Yesica Luna: del Metro a la CFE bajo la lupa
Por Israel Mendoza Pérez
La funcionaria presume pertnecer al primer cìrculo de Palacio Nacional aunque su desarrollo laboral se divide entre disputas sindicales y denuncias por presuntas irregularidades
La llegada de Yesica Luna Espino a la Dirección de Administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no pasó inadvertida. Funcionarios y trabajadores consultados describen una gestión que, desde sus primeros meses, generó inconformidad por cambios de personal, presuntos despidos injustificados, incorporación de colaboradores cercanos y un estilo de conducción que califican de autoritario. La funcionaria, que de acuerdo con fuentes internas, presume gozar de una supuesta cercanía con el primer círculo de la presidenta Claudia Sheinbaum, enfrenta ahora un episodio de mayor calado: dos denuncias presentadas por trabajadores de la empresa pública por presuntas irregularidades en el manejo de personal y contrataciones.
Luna Espino no es ajena a la administración pública. Entre 2019 y 2023 se desempeñó como directora general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno de la Ciudad de México y, posteriormente, entre 2023 y 2024, ocupó la Subdirección General de Administración y Finanzas del Metro. Buena parte de esa trayectoria transcurrió durante la administración capitalina de Sheinbaum, circunstancia en la que fuentes consultadas sustentan la cercanía política que atribuyen a la funcionaria.
Su paso por el Metro tampoco estuvo exento de fricciones. Participó directamente en las negociaciones con el Sindicato, encabezado por Fernando Espino. Fuentes que conocieron aquellos episodios describen la relación entre Luna y Espino como particularmente ríspida y aseguran que la funcionaria llegó a convertirse en una de las principales adversarias del dirigente dentro de la administración del Metro.
Ahora, las inconformidades se trasladaron a la CFE. Trabajadores consultados aseguran que, desde su incorporación, Luna Espino ha mantenido un trato prepotente con subordinados y le atribuyen presuntos abusos de autoridad, despidos sin justificación y movimientos de personal destinados a abrir espacios para colaboradores de su confianza.
El lunes 10 de agosto, fueron ingresados dos escritos ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, y la Unidad de Responsabilidades de la empresa pública. De acuerdo con documentos a los que este medio tuvo acceso, el folio 113435/2026 concentra señalamientos relacionados con personal, mientras que el 113437/2026 apunta a adquisiciones y contrataciones. Los trabajadores solicitaron mantener sus identidades bajo reserva ante el temor de represalias.
El primer expediente pide revisar nombramientos, perfiles y remuneraciones de funcionarios incorporados a la estructura administrativa. Entre los casos señalados está el de Sonia Hernández Pineda, titular de la Unidad de Responsabilidades, a quien fuentes internas le atribuyen ingresos mensuales por 250 mil pesos.
En la lista están también Octavio Francisco Estrada Hernández, auxiliar técnico especializado en la Dirección de Administración; Gabriela Mejía Muciño, quien se desempeña como jefa de Unidad en la Dirección de Administración; Joel López Villagómez, que encabeza la Unidad de Ética y Rendición de Cuentas; y Laura Gabriela Honorato Boyso, jefa de proyecto en la Gerencia de Relaciones Laborales. Además de Marisol Duarte Martínez, adscrita a la Unidad de Género e Inclusión; Guillermo Eduardo Martínez Villanueva, jefe de la Unidad de Enajenación de Bienes Muebles; y Luis Landero Villalba, adscrito a la Dirección de Administración.
De confirmarse la información, sus percepciones superarían por mucho el sueldo bruto de la presidenta Claudia Sheinbaum, reportado en poco más de 191 mil pesos mensuales. Ello, en contravención no sólo de la política de austeridad en el servicio público, sino del mandato constitucional que establece como límite el sueldo de la persona titular del Poder Ejecutivo federal.
La denuncia también pide investigar una presunta venta de plazas o cobros relacionados con el ingreso de trabajadores a la CFE. Según el escrito, empleados de reciente incorporación habrían sido obligados a entregar parte de sus remuneraciones a las personas que supuestamente les consiguieron el puesto y quienes se negaran podrían enfrentar presiones laborales o perder el empleo.
La segunda denuncia solicita investigar el uso de órdenes de compra menor para mantenimiento de inmuebles, servicios y artículos de consumo, ante la sospecha de que necesidades similares o recurrentes pudieron dividirse en operaciones de menor cuantía en vez de agruparse y someterse a procedimientos competitivos. También apunta a adjudicaciones directas de la Unidad de Servicios Generales y de Apoyo y a un posible favorecimiento recurrente de determinados proveedores.
A ello se suman inconformidades sobre la calidad de algunos bienes y servicios recibidos y señalamientos de un supuesto trato favorable hacia determinados proveedores. Los trabajadores piden revisar los expedientes completos, las razones utilizadas para justificar las adjudicaciones, las cotizaciones y precios pagados y, especialmente, la posible existencia de vínculos entre empresas beneficiadas y funcionarios que intervienen en los procedimientos.
