El comisionado Estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, confirmó la permanencia del modelo policiaco de Mando Único en el estado mediante la firma de convenios, y adelantó que en aquellos municipios donde los alcaldes se nieguen a firmar se impondrá el sistema policial por decreto.

Es el caso, dijo, de la capital morelense donde aseguró que la alcaldía se encargará del aspecto administrativo, pero la operatividad la mantendrá la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP). De hecho el alcalde capitalino Francisco Antonio Villalobos Adán aceptó el acuerdo en esos términos.

El primer decreto para imponer el Mando Único en los 33 municipios se registró en enero de 2016, durante la administración del perredista Graco Ramírez Garrido (2012-2018), “ante las alteraciones graves al orden público” suscitadas por el asesinato de la alcaldesa Gisela Raquel Mota Ocampo, acribillada en el interior de su domicilio por un grupo armado un día después de rendir la protesta de ley.

El decreto entró en vigor con el ayuntamiento de Cuernavaca y cuando Cuauhtémoc Blanco tomó posesión como alcalde la Comisión Estatal de Seguridad asumió el control de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) e impidió que el ex diputado Carlos de la Rosa, designado por Blanco Bravo como mando policiaco, entrara al edificio bajo el argumento de que no contaba con los exámenes de Control de Confianza, requisito indispensable para estar al frente de la institución, se informó en un comunicado.

Blanco Bravo mantuvo su negativa para entregar la SSC al gobierno de Morelos, pero el entonces gobernador Graco Ramírez insistió en la necesidad de combatir al crimen en Cuernavaca mediante la estrategia de Mando Único, y el modelo policial permaneció hasta esta administración.

Ahora el comisionado de Seguridad, vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, afirmó que mantendrán la estrategia de Mando Único para combatir los altos índices de violencia en el estado, que se recrudecieron hacia el final de 2018.

Violencia en cifras

Acorde a las fichas de levantamiento de cuerpos de la Fiscalía General del Estado, diciembre cerró con 86 homicidios dolosos, 15 de las víctimas eran mujeres, 57 de los casos ocurridos fueron por impacto de bala, 10 por golpes, seis desconocidas, pero con señales de violencia sin mayores detalles, cuatro degollados, cuatro acuchillados, dos calcinados, dos estrangulados, un desmembrado y una lapidada.

Durante los cambios de gobiernos se observa un incremento de la violencia homicida. El cambio de gobierno del panista Marco Adame y la entrada del perredista Graco Ramírez, en 2012, dejó 867 personas asesinadas, cifras registradas en el Secretariado Ejecutivo del sistema Nacional de Seguridad Pública.

Con el cambio de gobierno en 2018, el año cerró con 819 asesinatos, el más violento de los últimos seis años; 82 de estos crímenes fueron mujeres y 231 de se cometieron los últimos tres meses, con el nuevo sexenio que inició el 1 de octubre pasado.