La iniciativa de López Obrador generó mucha polémica en el país e incluso este jueves un magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Luis María Aguilar propuso declararla “inconstitucional” por restringir los derechos humanos.
“Se trata de un concierto de inconstitucionalidades que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el Estado de derecho mismo”, opinó el magistrado sobre este proyecto que será debatido por la Suprema Corte el 1 de octubre.
El jefe del Ejecutivo federal contestó que la consulta “no es violatoria de los derechos humanos” porque no plantea “un juicio sumario, no hay una vía extrajudicial, tiene que ser el Ministerio Público, tienen que ser los jueces” los que decidan sobre los posibles delitos de los ex presidentes en caso de que la gente apruebe el referéndum.
Para apoyar su argumentación, López Obrador enfatizó el lenguaje jurídico incluido en la pregunta que presentó al Senado, que es la siguiente:
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
El Mandatario argumentó que se le hace “no sustancial el impedir una consulta alegando que se violan derechos humanos” porque en la pregunta no va “un sesgo”.
“¿Dónde está la violación de los derechos humanos? Entonces no se podría juzgar a nadie. ¿Cómo me vas a abrir una investigación si me estás violando por anticipado mis derechos humanos? No se podría investigar nada”, ironizó.
El Presidente aseveró que “no se necesita ser abogado” para entender la cuestión, ya que es algo de “juicio práctico, es sentido común”.
En la iniciativa de consulta redactada por López Obrador, describió que durante el Gobierno de Salinas de Gortari (1988-1994) fue “cuando crecieron más” las desigualdades y que con Zedillo (1994-2000) se llevó “a sus últimas consecuencias” las “políticas privatizadoras”.
Acusó a Fox (2000-2006) de intervenir “indebida e ilegalmente” en las elecciones presidenciales de 2006, en las que López Obrador perdió frente a Calderón (2006-2012), y a este lo señaló por entregar territorio a “las bandas delictivas”.
De su predecesor directo, Peña Nieto (2012-2018), dijo que recibió “grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida en la campaña presidencial”.
Con información de SUN
