La madre de César, Bárbara Martínez, explicó que este fin de semana entraron a la propiedad, que la FGE custodia desde 2019, cuando el presunto autor del delito lo relacionó con los hechos.

“Ya transcurrió casi un año y no los vemos escarbando, no los vemos trabajando, por eso decidimos entrar por nuestra cuenta”

El caso de César es parte de la “crisis de desaparición” que reconoce el Gobierno de México, que contabiliza cerca de 75 mil personas no localizadas y casi cuatro mil fosas clandestinas de 1964 a la fecha.

Uno de los focos rojos es Tijuana, donde colectivos buscan a más de 450 personas desaparecidas este 2020 que oscilan entre los 21 y los 26 años, con 70% de hombres y 30% de mujeres.

De enero a septiembre se han encontrado 114 cuerpos en distintas fosas clandestinas ubicadas en zonas de Baja California como Cañón del Sainz, Urbi Villa del Prado, Tecate y Villas del Campo.

Pese a la crisis, las familias denuncian la inacción de las autoridades estatales, quienes les impidieron buscar a los desparecidos en el terreno, dividido en dos casas en construcción que presuntamente eran utilizadas para retener a personas, torturarlas, matarlas y enterrarlas.

Por ello, Martínez exclamó que no le importa ser detenida, pero que no se la llevarían presa sin antes hallar el cuerpo de su hijo.

Es “hacer el trabajo que ellos no quieren hacer, buscar a nuestros tesoros”, justificó Martínez.

Confrontación

Agentes fiscales intentaron ingresar al predio este sábado, pero los colectivos lo impidieron.

En respuesta, los oficiales tomaron fotografías de los activistas y los periodistas presentes.

Bárbara atendió el teléfono en más de una ocasión, era un hombre que dijo ser el autor del delito, quien le estaba explicando en dónde escarbar para dar con su hijo y dos cuerpos más, ya que buscaba la forma de “sanar” su culpa.

Durante 12 horas, la búsqueda y trabajos de excavación continuaron sin éxito, por lo que anunciaron que este domingo seguiría aun sin las autoridades.

José Fernando Ortigoza, presidente del Movimiento Estatal por los Desaparecidos, mencionó que ahora existe una coordinación con el Servicio Médico Forense, que en una semana ayuda a identificar el ADN de los cuerpos encontrados.

Un caso reciente de desaparición ocurrió el 29 de mayo de 2019, cuando Miguel Anthony Rendón fue sacado por la fuerza de una habitación de un motel llamado “Parador”, en Tijuana.

Emma Rendón, madre del joven, expuso que entregaron tres mil dólares por el rescate, pero no volvieron a tener comunicación con los supuestos captores.

También en Tijuana desapareció la pareja Hilda Teresa Padilla Cox y Nora Ariday Pacheco Becerra el pasado 24 de agosto en un caso que sigue bajo investigación como posible secuestro virtual.

Con información de EFE