? No se sabe. INAI ordena a PGR que lo revele

La PGR, sin titular desde hace más de un año, no dio a conocer el número de personas con sentencia y con sentencia condenatoria irrevocable por el delito de delincuencia organizada en 2017. Ante la queja de quien solicitó la información, la dependencia entregó cifras y señaló además que la data puede consultarse en los informes de rendición de cuentas de su sitio web y proporcionó vínculos electrónicos.

Sin embargo, el INAI consideró que la dependencia no comunicó de manera puntual la forma de acceder a la información y encontró que los links no dirigen a ningún documento y que parte de la información remitida no corresponde a lo requerido por el particular.

La Procuraduría General de la República (PGR) debe dar a conocer el número total de personas sentenciadas y con sentencia condenatoria irrevocable por el delito de delincuencia organizada, del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2017, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El periodo abarca los 10 años de guerra contra el crimen organizado, desde que Felipe Calderón sacó al Ejército a las calles y hasta el quinto año de Enrique Peña Nieto.

La resolución del órgano de transparencia derivó de la solicitud de información que hizo un particular a la PGR, en la que solicitaba el total de personas detenidas, consignadas, sentenciadas y con sentencia condenatoria irrevocable por el delito de delincuencia organizada en cualquiera de sus modalidades en el periodo referido.

La dependencia a cargo de Alberto Elías Beltrán, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), proporcionó el total de personas detenidas y consignadas por el delito de delincuencia organizada; sin embargo, omitió en su respuesta el número de sentenciados y que cuenten con sentencia condenatoria irrevocable.

Por lo que, el solicitante interpuso un recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que la información se encontraba incompleta.

Luego, la PGR proporcionó cifras sobre el número de sentencias condenatorias irrevocables y del total de personas sentenciadas, señaló además que la información puede consultarse en los informes de rendición de cuentas de la PGR y proporcionó vínculos electrónicos.

La ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales reapareció en redes sociales ya libre, el pasado miércoles. Foto: Especial

Sin embargo, el INAI consideró que pese a esos datos, la PGR no comunicó de manera puntual la forma de acceder a la información sobre el número de personas sentenciadas por el delito de delincuencia organizada. Además, encontró que dos de los vínculos electrónicos proporcionados no dirigen a ningún documento y que parte de la información remitida no corresponde a lo requerido por el particular.

La impunidad en el país alcanza más del 90 por ciento de las denuncia que se interponen, sin embargo otro de los problemas es que ante la falta del debido proceso y de investigaciones puntuales, los casos que se llevan ante los jueces no terminan en un condena en contra del acusado.

El caso mediático más reciente es el de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, cuyo único proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada, fue desechado y el pasado miércoles recobró su libertad.

Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez afirmó que aumentar la cantidad y la calidad de la información pública sobre el combate a la delincuencia organizada es fundamental para conocer y evaluar las acciones de las autoridades responsables.

“Necesitamos conocer con exactitud cuál es la situación del país para identificar los aciertos y fracasos de las estrategias pasadas y escoger el nuevo camino hacia un México más seguro. Al hacer públicos datos como los referidos en este recurso de revisión, las autoridades responsables contribuyen a este proceso”, enfatizó.

Salas Suárez señaló que desde hace doce años el Estado ha adoptado diferentes estrategias de confrontación directa. Sin embargo, desde el 2006 la violencia no se ha reducido, los grupos se han multiplicado y la percepción ciudadana ha empeorado.

“En nuestro último periodo electoral, la seguridad fue una de las prioridades y será uno de los principales retos para los nuevos gobiernos, federal y estatales. El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, prometió en campaña renovar por completo las estrategias. Se esperaría que cualquier propuesta tome en cuenta los señalamientos, la evidencia y las propuestas hechas hasta ahora”, subrayó.

El comisionado del INAI destacó que ante el contexto de transición política que vive el país, la información pública cobra especial relevancia porque brinda evidencia y permite un lenguaje común entre las autoridades y la población.

“Diversas voces de la sociedad civil, la academia, la prensa, víctimas y familiares de desaparecidos se han pronunciado por un cambio en la política de seguridad. Incluso la ex ministra Olga Sánchez Cordero, propuesta por el presidente electo como futura Secretaria de Gobernación, ha propuesto que Comisiones de la Verdad regionales se integren al Sistema Nacional de Búsquedas como parte del próximo Plan de Pacificación”, puntualizó.