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Un nuevo tejido social exige una nueva y sana economía pública
Por Mouris Salloum George
Director General del Club de Periodistas de México AC
Ya se sabe que, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, son hermanos en línea directa y entenados de la Reserva Federal y del Departamento del Tesoro (USA). De otra placenta es el Banco Interamericano de Desarrollo. Como sea, los cinco son coyotes de la misma loma neoliberal.
Cuando, a principios de sexenio, se declaró públicamente que el sistema económico mexicano estaba colapsado, no era una hazaña detectar desde donde se colocaron las minas, que se creía de mecha larga –hasta donde rindiera el petróleo-, pero resultaron de mecha muy corta.
Mientras los efectos de la crisis sólo golpearon la economía popular, no se atendió aquel peritaje hasta que las variables fundamentales de la macroeconomía empezaron a resentir en 2020 el impacto en su línea de flotación.
Deuda “chiquitas” suman compromisos de gran magnitud
Desde la instalación del nuevo mandato presidencial, cuando de manera relativamente autónoma la actual administración formuló los Criterios de Política Económica para el ejercicio 2020 y se puso a caballo el nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND), se planteó el compromiso de no contratar más deuda pública. Asunto de mero sentido común.
No obstante, de cara a los requerimientos financieros no solventados con los insuficientes ingresos tributarios del Gobierno, particularmente a nombre de las empresas productivas del Estado se ha practicado una forma de endeudamiento hormiga con la colocación en el mercado internacional del dinero de periódicas emisiones de papeles de deuda.
Para efectos de esta entrega, sólo apartamos dos datos: 1) Respecto de los requerimientos externos, el monto es de 4 billones 767 mil millones de pesos al primer trimestre de 2020, y 2) Un lastre de más de un billón de pesos para amortización de pasivos del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los inconstitucionales Proyectos de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público (Pidiregas) y el interminable Programa de Apoyo a Deudores.
El BID pacta “por la libre” con el sector privado mexicano
Al menos desde finales del sexenio 2000-2006, ha estado flotando la tentación de un crédito flexible, puesto disposición de México por el FMI. Al exacerbarse la crisis, para 2020 la oferta monta más de 70 mil millones de dólares.
El BM, si bien en menor proporción, abre sus propias carteras al Estado mexicano. El BID entrega las llaves de su tesorería al sector privado mexicano. Cuando se conoció este convenio en plena pandemia, voces juiciosas alertaron: ¡Cuidado! con deudas contingentes, que por artes de birlibirloque se convierten en deuda pública, según el modelo más acabado del IPAB.
Lo que decimos, es que, generalizada la crisis financiera por el impacto del Covid-19, parece llegada la hora de que México haga su propio corte de caja en materia de deuda pública que, a marzo de 2020, ronda ya en los 12 billones de pesos. Las agencias calificadoras de riesgo país tienen sus alarmas activadas a su máxima graduación; lo que implica calificaciones negativas.
Suponemos que, después de la entrega a principios de año de los pre-criterios de Política Económica para 2021, los tanques pensantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público están ocupados ya en esos criterios, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal venidero.
En materia de soberanía presupuestal, Dios no juega a los dados
Si la oportunidad la pintan calva, se nos antoja que es el momento en que México intente al menos el rescate de su soberanía presupuestal para autofinanciar el desarrollo nacional.
En esa asignatura no cabe la conseja de, Dios proveerá. Dios no juega a los dados, según máxima del clásico.
No son horas de vacilaciones propias de timoratos: Por más que se pretendan mensajes ansiolíticos, lo cierto es que, si el sistema económico ya estaba colapsado, los impactos del Covid-19 amenazan con no dejar piedra sobre piedra del modelito fallido. No se puede reconstruir el deshilachado tejido social si antes no se dan nuevos fundamentos a la gestión de la economía pública. Vale.
