El gobierno de Veracruz, encabezado por el morenista Cuitláhuac García Jiménez, ha entregado el 58% del monto de recursos de obras públicas a empresas foráneas, reveló la contralora General del estado, Mercedes Santoyo Domínguez.
“Diremos que el 42% fue para empresas veracruzanas y el 58% para foráneas. Esa es la información que me hacen llegar los órganos internos de control”
Al comparecer ante el Congreso local para la Glosa del Primer Informe de laborales del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la funcionaria expuso que si bien el mayor número de contratos son a empresas veracruzanos, los montos mayores van a las foráneas.
“En el presente ejercicio fiscal conforme al 15 de noviembre se tienen registradas un total de 25 mil 151 operaciones de las cuáles 23 mil 154 se contrataron con empresas veracruzanas y mil 996 para foráneas. Los montos son otros, diremos que el 42% fue para empresas veracruzanas y el 58% para foráneas. Esa es la información que me hacen llegar los órganos internos de control”, admitió ante diputados locales.
El diputado Gonzalo Guizar Valladares cuestionó lo que consideró simulación en la que se ha incurrido en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), donde las licitaciones se declaran “desiertas” para luego asignarlas las obras por “dedazo” a empresas foráneas provenientes de Guanajuato, Puebla, Querétaro, Pachuca, Ciudad de México y Guadalajara.
En ese tema, la funcionaria confirmó que la adjudicación de esta forma fue del 58.85%, pero consideró que se trata de un “área de oportunidad” para el sustente año presupuestal.
“En cuanto a la modalidad de contrataciones de bienes y servicios bueno igual tenemos la contratación pública nacional tenemos el 30.11% y la adjudicación directa en 58.85, sin lugar a dudas hay un área de oportunidad lo pondremos dentro del programa general de trabajo”, justificó.
Pese a ello, se “lavó las manos” de las adjudicaciones directas que se han hecho en todas las dependencias del estado al asegurar que ha hecho puntualmente las recomendaciones a los secretarios de despacho.
“Le comento que los que asistimos de parte de la Contraloría, hacemos pronunciamientos a las comisiones de obras y subcomités de adquisiciones, una de las partes fundamentales de la Contraloría, es servir como asesor y pronunciarse ante esos comités y quedan plasmados en las actas de adquisición, y si aún con la opinión que emitimos lo hacen, pues ya es responsabilidad es el funcionario público”.
En otro tema, la Contraloría ha sancionado a 173 servidores públicos por actos irregulares durante su gestión, a pesar de que tres de cada 10 contralorías Internas no funcionaba de manera eficiente, ya que durante 2019 recibieron mil 157 quejas y denuncias.
Del total de quejas y denuncias se han resuelto 684, y están en trámite 473, que son atendidas por los Órganos Internos de Control adscritos a las diversas dependencias y entidades.
Con información de SUN