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¿Ley de los nuevos pobres?
Por Israel Mendoza Pérez
La oposición sigue sin entender ni leer el discurso maniqueo de la 4-T por la pandemia de Covid-19. La propuesta de meter en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador, el tema de un “ingreso vital único” los partidos lo traen atomizado y sin una fuerza unificadora. Incluso, en la semántica, el manejo es el inapropiado, pues aunque es una propuesta noble, en el fondo es darle a la cuatroté clientelas políticas, más allá de beneficiarios.
La palabra sobre la que deberían sentar su propuesta es: ley de los nuevo pobres más que “ley de ingreso vital único”; sin embargo, impulsarla es riesgoso. De acuerdo con los datos más recientes y las estimaciones más conservadoras, la pandemia provocará que hasta 10 millones de personas entren en pobreza en México, dejándolas por debajo de las líneas de bienestar en el país y uniéndose a los más de 60 millones que ya se encuentran en pobreza o pobreza extrema.
Los efectos devastadores provocados por la pandemia de Covid-19 no deben ser leídos sobre la misma línea discursiva del Presidente. El antecedente de este “ingreso vital único” se le llamó como” Ley de los Pobres” en Inglaterra hacia 1598. Bajo esa figura, el PRD quiere entregar a la 4-T una plan para que llegue al escritorio del inquilino de Palacio Nacional una nueva modalidad de su asistencialismo con ramificaciones partidistas.
De acuerdo con el documento de la diputada federal, Mónica Almeida, el “ingreso vital único” de aproximadamente dos mil 058 pesos se debe otorgar a todas las personas que se encuentran en pobreza extrema ya que México registró un 15 por ciento de menores de cinco años con desnutrición, 38 por ciento de bebés entre 12 y 24 meses con anemia y 36 por ciento de niños en edad escolar con sobrepeso, cifras que amenazan con incrementarse con esta pandemia.
Sin embargo, ofrecerle al gobierno de la cuatroté la posibilidad de tener mayor control económico sobre la base de nuevo pobres que engrosarán las filas en los próximos años por el cierre de empresa y la obligada pérdida de empleos es abonar a la clientela de Morena.
Según el especialista Mauricio Merino de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social se estima que 31.3 millones de personas tendrán necesidad de acceder al ingreso único vital. Y aunque exista consenso en el Legislativo de al menos seis bancadas, lo que se tiene enfrente es un proyecto sin candados ni un etiquetado de recursos claros y eso es darle manga ancha a Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo, para tener en las 32 entidades más control y la búsqueda de náufragos económicos.
La propuesta de una ley de ingresos para quienes hayan perdido su empleo y sus ingresos es una solución noble y humanitaria. Además de generosa ante la recesión internacional. El problema es que la dispersión de recursos caiga en manos oscuras y lo generoso se convierta en la perversión política de un proyecto rumbo a 2021. Y eso… necesita Morena.