Dobleces///Israel Mendoza Pérez///El afanador del poder

Acariciar el poder político, de la cuatroté, a través de licitaciones ha provocado una distorsión en el cumplimiento de obligaciones de ley entre algunos empresarios al prestar servicios. Tal es el caso de Gonzalo Arrevillaga Falcón, de la empresa proveedora de limpieza del Gobierno Federal, Decoaro y Supervisión.

Esta empresa da servicio de limpieza al Instituto Nacional de Migración (INM), al Instituto del Seguro Social (IMSS ) y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) entre otras dependencias en las que siempre participa y obtiene contratos. Por allí comienzan las suspicacias de esta proveedora.

Sin embargo, el reciente escándalo de esta empresa se destapó en el IMSS, Decoaro y Supervisión cuenta con al menos mil colaboradores, sólo si se toman en cuenta los servicios que presta a nivel federal; aunque, en su registro patronal Y6241331-10, únicamente hay anotados 195. Aquí comenzaron las sospechas de la honorabilidad y pulcritud de la empresa del llamado afanador del poder, Arrevillaga Falcón.

Ese hecho no sólo significa que ha engañado al instituto dirigido por Zoé Robledo con relación a su plantilla de operación, ya que tendría que inscribir a cada trabajador en el Sistema Único de Autodeterminación (SUA) para calcular el pago de las cuotas; a esto se suma que centenares de empleados se han quedado sin los derechos que marca la ley, entre ellos, el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada, vejez, así como vivienda.

Entre los corresponsables se encuentran las dependencias que reciben el servicio directamente, ya que antes de liberar los pagos, están obligados a cotejar que las listas del SUA correspondan con la plantilla contratada. Y es que el sector de la limpieza es uno de los que no ha detenido actividades en el país, debido a que la desinfección de instalaciones es prioritaria para evitar contagios de enfermedade como ahora el coronavirus.

Así, los trabajadores de esta empresa han acudido a cumplir con sus labores en organismos como el Instituto Nacional de Migración, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación al mando de Olga Sánchez Cordero, sin contar con seguridad social aún, cuando están constantemente expuestos al virus que ha provocado el fallecimiento de centenares de personas, cifra que aumenta alarmantemente día con día.

A esto se suma que, Decoaro y Supervisión no es la única con “amigos” que a cambio de presuntos “moches” les proporcionan protección para seguir sin cumplir la Ley del Seguro Social; en este esquema también figuraría la empresa Gott und Glück.

Esta otra firma, que también presta servicios de limpieza, suma a más de dos mil empleados por contratos vigentes con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que sólo tiene anotados a 310, de acuerdo con su Registro Patronal Y6883612-10.

Entre las dependencias a las que presta sus servicios, destaca la Secretaría de Educación Pública (SEP), de Esteban Moctezuma, en donde se encarga del aseo de oficinas centrales, con 960 trabajadores; mientras que, en la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, opera con mil 200.

En estos casos, la opacidad y el silencio cómplice se vuelven corrupción. ¿O no?