Alfombras sucias en la FGR
Por Israel Mendoza Pérez

Los dos campanazos del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, en esta semana, lo posicionaron en la agenda de resultados sólidos de la cuatroté. Recuperar los 2 mil millones de pesos para utilizarlos en la histórica rifa del 15 de septiembre y tener en su manos a un blanco móvil como el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, lo convirtieron en el segundo hombre fuerte de lucha contra la corrupción.

Pero mientras el exsecretario de seguridad pública de la Ciudad de México acapara la atención de los medios, desde la mañanera, y su nombre pasa a ser sinónimo de confianza al interior del gabinete, en el edificio donde despacha hay alfombras sucias donde echan debajo de ellas los asuntos con tufo a corrupción.

Y es que la recién creada fiscalía general, adeuda tres facturas por 2 millones 100 mil pesos, correspondientes a la limpieza de sus instalaciones, además de un monto adicional de 340 mil 600 pesos por la compra de materiales para la prestación de este servicio.

Esto es lo que tiene inquietos a varios funcionarios ya que el arreglo fue más complejo en su configuración, pues mientras se deja sin ingresos a la proveedora actual, fue emitida la licitación LA-017000999-E15-2020 para contratar a una nueva empresa que se encargue del aseo; sin embargo, el proceso ha avanzado bajo sospecha de irregularidades.

Tal como se observa en la Junta de Aclaraciones fechada el 7 de febrero pasado, el Director General de Recursos Materiales y Servicios generales, Timoteo García, cedió ante las inquietudes de Tecno Limpieza Delta y Tasefi, interesadas en el concurso.

El tema comienza a crecer ya que ambas proveedoras cuestionaron que les fuera solicitada la presentación del estándar EC0960 que entrega el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), con el cual se da certeza sobre la capacitación del personal con el que operarán las firmas.

Y todavía se complicó más ya que se decidió que únicamente deben entregar una constancia emitida por la Secretaría del Trabajo, al mando de Luisa María Alcalde, el cual pueden generar las mismas empresas, y por tanto, se presta a que no haya garantía sobre las aptitudes de los empleados.

Hay que recordar que el estándar de competencia toma en cuenta que los trabajadores conozcan sus labores, apliquen las medidas de seguridad necesarias para desempeñar su labor, cumplan con procedimientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y sepan cómo reaccionar en caso de alguna emergencia.

Es por ello que en el sector preocupa que la Fiscalía permita la evasión de este requisito, situación que incluso provoca opiniones sobre la relación entre las contratistas y los funcionarios que llevan el proceso de adquisición.

Para despejar cualquier duda se espera que la Secretaría de la Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval, indague el caso, más aún al considerar que la administración hay cero tolerancia a cualquier tipo de acto con posible tinte de corrupción ¿o no?