Normalmente, las órdenes religiosas comienzan como “institutos de vida consagrada” aprobados por el obispo local para que operen en su diocesis. Con el tiempo, si atraen suficientes miembros, pueden pedirle al Vaticano que les dé reconocimiento pontificio, como por ejemplo los jesuitas o los Misionarios de la Caridad.

El Vaticano en el 2016 ya le había advertido a los obispos locales que debían consultarle antes de aprobar una orden religiosa y que de lo contrario su solicitud no sería aprobada. La nueva ley va más allá, exigiendo una aprobación por escrito del Vaticano antes de que el obispo pueda aprobar la orden.

La nueva ley estipula que el mayor control del Vaticano era necesario para garantizar que las nuevas órdenes cumplan con ciertas condiciones de espiritualidad, y para evitar la proliferación de comunidades pequeñas en una diócesis tras otra.

“Los fieles tienen el derecho de recibir orientación de sus pastores sobre la autenticidad de los movimientos espirituales y sobre la fiabilidad de quienes se presentan como fundadores”, expresa el texto de la ley.

Con información de AP