19 noviembre, 2026

El Quehacer Político a través de la opinión del Lic Eden Lozano Meza desde la Cámara Alta///El aguinaldazo en el Congreso Y los trabajadores para cuando?

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Por Lic Eden Lozano Meza

Mientras diputados y senadores enfrentan cuestionamientos por sus prestaciones de fin de año, las iniciativas para mejorar el aguinaldo de millones de mexicanos acumulan más de tres años sin concretarse. La pregunta ya no es solamente cuánto reciben los legisladores, sino por qué las propuestas para beneficiar a los trabajadores siguen esperando una decisión.

Estamos a unas semanas de diciembre y millones de trabajadores mexicanos esperan recibir su aguinaldo. Para muchas familias, ese dinero representa la oportunidad de pagar deudas, cubrir gastos pendientes, comprar lo indispensable o simplemente terminar el año con un poco de tranquilidad económica.

Pero mientras la ciudadanía se prepara para recibir una prestación cuyo mínimo legal sigue siendo de apenas 15 días de salario, en el Congreso de la Unión las remuneraciones de sus integrantes vuelven a generar controversia.

Primero fue la Cámara de Diputados

En septiembre de 2025, una investigación periodística dio a conocer que las previsiones presupuestarias para 2026 contemplaban modificaciones en las percepciones de los diputados federales, incluida una compensación relacionada con el Impuesto Sobre la Renta del aguinaldo.

El dato no quedó únicamente en una publicación periodística, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 contempla, dentro de las prestaciones de los diputados, un concepto identificado como Prestación I.S.R. de aguinaldo, por 67 mil 785 pesos anuales, además del aguinaldo ordinario.

Esto no significa que los diputados estén legalmente exentos del impuesto, ni demuestra por sí mismo una irregularidad. Sin embargo, confirma que existe un tratamiento presupuestario específico relacionado con esa carga fiscal.

¿Y los trabajadores mexicanos que también pagan ISR sobre una parte de su aguinaldo? ¿Qué mecanismo equivalente tienen para compensar ese descuento?

Ahora la controversia alcanza al Senado de la República

El 17 de noviembre de 2026 se difundió una versión periodística según la cual los senadores recibirían un aguinaldo bruto aproximado de 387 mil 136 pesos, cifra que ha generado cuestionamientos sobre la base utilizada para su cálculo.

La información ha sido objeto de aclaraciones públicas. Desde el Senado se ha señalado que la prestación corresponde a 40 días de dieta y que está sujeta a las retenciones fiscales correspondientes. Por ello, no puede afirmarse que exista un incremento extraordinario irregular debidamente acreditado.

Pero tampoco debe darse por concluida la discusión sin conocer los documentos que expliquen la integración de las cantidades difundidas, porque si se trata de recursos públicos, las explicaciones no pueden depender únicamente de declaraciones y aquí comienza la verdadera contradicción parlamentaria.

Tres años de propuestas y una reforma que no llega

Desde 2023, legisladores de distintas fuerzas políticas han presentado iniciativas para mejorar el aguinaldo de los trabajadores mexicanos. Algunas buscan aumentar los días de esta prestación y otras eliminar el Impuesto Sobre la Renta que grava una parte de ella, no estamos hablando de una propuesta improvisada ni de una demanda que apenas comienza a discutirse.

En marzo de 2023 se publicó una iniciativa para reformar el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo y aumentar de 15 a 30 días el aguinaldo mínimo.

Durante 2024, la propuesta registró avances en comisiones del Senado, pero no concluyó el procedimiento necesario para convertirse en ley. 

El 2 de octubre de 2024 se presentó una nueva iniciativa en la Cámara de Diputados para retomar el incremento del aguinaldo mínimo a 30 días, en diciembre de ese mismo año se impulsó otra propuesta con el mismo objetivo.

Después comenzó a fortalecerse una segunda línea legislativa, eliminar el ISR del aguinaldo para que los trabajadores pudieran conservar íntegramente esta prestación.

En octubre y diciembre de 2025 se presentaron propuestas para modificar la Ley del Impuesto Sobre la Renta y ampliar la exención fiscal del aguinaldo.

El 24 de febrero de 2026 se presentó otra iniciativa encaminada a eliminar completamente ese impuesto.

El 25 de marzo de 2026 se impulsó una nueva propuesta con el mismo propósito.

El 8 de abril de 2026 se presentó una iniciativa complementaria que, además de plantear la exención total del ISR sobre el aguinaldo, propuso elevar de 40 a 45 días esta prestación mínima para los trabajadores comprendidos en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Esta última fue remitida a la Cámara de Diputados el 14 de abril y turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El 29 de abril de 2026 se presentó otra iniciativa para eliminar la carga fiscal del aguinaldo.

En septiembre del mismo año surgió una propuesta adicional para ampliar las exenciones fiscales relacionadas con el aguinaldo y el reparto de utilidades.

Y el 13 de octubre de 2026, durante la discusión de reformas fiscales en la Cámara de Diputados, una propuesta de modificación relacionada con la eliminación del ISR del aguinaldo no fue admitida a discusión.

No todas estas iniciativas se encuentran en la misma situación jurídica. Algunas tuvieron avances parciales en comisiones, otras fueron turnadas para dictaminación y otras conservan trámites independientes sin resolución definitiva identificada.

Pero existe una realidad que no puede ignorarse.

Después de más de tres años de propuestas, México continúa sin una reforma general que eleve de 15 a 30 días el aguinaldo mínimo de los trabajadores o que elimine completamente el ISR sobre esta prestación.

La responsabilidad parlamentaria que nadie debería evadir

aquí está el problema que merece una crítica mucho más profunda

Los legisladores no solamente tienen la facultad de presentar iniciativas, también participan en un procedimiento constitucional que comprende su estudio, discusión, dictaminación y votación.

Las comisiones legislativas no existen para convertirse en archivos donde las propuestas permanezcan indefinidamente sin una explicación pública, su función es analizar los asuntos turnados, estudiar sus consecuencias, construir acuerdos y someter los dictámenes a los órganos competentes.

Nadie está obligado a aprobar automáticamente una iniciativa, aumentar el aguinaldo mínimo implica costos para los empleadores y eliminar el ISR tendría consecuencias sobre la recaudación federal.

Pero precisamente para eso existen las comisiones, los equipos técnicos, los estudios presupuestarios y los procedimientos parlamentarios.

¿Qué estudios faltan después de tres años? ¿Qué comisiones mantienen pendientes las propuestas? ¿Cuántas iniciativas cuentan con dictamen? ¿Qué impide discutirlas? ¿Por qué no se ha explicado públicamente qué falta para resolverlas?

Los ciudadanos no conocemos las razones particulares de cada expediente, lo que sí sabemos es que las reformas generales propuestas no se han concretado y la ausencia de una decisión también tiene consecuencias.

Mientras las iniciativas permanecen pendientes, millones de trabajadores continúan sujetos a un aguinaldo mínimo de 15 días y a las disposiciones fiscales que actualmente gravan la parte no exenta de esta prestación.

El Congreso puede aprobar, modificar o rechazar una propuesta conforme a sus procedimientos, lo que resulta políticamente cuestionable es que los asuntos de interés ciudadano acumulen años sin una resolución clara.

Presentar iniciativas no basta. La responsabilidad legislativa también consiste en darles seguimiento, impulsar su estudio y explicar por qué avanzan o permanecen pendientes.

¿Y la ciudadanía dónde queda?

La comparación entre las prestaciones legislativas y las propuestas laborales pendientes resulta inevitable.

En la Cámara de Diputados existe una prestación presupuestaria expresamente relacionada con el ISR del aguinaldo.

En el Senado circula una versión sobre un posible incremento cuya integración económica ha generado cuestionamientos públicos.

Mientras tanto, las iniciativas para mejorar el aguinaldo de millones de mexicanos siguen sin alcanzar su objetivo.

Son situaciones jurídicamente distintas, pero políticamente plantean una pregunta fundamental.

¿Por qué las prestaciones de quienes hacen las leyes cuentan con mecanismos presupuestarios específicos, mientras las propuestas para mejorar las condiciones de quienes trabajan bajo esas leyes siguen esperando una resolución?

Si existe la posibilidad de establecer mecanismos para atender el impacto fiscal del aguinaldo de los legisladores, ¿por qué no se ha concluido siquiera la discusión sobre una solución para los trabajadores?

No se trata de quitarles derechos a los representantes populares, tampoco de afirmar que cualquier incremento en sus prestaciones sea ilegal, se trata de exigir congruencia.

Porque los ciudadanos también pagan impuestos, también enfrentan el aumento de los precios, también tienen obligaciones familiares y también necesitan que su ingreso alcance para cubrir necesidades básicas.

La diferencia es que los trabajadores no tienen la facultad de reformar directamente las leyes que determinan sus prestaciones, a diferencia de los diputados y senadores que sí tienen atribuciones constitucionales para intervenir en ese procedimiento.

Ahí radica la responsabilidad política que no puede seguir diluyéndose entre legislaturas, comisiones y cambios de agenda.

Si el aguinaldo puede mejorar, que mejore para todos

Incrementar el aguinaldo mínimo de 15 a 30 días representaría una mejora concreta para los trabajadores comprendidos en la Ley Federal del Trabajo.

Eliminar el ISR permitiría que quienes actualmente pagan ese impuesto sobre parte de su aguinaldo conservaran una mayor cantidad de dinero.

Ambas medidas requieren estudios económicos, análisis presupuestarios y acuerdos legislativos.

Pero esas exigencias no deberían utilizarse como explicación genérica para mantener indefinidamente pendientes las propuestas.

Si las iniciativas no son viables en sus términos actuales, corresponde explicar las razones.

Si requieren modificaciones, deben discutirse.

Si existen alternativas que permitan avanzar gradualmente, deben ponerse sobre la mesa.

Y si las comisiones consideran que no deben aprobarse, también corresponde fundamentar esa determinación.

Lo que la ciudadanía merece es conocer el destino de las propuestas y las razones de las decisiones parlamentarias.

Porque el trabajo legislativo no se mide solamente por cuántas iniciativas se presentan, sino por cuántos problemas públicos se atienden mediante decisiones responsables.

Un rumor que no debe dejarse pasar

Estamos a la vuelta de la esquina de recibir el aguinaldo

Por eso, la controversia sobre las prestaciones de los senadores no debería minimizarse como un simple rumor ni convertirse en una acusación sin pruebas.

Debe investigarse, aclararse y documentarse.

Si las cifras difundidas corresponden a pagos legalmente autorizados, el Senado debe explicar su integración.

Si existe un error en la interpretación de los montos, debe aclararlo con los documentos correspondientes.

Pero esa transparencia también debe exigirse respecto de las iniciativas que llevan años pendientes.

¿Cuánto tiempo más necesita el Congreso para decidir sobre propuestas que podrían mejorar el ingreso de millones de trabajadores?

¿Es necesario esperar otro diciembre para volver a discutir lo mismo?

¿En qué momento la presentación de iniciativas dejará de ser suficiente y comenzará a exigirse responsabilidad por su falta de resolución?

El problema no es solamente cuánto recibirán los diputados y senadores al terminar el año.

El problema es que quienes tienen las facultades para discutir y resolver reformas laborales deben responder por el destino de las propuestas que han recibido.

Para los trabajadores, más de tres años de iniciativas sin concretarse y para el Congreso, nuevas controversias sobre sus propias prestaciones.

La ciudadanía no necesita otra temporada de discursos sobre justicia laboral mientras los expedientes permanecen sin conclusión.

Necesita decisiones, explicaciones y resultados

Porque si el Congreso tiene tiempo para discutir sus remuneraciones, también debe encontrar el espacio institucional para resolver las propuestas que buscan mejorar las condiciones económicas de millones de mexicanos.

El verdadero aguinaldazo que México necesita no es uno que beneficie únicamente a sus representantes, es una reforma laboral y fiscal que, después de años de discusión, permita que los trabajadores reciban un aguinaldo más digno.

Y mientras esa reforma no llegue, seguirá pendiente la pregunta que ningún legislador debería ignorar.

¿Y los trabajadores para cuándo?

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