“Nos queda claro que la Fiscalía en un caso donde pretende castigar violencia de género está provocando más; dejando ver que ni siquiera ellos son capaces de erradicarla, al contrario, la promueven”, expresaron en un escrito que firman Ashley, Lisle y Guadalupe Vera Hernández.
A través de un comunicado, detallaron que los elementos de la AEI abusaron sexualmente de una de ellas, cuando uno de los agentes frotó su pene en sus glúteos y tocó sus senos.
Mientras que otra de las mujeres, aseguran, fue víctima de violencia de género porque fue golpeada durante el cateo. Entre las lesiones que le dejaron, precisaron, están inflamación en el cuero cabelludo, hematomas en cuello, muslo y brazos, dermoabrasiones en el cuello y contractura muscular severa en región dorsolumbar.
Además de la violencia y abuso sexual en el que incurrieron los funcionarios de la Fiscalía, las hijas de Vera Carrizal reiteraron que los cateos se realizaron sin que presentaran una orden; y al mismo tiempo los agentes se robaron equipo de cómputo sin ninguna documentación que lo avale. Se robaron celulares, hubo excesivo uso de la fuerza pública, y se violentaron los derechos humanos de su familia porque una menor de 15 años fue esposada y otro menor fue apuntado con un arma larga.
Afirmaron que el fiscal Rubén Vasconcelos no tiene acercamiento con ellas o con alguien de su familia, y lo acusaron de encabezar o iniciar una persecución política “para quedar bien ante los medios nacionales que han dado cobertura y seguimiento al caso de María Elena Ríos”.
De la misma forma, sostuvieron que desde la Fiscalía se ha impuesto ya una pena sobre la presunta responsabilidad intelectual de su padre, pero al mismo tiempo lo ha hecho contra menores de edad así también de las hijas del ex diputado del PRI.
Las hijas de Vera Carrizal informaron que ya se interpusieron las denuncias en contra de los funcionarios de la Fiscalía General, y adelantaron que solicitarán que la Embajada de Estados Unidos brinde seguimiento a estas denuncias y a las carpetas de investigación que se iniciaron, ya que una de las víctimas de violencia de género cuenta con la ciudadanía estadounidense.
En su comunicado pidieron la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque “se trata de una persecución política a Juan Vera, la cual pretende dañar su trayectoria, puesto que la Fiscalía ha ignorado que existen otras líneas de investigación por las cuales pudo haber sido atacada María Elena Ríos”.
Finalmente pidieron que el seguimiento a esta investigación sea bajo supervisión federal y con fiscales especializados en derechos humanos y perspectiva de género, “comprometidos con la justicia y no con intereses políticos ni tendenciosos. No podemos confiar en una Agencia Estatal de Investigaciones y en una Fiscalía que nos dañó y nos golpeó, no sólo física sino también psicológicamente”.
Con información de SUN