“Según la documentación de la Red TDT, en por lo menos 6 casos, de las 21 personas defensoras asesinadas, los Gobiernos municipales fueron actores clave para perpetrar las agresiones contra las y los defensores, fungiendo sobre todo como autores intelectuales”, apuntó Ángeles Hernández Alvarado, responsable de Protección de la Red TDT.

“Para el 2020, el Estado tiene el reto de generar las condiciones para combatir efectivamente las agresiones contra las personas defensoras, específicamente el asesinato y la ejecución extrajudicial”, añadió.

La red señaló el cambio de Gobierno en México, ocurrido el 1 de diciembre de 2018 con la llegada de Andres Manuel López Obrador a la Presidencia, derivó “en una modificación de las relaciones políticas que operan a nivel local”, las cuales tienen un impacto significativo en la vida y la labor de las personas defensoras.

Pero a pesar de ese cambio, los funcionarios públicos de todos los niveles de Gobierno en el país han colaborado para colocar en una situación de vulnerabilidad a los defensores de derechos humanos.

“Ello incluye a las más altas investiduras del Estado, pero sobre todo es en el orden municipal donde se encuentran buena parte de los perpetradores de las agresiones más graves en contra de colectivos y personas defensoras de derechos humanos”.

En el documento, la red aceptó que si bien la cifra de 2019 “marca una diferencia en relación con los últimos años (…) también demuestra que no se ha logrado erradicar la violencia y que el Gobierno mexicano debe impulsar las acciones estructurales necesarias para modificar esta realidad”.

Por otra parte, la red TDT también exigió el cese de la violencia contra las mujeres en el país.

“Esta violencia persiste en el país e incluso ha aumentado alarmantemente en algunos estados, siendo los más peligrosos Chihuahua, Baja California, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz”.

Con información de EFE