La población migrante constituye un grupo muy vulnerable en cuestiones de salud, seguridad, dignidad humana y justicia social. El fenómeno del traslado presenta una serie de variables que pueden alterar el equilibrio corporal de las personas.

En la historia, se han manifestado intenciones claras de respetar el derecho a salud de esta población, pero nuevas corrientes políticas y realidades económicas están afectando la atención sanitaria actual de los grupos de migrantes. El cuidado médico del migrante se presenta como una tarea que no solo exige un compromiso de los Estados y sensibilidad de los proveedores de atención de los servicios de salud, sino que debe ser basado en el respeto de los Derechos Humanos.

La atención en salud del que decide trasladarse de su país a otro, cruzando diferentes naciones, es un tema actual que cada vez cobra mayor relevancia en el actuar diario de las sociedades y representa un reto para la salud pública, porque debe estar asentada en un trato humanizado, respetando las creencias, valores y expectativas de todos, sin escatimar recursos. Una atención digna exige un compromiso de los Estados meta y los transitorios, además de sensibilidad, si se pretende otorgar de manera integral.

En tiempos actuales y a raíz de una sociedad cada vez más globalizada, las personas conocen y conviven con personas de otros países y culturas. Se ha vuelto común que los seres humanos tengan conocimiento de lo que sucede en otras naciones, lo cual hace que haya surgido una creciente interdependencia entre los pueblos, que motiva a la movilidad y convivencia de culturas y razas diversas, por necesidad o búsqueda de oportunidades.

Si bien, este fenómeno es tan antiguo como la existencia del ser humano, en las últimas décadas ha aumentado considerablemente. Entendiendo que, por lo general, los movimientos migratorios tienen sus bondades, hay algunos aspectos que están preocupando de manera creciente a las sociedades y que merecen ser vistos no solo desde un punto de social sino del impacto económico que representan.

Algunos países cuya recepción de inmigrantes es significativa introdujeron en sus procesos migratorios valoraciones de salud con el fin de evitar la entrada de personas consideradas como un riesgo para la salud pública de sus naciones. Alguno de los factores que contribuyen al estudio de la salud migratoria es la evidencia cada vez mayor de que los sistemas mundiales que controlaban y vigilaban de las enfermedades como la influenza y la tuberculosis han dejado de captar y entender el alcance de estos males y los patrones de la movilidad de las poblaciones han ido cambiando.

Los vínculos entre la salud migratoria y la salud pública se involucran en todas las fases del viaje de un migrante, incluyendo a las comunidades de origen, tránsito, destino y retorno, así como todos los patrones de movilidad, incluyendo migración irregular y migración circulatoria.

La habilidad de un migrante de integrarse a la sociedad de su destino se basa en el bienestar mental, físico, cultural y social combinado. La ausencia de salud afecta a su completo acoplamiento y desarrollo en su nueva situación y no solo lo afecta a él, sino a la sociedad en su conjunto.

Si nuestro país busca tener una política migratoria donde permita el paso ordenado de personas de países que se encuentran al Sur de México, tratar la salud de los migrantes proporcionaría beneficios a la sociedad y a un potencial ahorro en el costo de servicios de salud.

Un desplazamiento planeado que es aceptado y regulado por un país de tránsito, como lo es en los hechos el nuestro, probablemente representará menos riesgos sanitarios, que el traslado de una persona desplazada en forma clandestina. De ahí la importancia de destinar recursos para conocer y entender los patrones de movilidad para que cuando se desarrollen políticas y se diseñen planes de salud pública se tome en cuenta estos factores.

Si nuestra idea como nación es otorgar la condición legal de migrante en su traslado, se tendría la facilidad para tener acceso a los servicios de salud. Las personas que no tienen condición legal en un país, por ejemplo, migrantes irregulares, pueden no estar totalmente decididas a buscar servicios de salud en caso de contraer una enfermedad, por temor a la deportación. Un migrante a quien se otorga residencia o un permiso permanente disfruta los mismos privilegios de acceso a los servicios que los ciudadanos de la sociedad a la que se trasladó y eventualmente con atención médica, no ser un foco de contaminación y de costos potenciales para la sociedad, en su atención y de quienes fueron infectados, muy superiores.

Un buen sistema no solo ayudaría a los miembros de la sociedad que acoge, los crecientes riesgos y vulnerabilidad a la que afrontan los que se trasladan, sino que representa una situación alarmante, especialmente cuando los afectados pueden ser mujeres y niños; existe también el peligro de caer en la deshumanización, asociada a este movimiento de personas, lo que se puede convertir en situaciones riesgosas, tanto en su caminar hacia su meta como en la inclusión en las sociedades de destino, y que las ciudades que los acogen temporalmente no solo los rechacen por la falta de recursos para otorgarles un refugio temporal, sino que los vean como un foco de enfermedades y eviten por ello su llegada.

Espero que el gobierno actual esté consiente de esto y en su planeación lo haya tomado en cuenta y de no ser así lo haga, puesto que esto puede explotar en cualquier momento si se ignora. Debe tomar en cuenta que esto tiene un costo económico para prevenir, que los costos a mediano y largo plazo sean mucho mayores para una sociedad que tendría que atender las enfermedades trasladadas desde los países orígenes del fenómeno migratorio a nuestro país, incluso de aquellas que para nosotros ya han sido erradicadas o para las que no estemos preparados.

Con Información de Eduardo Ponce de León Garduño

*Eduardo Ponce de León Garduño es profesor de la Escuela de Empresariales de la Universidad Panamericana.