El Quehacer Político a través de la opinión del Lic Eden Lozano Meza desde la Cámara Alta///EL CONGRESO APRUEBA MILLONES, PERO TAMBIÉN DEBE RENDIR CUENTAS DE CADA PESO.
Por José Alberto Prado Angeles
México acaba de cerrar una de las discusiones económicas más importantes del año, el Congreso aprobó las principales disposiciones fiscales y la Cámara de Diputados autorizó un presupuesto superior a los 10.6 billones de pesos para 2027. Sin embargo, mientras los legisladores defienden sus decisiones sobre el dinero público, una nueva discusión comienza a tomar fuerza. ¿Quién vigila a quienes tienen la responsabilidad de vigilar al Gobierno?
La pregunta adquiere especial importancia porque, durante la última semana, el Senado recibió propuestas para reformar el sistema anticorrupción, surgieron nuevos cuestionamientos sobre contrataciones públicas y se hicieron visibles gastos administrativos del propio Poder Legislativo que merecen explicaciones.
Los acontecimientos ocurridos entre el miércoles 11 y el martes 17 de noviembre muestran que el problema de México no consiste únicamente en conseguir recursos suficientes para atender sus necesidades. También se encuentra en garantizar que las instituciones utilicen correctamente el dinero, cumplan sus obligaciones y respondan cuando sus decisiones son cuestionadas.
El miércoles 11 de noviembre se dio a conocer la aprobación definitiva del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027. La Cámara de Diputados autorizó un gasto de 10 billones 636 mil 488 millones de pesos, después de una extensa discusión que concluyó con 352 votos a favor y 130 en contra.
El presupuesto contempla recursos para programas sociales, educación, salud, infraestructura y funcionamiento de las instituciones. También establece un déficit aproximado de 1.36 billones de pesos y una reducción de seis mil millones de pesos respecto de los recursos solicitados por el Instituto Nacional Electoral, cantidades que fueron reasignadas a otras actividades públicas.
Estas decisiones representan prioridades políticas, pero también compromisos financieros que tendrán consecuencias durante los próximos años.
La mayoría parlamentaria defendió la distribución del gasto, mientras que la oposición cuestionó el endeudamiento y las reducciones presupuestarias. Ambas posiciones forman parte del debate democrático, pero ninguna debería sustituir la obligación de explicar qué resultados se esperan.
PORQUE AUTORIZAR DINERO NO SIGNIFICA QUE NECESARIAMENTE SE UTILIZARÁ CORRECTAMENTE Y APROBAR UNA LEY NO GARANTIZA QUE SUS OBJETIVOS SE CUMPLAN.
El viernes 13 de noviembre se publicaron las principales disposiciones fiscales para 2027. Con ello comenzó una nueva etapa, en la que las autoridades deberán prepararse para aplicar las reglas aprobadas y administrar los recursos conforme al marco jurídico correspondiente.
Pero mientras el Congreso concluía esa discusión, el Senado tenía sobre la mesa una propuesta que podría modificar profundamente la manera en que México combate la corrupción.
El 9 de noviembre, el presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, recibió un paquete de iniciativas que plantea modificar 19 ordenamientos legales. Entre sus propuestas se encuentran fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, crear una nueva Ley General del Sistema Nacional de Fiscalización y otorgar mayor autonomía a la Fiscalía Anticorrupción.
También se planteó revisar la inmunidad procesal de los servidores públicos y abrir la discusión sobre la creación de un Tribunal de Cuentas, que tendría atribuciones para vigilar el ejercicio de recursos públicos y exigir responsabilidades.
La propuesta no constituye todavía una reforma aprobada. Para producir efectos jurídicos tendría que superar el procedimiento legislativo correspondiente y, en los casos que impliquen cambios constitucionales, cumplir los requisitos establecidos por la propia Constitución.
Sin embargo, su presentación revela una preocupación que merece atención.
México cuenta con instituciones encargadas de fiscalizar el gasto, investigar irregularidades y sancionar responsabilidades. Entre ellas se encuentran la Auditoría Superior de la Federación, las autoridades de control administrativo y las fiscalías competentes.
EL PROBLEMA NO SE RESUELVE NECESARIAMENTE CREANDO MÁS ORGANISMOS.
La verdadera discusión consiste en determinar si las instituciones existentes cuentan con independencia, facultades suficientes, coordinación y capacidad para cumplir sus funciones.
Un nuevo tribunal o una fiscalía con mayores atribuciones podría representar una mejora si responde a deficiencias identificadas. Pero también podría generar duplicidades o conflictos de competencia si no se define claramente su relación con los órganos existentes.
Por eso el Congreso debe realizar un análisis jurídico serio antes de aprobar cualquier modificación.
No basta con anunciar una reforma anticorrupción. Es necesario demostrar qué problema pretende corregir, qué facultades se modificarán y cómo se evitará que las investigaciones dependan de intereses políticos.
La discusión adquirió mayor relevancia el martes 17 de noviembre, cuando en la agenda del Senado apareció una proposición para solicitar información sobre presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral.
El planteamiento, presentado por el senador Mauricio Vila Dosal, del PAN, busca que distintas autoridades competentes informen sobre las investigaciones relacionadas con esos señalamientos.
Aquí debemos establecer una diferencia fundamental.
La presentación de una proposición parlamentaria no acredita la existencia de un delito. Tampoco significa que las personas mencionadas sean responsables de alguna irregularidad.
Corresponde a las autoridades investigar, reunir pruebas y determinar si existen responsabilidades conforme a los procedimientos legales.
Pero el hecho de que las acusaciones no estén acreditadas no significa que deban ignorarse.
El INE administra recursos públicos y tiene una responsabilidad institucional especialmente importante, porque debe garantizar la organización de elecciones bajo condiciones de legalidad, imparcialidad y certeza.
Precisamente por eso cualquier señalamiento relacionado con sus contrataciones merece transparencia y una revisión objetiva, sin utilizar las investigaciones como instrumentos de confrontación partidista.
LA AUTONOMÍA DE UNA INSTITUCIÓN NO SIGNIFICA AUSENCIA DE CONTROLES, ASÍ COMO LA FISCALIZACIÓN TAMPOCO DEBE CONVERTIRSE EN UNA HERRAMIENTA DE PRESIÓN POLÍTICA.
Mientras se discutía cómo fortalecer los mecanismos de vigilancia, el martes 17 una investigación periodística de Reporte Índigo dio a conocer gastos administrativos realizados por ambas cámaras del Congreso.
De acuerdo con documentos obtenidos mediante solicitudes de transparencia, la Cámara de Diputados destinó 226 mil 624 pesos a la adquisición de mil 901 insignias para legisladores de las legislaturas LXV y LXVI.
La investigación también identificó un contrato por 259 mil 840 pesos para trabajos de inscripción conmemorativa en el Muro de Honor de San Lázaro.
En el caso del Senado, se documentaron adquisiciones por 40 mil 368 pesos correspondientes a 120 insignias para sus integrantes.
Es importante precisar que los gastos reportados corresponden a diferentes fechas y contrataciones, no exclusivamente a erogaciones realizadas durante esta semana.
Tampoco puede afirmarse que estas adquisiciones sean ilegales solamente por su monto o por el tipo de artículos contratados.
Sin embargo, los datos permiten formular una crítica legítima.
Si el Congreso exige austeridad, eficiencia y responsabilidad presupuestaria a las dependencias públicas, también debe aplicar esos criterios a sus propias decisiones administrativas.
La transparencia no consiste únicamente en publicar contratos después de que alguien solicita conocerlos. También implica explicar por qué se realiza un gasto, cómo se determina su costo y qué beneficio institucional produce.
No se trata de comparar el precio de unas insignias con los billones de pesos del presupuesto nacional. Las cantidades tienen dimensiones completamente diferentes.
Se trata de un principio de congruencia.
Los legisladores que autorizan recursos públicos deben estar dispuestos a explicar cómo se utiliza el presupuesto de las instituciones que integran.
Durante la semana también se desarrollaron asuntos legislativos con consecuencias directas para las ciudades y la vida cotidiana.
El lunes 16 de noviembre, el Senado aprobó con 96 votos reformas para incorporar la arborización y la gestión de áreas verdes a la planeación urbana.
La propuesta modifica disposiciones de las leyes generales en materia ambiental, asentamientos humanos y cambio climático, con la finalidad de que la plantación y conservación de árboles forme parte de las políticas públicas de desarrollo urbano.
La senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, explicó que los árboles deben considerarse elementos de planeación y no solamente ornamentales. Desde el PRI se advirtió que la reforma necesitará metas y recursos para garantizar resultados.
El proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados para continuar su procedimiento legislativo.
La iniciativa responde a una necesidad real. Las ciudades mexicanas enfrentan temperaturas elevadas, contaminación, pérdida de espacios públicos y problemas de crecimiento urbano.
Pero nuevamente aparece la misma pregunta.
¿Quién garantizará que las obligaciones aprobadas se cumplan?
Plantar árboles puede producir beneficios ambientales, pero esos beneficios dependen de la selección de especies, el mantenimiento, la disponibilidad de agua y la coordinación entre autoridades.
UNA BUENA INTENCIÓN LEGISLATIVA NO SUSTITUYE LA PLANEACIÓN NI LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LLEVARLA A LA PRÁCTICA.
El martes 17, el Senado también incorporó a su agenda asuntos relacionados con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, la investigación de hechos vinculados con personas desaparecidas y la armonización de legislaciones estatales en materia de derechos.
Entre las propuestas destacó la solicitud de promover una reunión interparlamentaria con el Senado estadounidense durante el primer trimestre de 2027, con el propósito de fortalecer el diálogo sobre el T-MEC, migración y cooperación bilateral.
La propuesta resulta relevante porque la relación comercial con Estados Unidos y Canadá tiene consecuencias directas para la industria, las exportaciones y el empleo en México.
Pero es importante distinguir una propuesta de exhorto de un acuerdo internacional concluido.
El Senado puede impulsar el diálogo parlamentario y ejercer sus atribuciones constitucionales en política exterior, pero no sustituye al Ejecutivo en la conducción de las negociaciones comerciales.
El trabajo legislativo debe contribuir a fortalecer la posición institucional del país y ofrecer certeza jurídica a quienes participan en sus actividades económicas.
Al observar todos estos acontecimientos aparece una contradicción que el Congreso debería atender.
Por un lado, los legisladores aprueban presupuestos millonarios, nuevas obligaciones y reformas que buscan mejorar el funcionamiento del Estado.
Por otro, continúan los cuestionamientos sobre la capacidad de las instituciones para vigilar el uso de los recursos y responder frente a posibles irregularidades.
El problema no puede resolverse solamente aumentando sanciones o creando nuevas dependencias.
También requiere fortalecer los procedimientos de fiscalización, asegurar que las investigaciones se desarrollen con independencia y garantizar que las autoridades rindan cuentas de manera oportuna.
La mayoría parlamentaria tiene la facultad de aprobar leyes y respaldar las prioridades del Gobierno, pero esa capacidad implica una responsabilidad política mayor respecto de sus resultados.
La oposición tiene el derecho de cuestionar las decisiones y solicitar investigaciones, pero debe hacerlo con argumentos verificables, evitando presentar sospechas como responsabilidades demostradas.
Y ambas cámaras tienen una obligación que no depende de su integración partidista.
ADMINISTRAR SUS PROPIOS RECURSOS CON LA MISMA RESPONSABILIDAD QUE EXIGEN A LAS DEMÁS INSTITUCIONES PÚBLICAS.
México necesita un Congreso capaz de discutir el presupuesto, revisar la actuación del Gobierno, construir leyes técnicamente sólidas y vigilar su aplicación, pero también necesita legisladores que comprendan que la confianza pública no se obtiene mediante discursos sobre honestidad o transparencia, se construye con decisiones verificables.
Cuando se publica un contrato, cuando se justifica un gasto, cuando se investiga una irregularidad y cuando una autoridad responde por sus resultados, ésa es la verdadera dimensión de la rendición de cuentas.
El Congreso ya decidió cuánto dinero podrá utilizar el Gobierno durante 2027. Ahora debe demostrar que está dispuesto a vigilar su ejercicio y a revisar con el mismo rigor sus propias decisiones.
Porque los ciudadanos no necesitan solamente conocer cuánto dinero se aprobó.
Necesitan saber quién lo administra, cómo se utiliza y qué ocurre cuando no se cumplen las obligaciones.
La autoridad para exigir cuentas también se construye rindiéndolas.
Y ésa es una responsabilidad que comienza dentro del propio Congreso.
