La corte declaró que la política era inválida, pero reconoció que el fallo sólo aplicaba en California y Arizona, los únicos estados fronterizos en su jurisdicción.
Los abogados del Departamento de Justicia aseveraron que Trump estaba dentro de su derecho de imponer las políticas sin aprobación del Congreso y que ayudarían a desalentar las peticiones de asilo sin mérito.
El programa “Quédate en México” -conocido oficialmente como “Protocolos de Protección a Migrantes”- entró en vigor en enero de 2019 en San Diego y se ha extendido a lo largo de la frontera. Casi 60 mil personas han sido regresadas desde que comenzó la política.
La pregunta ante los jueces era si permitir que la política entrara en vigor durante los recursos legales en su contra.
Los opositores, entre ellos la Unión Americana de Libertades Civiles, argumentó que el gobierno violó la ley estadounidense y obligaciones a tratados internacionales al regresar a las personas que probablemente sean perseguidas por su raza, religión, nacionalidad y creencias políticas.
Los jueces William Fletcher y Richard Paez, ambos designados por el presidente Bill Clinton, cuestionaron ásperamente a los abogados del gobierno sobre “Quédate en México” durante los argumentos del 1 de octubre. Votaron a favor de bloquearlo.
El juez Ferdinand Fernandez, nombrado por el presidente Ronald Reagan, estuvo en desacuerdo.
Los que apoyan la política “Quédate en México” señalan que ha evitado que personas en busca de asilo sean liberadas en Estados Unidos con citatorios para comparecer ante la Corte, que consideran un gran incentivo para que personas lleguen.
Con información de AP
