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Análisis

ESCENARIOS DE PAZ EN MÉXICO

Por: Dr. Juan Samuel Delgado Cedillo | Presidente Global de la Organización Mundial Por la Paz.

El escenario de paz en México presenta datos escalofriantes. En los últimos 13 años México no ha logrado disminuir los índices de violencia; todo lo contrario, van a la alza.

Esto llama la atención al analizar que el presupuesto anual destinado por el gobierno en materia de Seguridad ha ido en aumento. Actualmente el gasto en Seguridad Pública supera los 2 billones de pesos, lo que equivale a ocho veces más que el gasto destinado a salud pública y a seis el gasto en educación, pese a eso, los resultados esperados no se han hecho sentir. Esto es indicativo de que la política en seguridad, instaurada desde hace cuatro sexenios, no ha sido la adecuada. Diversas voces apremian al Estado a seguir destinando mayores recursos en Seguridad y justifican esta propuesta en el hecho de que México destina el 0.96% de sus PIB a ese rubro, en contraste con el 1.7% del PIB promedio de las 37 naciones que conforman la OCDE.

Pareciera entonces que para resolver la epidemia de violencia en México que, hasta la fecha, ha cobrado la vida de 200 mil personas, la solución no radica exclusivamente en destinarle mayores recursos. Hay que decir que la violencia tiene efectos múltiples que repercuten la sociedad y el Estado. Un ejemplo de ello es cómo se han reconfigurado las causas de muertes entre los jóvenes en los últimos treinta años. Hoy en día, homicidios, accidentes de tránsito y suicidios son la primera causa de muerte entre personas de 15 a 29 años. Es decir que hay una significativa probabilidad de que nuestros jóvenes mueran de forma violenta. No sólo ellos están siendo afectados, también niños, mujeres, migrantes e inclusive funcionarios públicos. De 2017 a la fecha han sido asesinados más de 112 políticos y candidatos. Esto es una expresión de las nuevas prácticas del crimen organizado que guardan la inconfesada intención de apropiarse de los cabildos municipales.

Este cambio de estrategia se puede observar en casi todas las entidades federativas del país. Ejemplos notorios son los de los grupos criminales vinculados a la Familia Michoacana, en el estado homónimo, o a los Zetas en Tamaulipas. Tan solo a principios de 2019, del 100% de funcionarios públicos afectados, el  73% tuvieron como objetivo a políticos locales. Esto nos habla del cambio en el modus operandi del narcotráfico con respecto a su accionar de los últimos 70 años. En ese punto hay que decir que de 2006 a 2018 se registraron 35 conflictos en los que intervinieron 42 organizaciones criminales o sus facciones. Estos grupos, que anteriormente se encargaban de la producción y circulación de drogas, hoy en día cumplen funciones propias del Estado: cobro de piso, realización de retenes carreteros a cambio de dinero, etc. Según cifras dadas a conocer por el Índice de Paz en México, la violencia ha generado pérdidas económicas cercanas al 21.3% del PIB, lo que equivale a 4.57 billones de pesos (238 mil millones de dólares).

Una problemática sumamente grave en México es la falta de un poder judicial a la altura de sus requerimientos. México tiene un promedio de 3.6 jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes: cuatro veces menos que el promedio global. Este déficit restringe la capacidad del sistema judicial para procesar casos y, por ende, una consecuencia objetiva es la elevada tasa de impunidad. La violencia en México ha afectado también a los periodistas, los cuales se han vuelto uno de los blancos preferidos del crimen organizado, al grado que en los últimos veinte años han sido asesinados un total de 1,524, según dio a conocer Reporteros sin Fronteras. Aunque de 2012 a la fecha se ha registrado una reducción de estos casos, una disminución de 64% al pasar de 143 a 51 asesinatos en 2019.

La propuesta de la Organización Mundial por la Paz (OMPP/WOFP) va en sentido contrario a lo realizado en los últimos veinte años. Ya que se ha corroborado que la aplicación de estrategias de militarización no han dado los resultados esperados, es de la mayor relevancia entender que el crimen organizado “es un fenómeno social  y económico y no un fenómeno militar que pueda erradicarse por medio de la represión”, retomando las palabras del experto en seguridad Edgardo Buscaglia. Por otro lado, sabemos que la corrupción sigue enquistada en el tuetano de la sociedad, no por nada México ocupa el lugar 128 de 163 países en cuanto a control de la corrupción, de acuerdo con el Foro Económico Mundial (FEM). Ante este escenario, el Estado está obligado a crear estructuras cerradas de investigación, con personal intachable, con un decidido apoyo político y un presupuesto correspondiente a la importancia y urgencia del problema. Solo así se puede combatir el narcotráfico. Se necesitan de estructuras independientes, autónomas, que puedan combatir los grandes males que tiene un país con altos niveles de corrupción e impunidad. Bajo estas condiciones los resultados son más efectivos que a través del uso de las fuerzas armadas. Estamos seguros que sólo teniendo instituciones de justicia legítimas y confiables, se podrá generar un ambiente propicio para fomentar una cultura de la denuncia. Sólo con confianza en las instancias de justicia es que se podrá restablecer un nuevo pacto social. Hay que entender que el narcotráfico no puede actuar autónomamente del Estado.  Necesita de éste para encubrirse y operar. Con base a los casos registrados por voces expertas en el tema de seguridad y discutidas por la OMPP, se aprecia que los países que han tenido más éxito en el desmantelamiento de las estructuras de corrupción lo  han logrado a través del trabajo de inteligencia con grupos de trabajo altamente especializados y eficaces, sin publicidad y con presupuestos adecuados, por cierto muy inferiores a los enfoques promovidos por aquellos que  insisten en el sólo uso de la hablan de que sólo por medio de la violencia para supuestamente acabar con la violencia.