“Kiko” deja de pagar salarios; él culpa al Gobierno federal, pero en BC se habla de corrupción
“Kiko” deja de pagar salarios; él culpa al Gobierno federal, pero en BC se habla de corrupción
Por Redacción QP
“Kiko” deja de pagar salarios; él culpa al Gobierno federal, pero en BC se habla de corrupción
Por Redacción QP
Nunca en 30 años del Tribunal de Justicia Alternativa se había dejado de entregar el recurso por parte del Gobierno del Estado de Baja California. Hoy día dicen, los tienen hasta el cuello al no pagarles tres catorcenas. Lo mismo sucede en el Tribunal Superior de Justicia, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia, el Instituto Estatal Electoral, el Cecyte, el Cobach, entre otros. A “Kiko” Vega lo denuncian ante PGR por corrupción.
“El no pago de nómina por parte Francisco Vega de Lamadrid más que un Gobierno en quiebra denota corrupción, indisciplina financiera e ineficacia en ejercicio del gasto, por lo que debe ser denunciado e investigado por las vías legales”, consideró el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías.
La falta de liquidez es responsabilidad de quien transfiere los fondos previamente calculados, “no se puede hablar de quiebra o falta de fondos, hay indisciplina en el manejo del gasto público, es una indebida aplicación y control del presupuesto, es ahí donde se tiene que investigar”.
Respecto al argumento del Gobierno del estado de que la falta de fondos federales lo llevó a esta crisis que le impide depositar la nómina de diversos órganos estatales, Solís Farías expuso que entonces el Gobernador “Kiko” Vega “tendría que sumarse a las demandas de los afectados, haciendo un llamado enérgico al Gobierno federal”.
No obstante, advirtió que los gobiernos deberían contar con un fondo de emergencia para atender este tipo de contingencias.
La última catorcena de octubre y la primera de noviembre de 2018, el Gobierno del Estado dejó de enviar los recursos para la administración y operación de seis dependencias y un poder del Estado: Cobach. Cecyte, Instituto estatal Electoral, Instituto de Transparencia, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Tribunal de Justicia Alternativa al Poder Judicial.
Desde pagos por 300 mil pesos hasta por 20 millones de pesos, se dejaron de suministrar con el argumento, por parte de la Secretaría de Finanzas hacia los titulares de las dependencias, que no había dinero porque se utilizó para el pago a maestros –que van a un nuevo paro por las mismas razones-, y porque los recursos extraordinarios por parte del Gobierno federal no habían llegado a las arcas estatales.
Lo cual indica que los recursos ordinarios, etiquetados por el Congreso del Estado para ser ejercidos por el Gobierno del Estado y entregados a las dependencias y poderes, fueron desviados de su propósito original para el pago de otros servicios o productos.
La falta de pago, que no había sucedido en los gobiernos panistas de Baja California y mucho menos en la cantidad económica y de instituciones que se deja de recursos, hizo crisis la última semana de noviembre, cuando en las instancias no tuvieron dinero suficiente para pagar los sueldos de los trabajadores.
De hecho, en dependencias como el ITAIP, el IEE, la CEDH, y en el Poder Judicial, temen que en diciembre no tengan para pagar aguinaldos. Las cifras del recurso mensual a entregar durante el último mes del año, incrementan debido a esa prestación. El secretario de Finanzas, Bladimiro Hernández, no les ha garantizado que el pago llegará, y algunas instituciones sobreviven con ahorros o de la solidaridad de los empleados a quienes no paga, aunque ha sido conocido que muchos de estos trabajadores están buscando abogados para demandar al Gobierno del Estado.
Vía telefónica primera, y por mensajería de celular después, el secretario de finanzas Bladimiro Hernández fue contactado por ZETA, pero no dio respuesta a las preguntas para conocer el porqué de la falta de recurso ordinario y el número de entidades a las cuales dejaron sin dinero, entre otras cuestiones.
ANTE PGR DENUNCIARON POR CORRUPCIÓN A VEGA
“Estamos en una crisis financiera motivada a partir de la negligente y corrupta utilización de los recursos públicos por parte del Gobierno del Estado”, señaló Carlos Atilano Peña, representante del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI), organismo que interpuso el mediodía del jueves 29 de noviembre una denuncia penal en contra del Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, por el delito de corrupción.
No es posible que estas alturas siga habiendo adeudos con algunas instituciones del estado y se diga que es por falta de fondos no entregados por la federación, cuando un estudio que de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó “desfalcos, desvíos y ausencia de recursos de la federación que fueron entregados al Estado y que deberán ser motivo de una investigación muy profunda para determinar el monto y, sobre todo acreditar la comisión de estos delitos”.
La querella integrada bajo el número de expediente FED/BC/TIJ/0005116/2018 ante la Procuraduría General de la República (PGR) “es para que se investigue esta situación que contrasta con el enriquecimiento que Francisco Vega de Lamadrid ha logrado siendo servidor público”, dijo.
En la investigación se demandó incluir a Carlos Bonfante, secretario de Desarrollo Económico; Loreto Quintero, Oficial Mayor; así como a los ex secretarios de Finanzas y Desarrollo Urbano y Ecología, Antonio Valladolid y Manuel Guevara, respectivamente; además del ex Gobernador Osuna Millán y el ex director del Seguro Popular, Alejandro Monraz Sustaita.
La denuncia fue integrada con más de 144 fojas en las que se incluyeron documentos de al menos 40 propiedades que “Kiko” Vega tiene registradas a su nombre, así como en las que aparece como socio o son propiedad de su familia, informó el representante de COCI, Carlos Atilano.
También se incluyeron informes, dictámenes, asignaciones de obras, como las entregadas a Víctor Hermosillo y el contrato de las vías de tren concesionado a Fernando Beltrán.
“NOS TIENEN HASTA EL CUELLO”: MAGISTRADO MONTERO
La mañana del viernes 23 de noviembre se acumuló el no pago de la tercera catorcena a los 110 empleados que conforman el Tribunal Estatal de Justicia Alternativa del Estado de Baja California, informó el presidente del organismo, Carlos Rodolfo Montero Vázquez, situación que generó incertidumbre.
El monto de la nómina catorcenal del Tribunal asciende a un millón de pesos, gasto previamente programado en el presupuesto autorizado de 42 millones de pesos para el actual ejercicio fiscal.
Al retraso en el pago de nómina se suma la falta de depósito, también por tres catorcenas, del gasto operativo. “Esta administración nos tiene hasta el cuello”, dijo al referir que en los 30 años que tiene el Tribunal “no había pasado que se demoraran con el pago de los sueldos por más de un día”.
Fue hasta la tarde del pasado viernes cuando el Gobierno del estado logró depositarle una de las tres catorcenas pendientes, pero la incertidumbre prevalece ya que para el próximo 7 de diciembre no sólo se acumulará una catorcena más, sino que en esa fecha deberá quedar cubierta la primera parte del aguinaldo, pagos que de no ser cubiertos en tiempo y forma podrían afectar la operatividad del Tribunal y “si los juicios se atrasan a la larga a quién le cuesta es al Estado”, advirtió.
CECYTE SIN CLASES
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California (Cecyte BC) se quedó sin recursos para pagar lo correspondiente a la catorcena número 24 de este año, por lo que alrededor de 2 mil 300 empleados, entre trabajadores y administradores, no recibieron su sueldo el pasado viernes 23 de noviembre.
A través de un correo la dirección estatal de Cecyte BC avisó el viernes por la tarde que no sería posible hacer el pago porque la federación no había “transferido” su subsidio y el mismo Colegio no cuenta con recursos propios para cubrir la deuda, desde ese mismo día el Sindicato “Poder Obrero de Trabajadores de BC” (Sinpot BC) convocó a un paro de labores a nivel estatal, el cual se efectuó a partir del miércoles 28, luego de haber realizado una manifestación el martes 27.
Tadeo Hernández Perales, coordinador Zona Costa del Sinpot BC amenazó con un “estallamiento a huelga” si el próximo martes 4 de diciembre no se hace efectivo el pago de la catorcena faltante.
Una semana antes de que se presentara la problemática de la falta de pago del salario al personal de Cecyte, cuatro integrantes del plantel Playas – Santa Fe en Tijuana fueron despedidos el viernes 16 de noviembre, luego de formar parte de una manifestación “brazos caídos” un mes antes, también por la falta del pago de sus prestaciones.
El coordinador del Cecyte BC en la Zona Costa, José de Jesús Ibarra Estrada, informó que la rescisión fue porque se comprobó que los cuatro afectados “intervinieron” en la educación de los alumnos, al regresarlos de la puerta de la escuela para continuar con la manifestación a pesar de que el Colegio ya había cumplido con el pago de las prestaciones que exigieron.
TOMA SNTE OFICINAS DE ISSTECALI POR FALTA DE PAGO
A las 08:00 horas del jueves 29 de noviembre, más de 200 profesores de la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tomaron las oficinas de ISSSTECALI, plantándose en el Centro Cívico de Mexicali, exigiendo así al Gobierno del Estado el pago correspondiente al mes de noviembre.
Por segundo mes consecutivo, el Poder Ejecutivo incumplió con el pago a los más de 7 mil maestros jubilados en Baja California, sumando un adeudo de más de 280 millones de pesos a este sector, informó María Luisa Gutiérrez Santoyo, líder del sector magisterial, quién convocó a la suspensión de labores y toma de oficinas.
Advirtió que debido a la crisis que enfrenta el Estado, “existe la posibilidad que los mismos docentes activos sufran esta problemática para fin de año, por lo que es necesario presionar al Gobierno para que realice las gestiones correspondientes”.
A la protesta se unieron profesores de Cecyte y del SETE, quienes sufren el mismo incumplimiento en los pagos, por lo que el día de hoy, viernes 30 de noviembre, se unirán a la toma de instalaciones del Poder Ejecutivo, sin descartar el cierre de otros edificios públicos.
“IMPOSIBILITADO DE PAGAR”: “KIKO”
El Gobernador del estado de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, declaró que esta situación la venía previendo desde dos meses atrás, pero “estamos esperando que nos lleguen los recursos federales para ponerle remedio a esto”.
Después de hacer esta declaración el miércoles 28 de noviembre, “Kiko” Vega emitió un posicionamiento público, indicando en ocho puntos que si el gobierno del Estado no ha depositado la nómina a los diferentes poderes, organismos descentralizados y autónomos, ha sido porque “no se depositó por parte de la federación el total de apoyos extraordinarios irreductibles a la educación, ni del Fondo de Fortalecimiento Financiero que se tenía estimado recibir”, tanto en 2017 como 2018.
Subrayó que su gobierno “hizo frente a este déficit financiero con recurso propio, mismo que se debía haber destinado para programas estatales”.
Por ese motivo, agregó, “en este momento el estado no cuenta ya con recurso propio para seguir sacando adelante los compromisos de flujo de efectivo y es necesario que por parte del Gobierno Federal se atienda a Baja California”.
Ante ese escenario, continuó, “en convenio con los representantes de los diferentes Poderes, Organismos Descentralizados y Autónomos, el Gobierno del Estado ha depositado un porcentaje del subsidio que les corresponde, en medida de las restricciones financieras que se viven en la actualidad”.
Y puntualizó: “hacemos la precisión que el gobierno no es el responsable de administrar los recursos de cada Poder, Organismo Descentralizado y Autónomos”, desmarcándose así de la responsabilidad del no pago de la nómina.
DIPUTADOS DEMANDAN ACREDITAR CRISIS FINANCIERA
El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) emitió un posicionamiento en el que demandan al gobierno de “Kiko” Vega acreditar con elementos los señalamientos públicos en los que responsabiliza al gobierno federal de la crisis financiera estatal.
“Adicional a la situación, tampoco ha habido una postura por parte de la federación sobre el tema, que permita confirmar o desvirtuar las aseveraciones del titular del ejecutivo estatal, lo que solamente genera que crezca la incertidumbre y especulación sobre los compromisos presentes y futuros por parte del Gobierno del Estado en diferentes rubros”, añadió el diputado Benjamín Gómez Macías, Coordinador de los legisladores priistas en el Congreso del Estado.
Ante ello, demandaron tanto al gobierno federal como estatal “que de cara a los ciudadano definan de manera clara y aporten los elementos suficientes que acrediten sus respectivas posturas, a efecto de que no se siga generando incertidumbre, inestabilidad y politización de un tema tan importante como lo es la viabilidad financiera”.
Con Información de Zeta
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