Se les cae el negocio a ex gobernadores en Holbox y Chiquilá en Quintana Roo

El ex  senador Félix Arturo González Canto y ex  gobernador de Quintana Roo de 2005 a 2011, acusado ante la PGR por el remate de 165 predios que eran patrimonio del estado y que fueron entregados a empresarios, funcionarios y diversas personas, en la mayoría de los casos, a precios subvaluados, informó la Asociación Civil ‘Somos Tus Ojos’, no les resultó el negocio puesto con el decreto del Plan de Manejo de Protección de Flora y Fauna de Yum Balam, no van a poder construir grandes hoteles y mucho menos campos de golf, como tenían planeado.

Por su parte el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Nivardo Mena Villanueva, manifestó su desacuerdo que por el pasado 5 de octubre en el Periódico Oficial de la Federación, luego de 24 años de la declaratoria de esta Área Natural  Protegida (ANP), donde otorgan el permiso para construir un cuarto por cada 16 hectáreas.

El Edil señaló que esta densidad permitiría hasta 4 mil cuartos, en una granja costera de 40 kilómetros, aunque aclaro que existen mil 200 cuartos en la isla chica de Holbox, además de que el armado de 800 palafitos que también fue autorizado en el Plan de Manejo de Yum Balam, es inviable por los huracanes.

“Consideramos que no es viable que se levanten palafitos”, dijo. “Los nortes han levantado hasta muelles en la isla de Holbox”, puntualizó.

En relación a Félix González, se le acusa de tener fuertes intereses inmobiliarios en esa zona, de manera directa o a través de prestanombres o socios. Al ex gobernador Roberto Borge, actualmente encarcelado y procesado, también se le inmiscuye en estas bellas tierras.

 

Millonarios predios

De acuerdo a denuncias, más de nueve mil hectáreas turísticas de Holbox fueron vendidas desde 2005 de manera ilegal por Félix González Canto, y posteriormente por Roberto Borge Angulo, a través de ventas simuladas a Fernando Ponce García, en agravio de 130 ejidatarios de esta comunidad, a quienes les pagaron solamente 250 mil pesos en lugar de los más 2 millones de dólares que valía cada hectárea en esa época.

Con Félix el ejido Holbox y Ponce García celebran el 23 de abril de 2005 un contrato de prestación de servicios profesionales, el documento “solicitaba” la creación de un apoyo económico que le otorgue a los ejidatarios seguridad y mayores beneficios para el adecuado desarrollo y/o comercialización de sus parcelas, con un “precio mínimo garantizado” para cada ejidatario de 2.5 millones de pesos.

El abogado de uno de los más de 100 afectados destacó que muchos sólo recibieron los 250 mil pesos de anticipo, y que el acuerdo que se firmó fue prácticamente como en una inmobiliaria, en el que comuneros se comprometían a venderle sus lotes a un precio mínimo garantizado de 2.5 millones de pesos.

 “Ellos pensaron que con 250 mil pesos ya estaban bien pagados los ejidatarios, pero no les dieron todo el dinero, sino que una parte fue en efectivo y la otra con diversos artículos como televisiones, lavadoras y demás, pero nunca les pagaron el resto de los 2.5 millones de pesos”, expuso.

De la misma forma,  con respaldo de González Canto, el 17 de enero de 2006, García Ponce y Ermilo Castilla Roche crearon un Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo Sustentable de la isla Holbox, en el que Jaime Zetina González (primo del ex gobernador) era el director, para que a través de este instrumento se hicieran las ventas de las parcelas de los ejidatarios.

Ponce García conforma dos empresas fantasmas de nombre Península Maya Group y Península Maya Developments, con las cuales se “autovenden” en 2008 las tierras que no le pagaron a los ejidatarios.

Luego de la salida de Félix González del gobierno estatal, Roberto Borge Angulo continuó la obra de su antecesor, ya que no solamente avaló la venta ilegal de las tierras de los ejidatarios, sino que también fue el artífice de que el ejido Holbox se dividiera en cuatro.

Sólo en el ejido Península Holbox ingresaron 37 personas que adquirieron los derechos de los ejidatarios, en el que a cada uno le correspondía como mínimo 69 hectáreas, es decir, 2 mil 553 hectáreas.

El abogado aseguró que las demandas interpuestas por las familias de los ejidatarios siguen vigentes, ya que solamente se les dio 250 mil pesos de un total de 2.5 millones como “venta mínima garantizada” por sus propiedades.

Luego de todos estos años de esta irregularidad, aún continúan los procesos de recuperación de las tierras de diversos ejidatarios, ya que las empresas creadas por García Ponce tasaron por debajo del precio de mercado las tierras que adquirieron, pero que nunca terminaron de pagar.