Cara y riesgosa judicialización de la política
Por Mouris Salloum George

Director General del Club de Periodistas de México AC

Es centenario el consejo abuelístico: De la moda, lo que te acomoda.

Es que los modistas, en nuestra época consumista, abruman al público con sus diarias ofertas de prendas de vestir o calzar. La abuela aconsejaba tino en la selección para evitar el ridículo. Es que no todos los cuerpos son perchas fashion.

Los aprendices de político “a la mexicana” -los de cabotaje- sí aceptan la recomendación: Desde la Gran Reforma Política de 1977-1978, el espectro electoral ha sido sembrado de nuevas leyes e instituciones, reguladoras y arbitrales. Los beligerantes electorales sólo se acogen a aquellas que los benefician; no a las que los obligan.

Salidas en falso de los que no saben perder

De ello resulta que, desde que se instituyeron el Tribunal Constitucional y los tribunales electorales, las salas judiciales son invadidas con incesantes recursos interpuestos por aquellos contendientes que, en democracia, no saben perder.

Es absolutamente posible ahora, que el costo de los litigios -en tiempo, dinero y personal especializado- pueda resultar mayor que el gasto en los propios procesos electorales.

Recursos de queja, de impugnación, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparos; de todo vemos en los estrados judiciales.

Es lo que los expertos en Derecho tipifican como judicialización de la política. Se pretende -para efectos de este tema específico- ganar en las mesas de los juzgados lo que la voluntad popular no les dio en las urnas.

Se denuncian transgresiones a los regímenes internos de los partidos políticos, se controvierten reformas a leyes electorales o las de nuevo cuño; se objetan nombramientos de consejeros o magistrados electorales. Hay resistencia contra la homologación de los calendarios electorales, etcétera.

El Judicial tiende a convertirse en un súperpoder

De lo que sigue, que el Poder Judicial de la Federación y los correspondientes en los estados, han adquirido potestades constitucionalessuperiores a las de los poderes Legislativo y Ejecutivo. ¿Es normal, institucionalmente, ese fenómeno en un régimen de división y colaboración de poderes, según la doctrina clásica?

Ilustra el asunto el caso de la Ley Bonilla, El bebé de Rosemary, engendro del Congreso de Baja California, ya declarada inconstitucional en opinión técnica solicitada a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

A reserva de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva el asunto de fondo, el conflicto comentado confirma que, en México, tenemos una democracia sin verdaderos demócratas. Cuestión de los imprescindibles e irrenunciables usos y costumbres. Así es la política de cabotaje. Otros dirían, la de los bajos fondos. ¡Qué le vamos a hacer!