Dobleces///Israel Mendoza Pérez///Javidú aún la debe

La historia de la pareja Duarte-Macías entra en una etapa menos ruda. Les da alivio, pero no la libertad inmediata. Aunque el ex gobernador es quien aún se encuentra en la mira de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), pues son estas quienes buscan que la Corte Penal Internacional atraiga el caso por su participación directa en decenas de desapariciones forzadas durante su mandato. Esa es la parte pendiente con la justicia en la que se encuentra Javidú.

Tanto Javier Duarte como su exesposa Karime Macías armaron un tinglado para pasar como perseguidos políticos en lo restante del sexenio de Enrique Peña Nieto; sin embargo, su estrategia fue fallida. La idea del mandatario fue gobernar a manos llenas y la de su ex “merecer abundancia”.

Recientemente, el juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal concedió una suspensión provisional para que las autoridades no puedan ejecutar ninguna orden de extradición en contra de Karime Macías, exesposa del exgobernador de Veracruz derivada de la causa penal 150/2018. Ella es requerida por un juez en el estado de Veracruz por el supuesto desvío de 112 millones de pesos del DIF estatal durante el periodo que ella fungió como presidenta honoraria como primera dama jarocha.

Desde hace tres años un estudio demoscópico hechos por la casa encuestadora Parametría indicó que el 77% de los mexicanos consideró que Javier Duarteera culpable de los delitos que se le acusaron, cifra que no ha sufrido variaciones, ejemplo de ello es que a la fecha, los activistas tienen un voluminosos expediente que contiene la cifra de 50 desapariciones forzadas en las que estuvo involucrado el exgobernador veracruzano. Las motivaciones de estos crímenes eran acallar a activistas, a políticos opositores y sectores sociales ubicados dentro del círculo rojo. La crítica fue desaparecida y la opacidad en el manejo de recursos fue su perdición.

El mandatario aprovechó la guerra contra el narco desatada en el sexenio del expresidente Felipe Calderón. La entidad se convirtió en un paraíso de la impunidad para los criminales así como para la policía estatal. La complicidad se normalizó. La atmósfera de miedo cubrió delitos de distinta índole en los que estuvo involucrado el entonces gobernador.

“Hay casos bien documentados de los crímenes en la época del duartismo, como el de Playa San Vicente en el que cuatro varones y una mujer fueron entregados por la policía a manos criminales. En ese lugar hay fosas clandestinas así como en otros sitios a lo largo del estado en los que hemos encontrado restos con marcas de tortura, otros fragmentados y con huellas de una violencia que llamamos demoniaca”, comenta la fundadora del Colectivo Solecito, Lucía Díaz Genao.

La activista exigió a las autoridades “investigar, procesar y sancionar al exgobernador veracruzano por su participación directa en desapariciones forzadas”.

La deuda social de Javidú es mayúscula. Por las desapariciones en el estado se heredaron más de 3 mil 600 carpetas de investigación. Y se han recuperado 305 cuerpos. Las cifras se vuelven un parámetro del tamaño de la desgracia en la que el mandatario dejó al estado. Lucía Díaz es contundente: “hay un macabro atraso en el cumplimiento de las leyes”.