El debate en torno a la Guardia Nacional no cesa. Las dudas y cuestionamientos respecto a las funciones que tendrá este cuerpo armado, así como la formalización del proceso de militarización de la seguridad, continúan siendo ampliamente debatibles. Revisemos a continuación algunos aspectos que inciden de manera particular en el debate.

La propuesta de reforma al artículo 21 constitucional contenida en el Proyecto de Decreto aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 16 de enero, resulta engañosa; por un lado, el texto establece que la Guardia Nacional tendrá un carácter y dirección civil, adscrita a la Secretaría del ramo de Seguridad, pero por otro lado, configura la creación de una “Junta de Jefes de Estado Mayor” (el término Estado Mayor conserva un sentido militar; históricamente se ha ubicado dentro de los ejércitos como un organismo auxiliar del mando). La Junta -señala el texto- se conformará por integrantes de las dependencias de los ramos de Seguridad, Defensa Nacional y Marina. No existe duda que, dicha Junta, tendrá mayoría militar.

De igual manera, el Dictamen propone adicionar al artículo 21 constitucional que para el servicio de carrera (ingreso, ascensos, prestaciones, profesionalización), la estructura jerárquica, disciplina, entre otros, estarán homologados a las que se aplican en el ámbito de las Fuerzas Armadas. También, el texto en mención es claro y refiere que la formación, capacitación y desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional se regirán por una doctrina policial fundada en la disciplina, el acatamiento de órdenes superiores, el respeto a los derechos humanos, entre otros.

Las contradicciones contenidas en el Dictamen son evidentes; existe un “choque” entre naturalezas, principios y valores distintos. El ejército se entrena para destruir al enemigo, mientras que la policía no tiene como fin o naturaleza eliminar al enemigo, sino garantizar la buena convivencia entre los ciudadanos y prevenir el delito. En palabras del sociólogo Martín Fernández, los militares son personal vinculado al estudio de la guerra y la defensa, pero no están preparados para estudiar (o prevenir) la delincuencia, la información al ciudadano o el trato al público. No lo es posible porque no es su oficio. Ellos tienen otra manera de entender esos temas, otra manera de entender la disciplina.

Dada la naturaleza de la doctrina y disciplina militar, la proximidad hacia la ciudadanía presenta amplios obstáculos. Por esto, la tendencia en las sociedades democráticas es “desmilitarizar” la función policial justo porque reiteradamente se ha comprobado que las labores policiales desempeñadas por militares, disgrega la relación comunidad-policía y, en cierta medida, inhibe la participación ciudadana; elemento fundamental de una perspectiva democrática.

La evidencia disponible en el ámbito internacional y nacional es suficiente para sostener la tesis relativa a que en los países con sistemas democráticos débiles o bien en los regímenes autoritarios, la policía tiende a adoptar organizaciones de tipo piramidal, central, jerarquizado, con procesos de formación y socialización inspirados en principios militares como la obediencia, la jerarquía fuertemente centralizada o bien se sitúa la disciplina como parte toral de la organización (Cousuelo G.J).

Debemos tener presente que el origen de la policía moderna es de naturaleza civil y esto tiene su razón de ser. La tendencia mundial es la democratización de los cuerpos policiales, es decir, el respeto a los derechos humanos (del policía y del ciudadano), la transparencia y rendición de cuentas y la descentralización de las estructuras. Por esto, las policías modernas no suelen identificarse con gobiernos autoritarios o con bajos valores democráticos. Un estudio reciente, publicado por la revista Nexos (Sánchez Valdés) confirma que, a patir de un análisis realizado a 200 países se identificó que solo 33 países tienen corporaciones de seguridad con mando militar; estos tienen mayores características o concurrencia a ser países poco desarrollados y autoritarios.

La militarización de la seguridad es un proceso que de manera informal se ha venido gestando en nuestro país en las últimas décadas. La presencia del Ejército en las calles, militares al frente de policías municipales y estatales, policías preventivas “tomadas” por el Ejército debido a la corrupción, son hechos reiterados que cada vez se dan con mayor frecuencia en nuestro país. La reforma a los distintos artículos constitucionales será un proceso de formalización (legal) de la inclusión de la milicia en la seguridad pública.

El transitorio primero del Decreto hace referencia a un tema que no se le ha dado gran difusión o atención y que, merece alusión. El artículo refiere que, el Congreso de la Unión expedirá las leyes que reglamenten el uso legítimo de la fuerza y el registro nacional de detenciones. Justo, la atribución por excelencia de la policía es el uso de la fuerza, sin embargo en nuestro país no contamos con alguna ley general que lo regule. Solo siete entidades en el país cuentan con alguna ley que norme de manera específica el uso de la fuerza. Esperemos que de esta iniciativa de reforma constitucional tengamos una ley general que brinde certeza jurídica tanto a los ciudadanos como a los policías.

Por último, hacer referencia a un tema al que poco se ha hecho mención en los últimos meses y que quizá tiene mayor trascendencia que la propia integración de una Guardia Nacional: las policías municipales. Distintas organizaciones mundiales y nacionales han insistido que la atención de los problemas de seguridad deben promoverse desde lo local (municipios). Quizá la Guardia Nacional venga a brindar cierto respiro a zonas del país que se encuentran totalmente tomadas por la delincuencia organizada, sin embargo la mayor afectación que tenemos los ciudadanos en materia de seguridad son los delitos del fuero común (en 2017 cerca del 50 % de los delitos están vinculados al robo. ENVIPE); la prevención de estos delitos es competencia de las policías municipales. La pregunta es ¿qué estrategias de fortalecimiento para las policías municipales han diseñado o están diseñando nuestros alcaldes? ¿las estrategias propuestas son viables o son las recurrentes estrategias relativas a más patrullas y más capacitación?

*José Colomo es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana