Exigencia demencial: continuar el baño de sangre.
Por Mouris Salloum George

Director General del Club de Periodistas de Mexico AC

Por macabro, resulta repulsivo consignar el dato que haya destacado un modelo estadístico único para contar las muertes violentas en México; se hace alusión al tema, porque pone en evidencia un secreto a voces: que el disperso y conservador recuento de víctimas mortales de la guerra contra el crimen organizado declarada por Calderón en diciembre de 2006 hasta el día de hoy, está lejos de reflejar la magnitud de la barbarie que sobrecoge y paraliza a la sociedad mexicana.

Ello es así, porque algunas fuentes (sobre todo de cuño oficial), para atemperar el impacto psicológico de la tragedia nacional, suelen disminuir las cifras referidas de los muertos para privilegiar lo que consideran aspectos positivos del combate a la delincuencia organizada. Aún desde este enfoque, las diversas instancias que participan en esas tareas no coinciden a la hora de presentar sus balances sobre las bajas humanas, la violencia política y de género, un tema que está cobrando gran relevancia en los últimos días debido a los atentados electorales en diversas entidades del país.

En la contraparte, la de movimientos de familiares de las víctimas, organizaciones no gubernamentales, comisiones Institucionales defensoras de los derechos humanos —domésticas e internacionales—, y algunos medios de comunicación procesan datos que, con creces, superan los cuadros sistematizados por las autoridades federales o estatales.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) maneja encuestas bajo el rubro genérico de homicidios, la Fiscalía General de la República (FGR), de su lado, suele hacer un deslinde aritmético para separar lo que denomina “ejecuciones atribuibles a las partes en guerra” a como víctimas mortales en los sexenios anteriores de Fox, Calderón, Peña y hoy el de AMLO. La estadística generada resulta espeluznante frente a datos del propio INEGI sobre los homicidios, sin hacer tipificación entre los llamados de “orden común” y las ejecuciones invariablemente atribuidas por el aparato oficial a las bandas del narco.

Detrás de ese ejercicio que se antoja hasta inhumano, están dos atroces consecuencias de la guerra: el devastador impacto sobre el espectro económico en una doble vertiente, la inhibición de la inversión para el
desarrollo productivo y la fuga de empresarios; y la ruptura del tejido social, que empieza por la desintegración de las familias; aún aquellas que no han visto su estructura agredida directamente, pero que son atrapadas en la psicosis colectiva.

Vista la estrujante dimensión del drama mexicano, resulta demencial (sin una mínima concesión a la sensibilidad y a la autocrítica a su fallida estrategia), como si fuera una condición sine qua non para exigir que no se continúe la orgía de violencia que deja como marca el baño de sangre.