Dobleces///Israel Mendoza Pérez///Tropas en sentido contrario

El empoderamiento de las Fuerzas Armadas en este sexenio, les da de facto un halo de impunidad desmesurado en su operación y en la rendición de cuentas. Con el reciente decreto presidencial para incorporarlas a las tareas de seguridad pública, obnubila casos de justicia como el de los eperristas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, desaparecidos hace 13 años en Oaxaca en los que se vieron involucrados policías estatales y militares.

Al otorgarles a las tropas castrenses facultades para desarrollar labores de seguridad pública traerá cómo consecuencia —como en el pasado neoliberal— un incremento de casos de violaciones a derechos humanos como comienza a brotar en algunos estados.

Es así de fácil que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador encarriló a la seguridad pública sobre una vía en sentido contrario, en la que se confirma que la militarización es la negación de la justicia.

“Además de que con este decreto se encubre a quiénes por años han sido señalados como responsables de crímenes de Estado como son las desapareciones forzadas y con esta nueva labor, el mensaje que se da es que en lugar de castigar e investigar al Ejército por los crímenes que ha cometido, se le dan más funciones con lo que se mantendrá en la impunidad”, alerta Nadín Reyes, hija de Edmundo Reyes y representante del Comité Hasta Encontrarlos.

Y es que el Ejército se ha mantenido en la línea más dura para el esclarecimiento de este caso en los últimos años. De acuerdo con el documento, fechado 20 de mayo de 2019, en el que se inconformó por la resolución del juzgado cuarto, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena cometió un error ya que actuó en representación del general Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresensio Sandoval; sin embargo, se perdió de vista que el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, no está legitimado para recurrir el fallo protector, aunado a que el examen de dicho tema, por constituir una premisa indispensable, debe discutirse por el impugnante y será el tribunal quien se hará cargo del planteamiento respectivo.

A estos señalamientos en los que las Fuerzas Armadas quedan vistas como la institución más protegida de la 4-T se suma el reciente comunicado del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en el que afirma: “A 13 años de la detención desaparición de nuestros compañeros la impunidad se mantiene, se torpedea por la vía del hecho todo cauce jurídico para conocer la verdad y castigar a los responsables materiales e intelectuales, éstos se protegen en la institucionalidad y en el fuero del que gozan las Fuerzas Armadas”.

Esta coraza propiciada desde Palacio Nacional no sólo le da a las tropas un margen desmedido de maniobra en su cruzada contra el crimen organizado en las carreteras y calles del país, sino que ahora cuentan, con un velo de opacidad en la que sus tareas no son sujetas a la transparencia y eso es un retroceso histórico para la institución castrense.