El Quehacer Político a través de la opinión del Lic Eden Lozano Meza desde la Cámara Alta///Del Congreso a la calle, el verdadero examen del poder público

Por Lic Eden Lozano Meza

México entra en una etapa de decisiones económicas, revisión de resultados y nuevas responsabilidades legislativas. El reto no consiste solamente en aprobar leyes y presupuestos, sino en demostrar que las instituciones pueden transformar sus decisiones en beneficios reales para la ciudadanía.

En México, cada año escuchamos hablar de nuevas reformas, presupuestos históricos, programas sociales, inversiones y acuerdos políticos que prometen mejorar las condiciones de vida de la población. Sin embargo, para millones de ciudadanos la realidad se mide de otra manera, en el tiempo que esperan para recibir atención médica, en el estado de las calles, en la seguridad de sus comunidades, en el costo de la vivienda y en las oportunidades que encuentran para sostener a sus familias. Esa diferencia entre los anuncios oficiales y los resultados cotidianos representa uno de los principales desafíos del Congreso de la Unión y de los congresos estatales, incluido el de la Ciudad de México.

Durante octubre, el Poder Legislativo federal concentró una parte importante de sus actividades en el análisis del Paquete Económico 2027, mientras que el Congreso capitalino desarrolló las comparecencias de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México con motivo del Segundo Informe de Gobierno. Aunque se trata de procedimientos distintos, ambos tienen un propósito fundamental, revisar las decisiones de quienes administran los recursos públicos y establecer las condiciones bajo las cuales deberán utilizarse durante el siguiente año.

Lo importante de estos acontecimientos no es solamente conocer cuánto dinero se autoriza o cuántas iniciativas se presentan, sino comprender qué obligaciones adquieren las autoridades y cuáles son las herramientas con las que cuenta la ciudadanía para exigir resultados.

El presupuesto, la decisión que determina las prioridades del país

La discusión del Paquete Económico 2027 representa una de las responsabilidades más importantes del Congreso de la Unión, porque establece las bases financieras con las que operará el Gobierno federal. La Ley de Ingresos determina las fuentes de recursos previstas, mientras que el Presupuesto de Egresos establece cómo se distribuirá el dinero entre las diferentes actividades públicas. Son dos decisiones relacionadas, pero no equivalentes, y conocer esa diferencia permite entender por qué una discusión legislativa puede tener consecuencias directas en la vida cotidiana.

El Senado participa en la revisión de la Ley de Ingresos y de las modificaciones fiscales, mientras que la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobar el Presupuesto de Egresos. Esto significa que los diputados deberán examinar las cantidades destinadas a salud, educación, seguridad, infraestructura, programas sociales y funcionamiento de las instituciones federales, además de evaluar si las propuestas cuentan con una justificación suficiente.

Para comprender la magnitud de esta responsabilidad basta pensar en un hospital público. Autorizar recursos para su funcionamiento no garantiza automáticamente que tenga médicos suficientes, medicamentos disponibles o equipos en condiciones adecuadas. Del mismo modo, destinar dinero a infraestructura no significa que las obras se concluyan a tiempo ni que respondan a las necesidades más urgentes. El presupuesto constituye el punto de partida, pero los resultados dependen también de su ejecución, supervisión y evaluación.

Por eso, el debate legislativo debería ir más allá de las cantidades anunciadas. Es necesario conocer qué problemas pretende resolver cada asignación, cuáles serán sus metas y de qué manera se comprobará que los recursos produjeron los beneficios esperados. Cuando el presupuesto se discute únicamente como una confrontación entre partidos, se corre el riesgo de dejar en segundo plano las necesidades de las personas que dependen de los servicios públicos.

La Ciudad de México, entre los informes oficiales y los problemas cotidianos

En el ámbito local, el Congreso de la Ciudad de México inició durante octubre la revisión del Segundo Informe de Gobierno mediante las comparecencias de titulares de distintas dependencias. Este procedimiento, conocido como glosa, permite que los legisladores formulen preguntas a los funcionarios, soliciten explicaciones sobre sus decisiones y revisen los resultados de la administración pública.

El calendario anunciado contempla la participación de titulares de dependencias entre octubre y noviembre, con asuntos relacionados con seguridad, finanzas, salud, movilidad, obras públicas, medio ambiente y desarrollo económico. Se trata de materias que tienen consecuencias directas para quienes viven y trabajan en la capital.

La comparecencia del titular de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, abrió una discusión sobre el estado de las finanzas públicas y la inversión gubernamental. Mientras legisladores de la mayoría destacaron los avances financieros expuestos por la administración, la revisión parlamentaria también permite preguntar si esos recursos se traducen en mejoras suficientes para los servicios y la infraestructura de la ciudad.

Una discusión semejante debe mantenerse en materia de movilidad. Para quienes utilizan diariamente el transporte público, los indicadores oficiales adquieren sentido cuando se reflejan en tiempos de traslado razonables, instalaciones seguras y un servicio confiable. Lo mismo ocurre con el agua potable, el alumbrado público, el mantenimiento de calles y la atención a las unidades habitacionales, problemas que requieren coordinación entre las dependencias capitalinas y las 16 alcaldías.

Las comparecencias no deberían convertirse únicamente en espacios para presentar logros o expresar críticas partidistas. Su utilidad consiste en contrastar las cifras oficiales con los problemas identificados por la población, establecer compromisos verificables y dar seguimiento a las respuestas de los funcionarios. La obligación de rendir cuentas no concluye cuando termina una intervención ante el Congreso.

Vivienda, salud y servicios públicos, derechos que necesitan resultados

La agenda legislativa de la Ciudad de México también incluye propuestas relacionadas con necesidades concretas de la población. Entre ellas se encuentran las discusiones sobre regulación de las rentas de vivienda, el derecho a una segunda opinión médica y las condiciones del alumbrado público. Aunque estos asuntos se encuentran en distintas etapas de análisis, permiten observar cómo una iniciativa puede surgir de problemas que enfrentan las familias.

En materia de vivienda, el debate debe considerar tanto las dificultades de quienes destinan una parte importante de sus ingresos al pago de una renta como los derechos de las personas propietarias y la necesidad de mantener una oferta suficiente de inmuebles habitables. Una regulación adecuada requiere información sobre precios, condiciones de contratación y efectos económicos, además de reglas claras que permitan prevenir abusos y resolver controversias.

En salud, la propuesta de garantizar una segunda opinión médica plantea una cuestión importante, el derecho de los pacientes a contar con información suficiente antes de aceptar determinados tratamientos o procedimientos. Sin embargo, reconocer un derecho en una ley exige analizar también cómo podrá ejercerse, qué autoridad deberá atender las solicitudes y cuáles serán los recursos humanos y materiales necesarios para cumplirlo.

El alumbrado público ofrece otro ejemplo. Una iniciativa para mejorar su cobertura puede establecer nuevas obligaciones de diagnóstico y planeación, pero el problema solamente comenzará a resolverse cuando existan acciones de mantenimiento, coordinación institucional y resultados visibles en las calles. Para los habitantes de una colonia, la eficacia de una medida se observa cuando una luminaria funciona y contribuye a mejorar las condiciones del espacio público.

Estos temas demuestran que una iniciativa legislativa no debe confundirse con una solución ya alcanzada. Entre la presentación de una propuesta y su aplicación existen etapas de análisis, discusión, aprobación y, cuando corresponde, publicación e implementación. Explicar estas diferencias resulta indispensable para que los ciudadanos conozcan qué se ha logrado y qué permanece pendiente.

La fiscalización, el dinero público también debe explicar sus resultados

La revisión de la Cuenta Pública 2024 por la Cámara de Diputados incorporó nuevamente al debate nacional las observaciones sobre recursos federales pendientes de aclaración. Este procedimiento permite examinar cómo fueron utilizados los fondos públicos y conocer los resultados de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación.

Es importante distinguir una observación de auditoría de una irregularidad definitivamente acreditada. Los recursos pendientes de aclaración requieren documentación y seguimiento, pero no representan automáticamente dinero robado ni una responsabilidad penal demostrada. Para llegar a esas conclusiones deben agotarse los procedimientos legales correspondientes.

Esta precisión no reduce la importancia de la fiscalización. Por el contrario, permite exigir información seria y verificable sobre las cantidades observadas, los recursos recuperados, los expedientes pendientes y las responsabilidades que, en su caso, lleguen a determinarse.

La revisión de los recursos ejercidos en años anteriores también debería servir para mejorar las decisiones presupuestarias futuras. Si una dependencia recibe nuevas asignaciones, es razonable preguntar qué resultados obtuvo con el dinero previamente autorizado. Si una obra presentó retrasos o incrementos de costo, conviene conocer sus causas antes de aprobar proyectos semejantes.

El Congreso tiene facultades para autorizar recursos, pero también responsabilidades de supervisión. Ambas funciones deben complementarse, porque el control del gasto público permite identificar problemas administrativos y establecer medidas para corregirlos.

La responsabilidad legislativa no termina con levantar la mano

Una parte importante del trabajo parlamentario ocurre antes y después de las sesiones del Pleno. Las iniciativas deben estudiarse en comisiones, los dictámenes requieren argumentos técnicos y las reformas necesitan seguimiento para conocer si realmente funcionan. Además, las propuestas pueden modificarse durante el procedimiento legislativo y, cuando intervienen ambas cámaras del Congreso de la Unión, deben respetarse las reglas constitucionales correspondientes.

Por ello, la productividad de un legislador no debería medirse exclusivamente por el número de iniciativas que presenta. También importa la calidad de sus propuestas, la atención que presta al trabajo en comisiones, su participación en las discusiones, la fundamentación de sus votos y el seguimiento que realiza a las leyes aprobadas.

Esta responsabilidad se extiende a las mayorías y a las oposiciones. Quienes cuentan con los votos necesarios para aprobar una reforma deben explicar sus beneficios y sus posibles costos. Quienes se oponen tienen la oportunidad de presentar argumentos, proponer modificaciones y demostrar por qué consideran que existen alternativas. El debate parlamentario adquiere valor cuando permite mejorar las decisiones, no solamente cuando reproduce las diferencias entre partidos.

También resulta fundamental que los congresos mantengan una relación constante con la sociedad. Las necesidades de una comunidad no siempre se reflejan adecuadamente en los informes oficiales, por lo que las reuniones de trabajo, los ejercicios de parlamento abierto y los mecanismos de participación pueden aportar información relevante para la elaboración de leyes y presupuestos.

Noviembre, un mes para comprobar las prioridades

Durante noviembre, la atención nacional continuará concentrándose en las decisiones presupuestarias y en las consecuencias de las reformas fiscales, mientras que en la Ciudad de México seguirá la revisión de los resultados de las dependencias y avanzará la preparación de las decisiones económicas locales.

Para la ciudadanía, este periodo representa una oportunidad para observar si las prioridades anunciadas coinciden con los problemas que enfrenta diariamente. No basta con conocer las cantidades destinadas a seguridad si no se explican los objetivos que se pretenden alcanzar. Tampoco es suficiente anunciar inversiones en movilidad, vivienda o salud sin establecer mecanismos para evaluar su cumplimiento.

El verdadero examen del poder público consiste en conectar las decisiones legislativas con resultados que puedan comprobarse. Una ley debe ofrecer certeza jurídica, un presupuesto debe atender necesidades identificables y una comparecencia debe permitir obtener información que sirva para mejorar la administración pública.

México necesita congresos capaces de debatir, revisar, corregir y supervisar, pero también una ciudadanía informada que pueda distinguir entre una propuesta, una decisión aprobada y un resultado efectivamente alcanzado. Esa distinción permite comprender mejor la política y exigir responsabilidades con argumentos.

Porque las decisiones públicas no deberían medirse solamente por los discursos pronunciados o las votaciones obtenidas, sino por su capacidad para mejorar la vida de las personas. El Congreso legisla dentro de sus recintos, pero el verdadero resultado de su trabajo se observa todos los días, en las calles, en los hogares y en los servicios que recibe la sociedad.