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6 December, 2019La “Ley Bonilla”, golpe de Estado técnico
Por Mouris Salloum George
Director General del Club de Periodistas de México AC
No lo dice literalmente en sus términos la opinión técnica respectiva, pero lo configura: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tipificó como inconstitucional el procedimiento legislativo del Congreso de Baja California por el que el mandato de Jaime Bonilla Valdez pretende extenderse de dos a cinco años.
La cuestión trata de la coloquialmente llamada Ley Bonilla, un ordenamiento a la carta, surgido del pisoteo de la Constitución de aquella entidad y sostenido a contrapelo de los análisis que sobre el tema han hecho destacados constitucionalistas mexicanos.
El centro de gravedad de ese conflicto es el recurso de controversia constitucional hecho llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nacional por las dirigencias de cuatro partidos políticos nacionales.
El asunto fue depositado en manos del togado Fernando Franco González Salas. En su condición de ministro ponente, fue quien solicitó a los magistrados del TEPJF la opinión técnica comentada, que se resume en este dictamen: Violaciones al procedimiento legislativo.
El Congreso de Baja California quedó en la estacada
Está en manos del Tribunal Constitucional la resolución última. Si bien se trata, la anterior, de una opinión, no estorba recordar que, en su ámbito, los mandatos de los magistrados electorales federales son definitivos e inatacables.
El alegato de Bonilla Valdez y sus secuaces fue de suyo elemental: No obstante que la convocatoria a la elección de gobernador estableció un periodo de dos años (aceptado por los contendientes), se reformó la Constitución bajacaliforniana bajo el deleznable argumento de que ese periodo apenas serviría para llamar a nuevas elecciones, que implicaría nuevos costos.
La Legislatura de Baja California quedó en la estacada: Si la Primera Sala de la Corte apoya su sentencia en la opinión de los magistrados electorales, ordenaría la reparación de la transgresión. De no hacerlo, la contumacia puede ser penalizada por el Tribunal Constitucional, quien sabe si con la disolución de la cámara.
Los efectos políticos en el estado son de pronóstico reservado. Si se acata el mandato judicial es fácil prevenir en las nuevas campañas una cena de negros. A lo que conducen las pretensiones caciquiles.
